Política y economía de la Seguridad Social en tiempo de crisis
ENRIQUE FUENTES QUINTANA¿Por qué es difícil llegar a un acuerdo en la necesaria modificación de la Seguridad Social española? ¿En qué. motivos se basan los opuestos enfoques para el tratamiento actual de sus problemas? Existe un motivo básico: la Seguridad Social no es un campo neutral e indiferente. Es un campo que divide y enfrenta a las distintas ideologías.
Desde la izquierda, la Seguridad Social ha aparecido como un método eficaz de distribución de renta y, sobre todo, una forma de fijar un nivel que protegiese los mínimos de renta y bienestar de la población más necesitada. Desde la derecha, la Seguridad Social ha sido un instrumento de pacificación social y de aceptación y consolidación de la economía de mercado..El calificativo de social -que afirma ese sistema económico- ha estado asociado a un conjunto de prestaciones demandadas por la clase trabajadora y cuya concesión ganaba una batalla importante para justificar éticamente el sistema económico al tiempo que aseguraba la continuidad de su aceptación.
Seguridad Social y economía
Estas dos aproximaciones diferentes a la Seguridad Social han encontrado en la ola de prosperidad que discurre entre 1951 y 1973 la base necesaria para extender la Seguridad Social en todas las economías occidentales. Cuando la producción de un país crece a ritmos del orden del 6% anual ,acumulativo, ese país cuenta con los fondos necesarios para satisfacer tanto los deseos de redistribución y protección que atiende la Seguridad Social como los de acumulación de capital y desarrollo económico. Sobre esa base firme de una economía dinámica se ha construido la Seguridad Social de la mayor parte de los países occidentales. Y, por supuesto, de nuestra propia Seguridad Social, ya que el secreto a voces de la viabilidad de una Seguridad Social basada en el principio del reparto es disponer del crecimiento suficiente de la producción.
El rendimiento medio máximo que de forma permanente puede ofrecer un sistema de reparto es igual a la tasa de crecimiento de la economía. Si la productividad crece y la renta también, quienes están ocupados pueden sostener a la población que ha perdido, por distintas contingencias, la posibilidad de obtener ingresos. Los sistemas de la Seguridad Social funcionan en esa circunstancia sin problemas.
Ese funcionamiento podrá ser mejor o peor, según la capacidad de cada país para administrar su sistema de Seguridad Social, pero permitirá, mientras el crecimiento de la productividad esté asegurado, es decir, mientras la sociedad sea dinámica y aumente sus empleos, ofrecer los medios necesarios para su funcionamiento continuado: aumentando sus prestaciones, sin elevar los tipos de gravamen.
Disfuncionalidades de la Seguridad Social
Ese proceso de crecimiento económico que apoyaba y avalaba a su vez el crecimiento de la Seguridad Social es hoy historia porque la crisis que el mundo inicia en 1974 ha terminado con él. La crisis económica afecta de lleno al funcionamiento de los sistemas establecidos de Seguridad Social. Con la crisis, los sistemas establecidos de Seguridad Social comienzan a manifestar disfuncionalidades evidentes con la marcha de la economía. Disfuncionalidades del lado de la financiación de la Seguridad Social. Disfuncionalidades del lado de los gastos de la Seguridad Social.
Del lado de la financiación, pues los sistemas de seguridad social del tipo bismarkiario -cuyos fondos proceden de cotizaciones (empresarios y obreros) basadas en los salarios y de las aportaciones del Estado- encarecen los costes reales del trabajo y dificultan el empleo, mientras la generalización del paro disminuye la población cotizante y merma sustancialmente los ingresos.
Por otra parte, la imperiosa necesidad de exportar coloca en posición muy desigual a las empresas según cuál sea el grado en el que se apoyan en los impuestos indirectos para cubrir financieramente sus sistemas de seguridad social. La crisis económica levanta así una crítica a la financiación tradicional, basada en las cotizaciones, que dificulta la ocupación y la competitividad de las empresas.
Del lado de los gastos de la Seguridad Social, los problemas no son menores.La crisis extiende la situación de necesidad entre la población trabajadora con la consiguiente presión y aumento del gasto (desempleo, ayuda familiar, pensiones).
Así se llega a un resultado final: un aumento incesante de los gastos de seguridad social que el sistema de ingresos normales no puede cubrir porque no encuentra en la producción fluida de otro tiempo la fuente indispensable para satisfacer sus exigencias. Y, ante esta circunstancia, una de dos: o se aumentan las cotizaciones o los impuestos para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, o el déficit surge como una consecuencia inevitable. Ambos efectos de la Seguridad Social agravan acumulativamente la situación de la economía, pues ésta, al transferir sus recursos a la Seguridad Social, disminuye las oportunidades de crecimiento, con lo que se cierra el círculo vicioso de: menos producción, menos empleo; más gastos de Seguridad Social, mayor desequilibrio.
A esta situación abierta por la crisis económica se añaden -complicándola- otros dos factores estructurales que actúan implacablemente a largo plazo: el crecimiento de los costes de las prestaciones de la Seguridad Social y el comportamiento de la demografía. La explosión de los costes de las prestaciones -y fundamentalmente de las prestaciones sanitarias- es un fenómeno universal con hondas consecuencias sobre la viabilidad económica y financiera de los sistemas establecidos de seguridad social. Por otra parte, la demografía afecta directamente al funcionamiento económica del sistema de seguridad social: un envejecimiento creciente de la población, una caída en la tasa de natalidad y una caída de la relación población activa/cotizantes, hace cada vez más difícil que la población ocupada y la producción corriente financien las prestaciones comprometidas.
Seguridad Social e ideologías políticas
A partir de esos datos se suscita la imprescindible revisión en la Seguridad Social. Y se abre también la querella entre las distintas posiciones sobre la misma: los sindicatos y las fuerzas de la izquierda que presionan por sostener y aumentar las prestaciones; las empresas y las fuerzas de derecha denuncian las disfuncionalidades del sistema de cotizaciones y del aumento de gastos de seguridad social como causas que agudizan la crisis y originan el más grave mal: la extensión del desempleo.
La crisis de la Seguridad Social se debate así entre dos preguntas de signo bien diferente:
- ¿Cómo no oír las voces de quienes piden protección a la Seguridad Social en la etapa crítica que vivimos?
- ¿Cómo no escuchar las dificultades de las empresas de cuya vitalidad depende el dinamismo de la sociedad y las oportunidades de ocupación y crecimiento que se ven amenazadas por el aumento de gastos de la Seguridad Social y su inadecuada financiación?
Los motivos que están detrás de esas dos preguntas las conceden un sólido fundamento. Quienes defienden el crecimiento de los gastos de la Seguridad Social alegan el bajo índice de protección relativa de España frente a la CEE; el bajo nivel de nuestras prestaciones económicas; la gran diferencia, en fin, que separa a la contingencia fundamental del desempleo en España que duplica a la media de los países de la Europa comunitaria.
Quienes acusan al sistema de seguridad social argumentan afirmando cómo se ha disparado el crecimiento de sus gastos, incompatible con el crecimiento del PIB (las tres cuartas partes en los últimos tres años del crecimiento de la economía se los han llevado las atenciones a la Seguridad Social). Alegan también su inadecuada financiación con un peso excesivo de las cotizaciones (la cuota de los empresarios supone dos tercios de la financiación frente al tercio que aportan los empresarios de la CEE); la reducida aportación del Estado (10%, frente al tercio que significa en el Mercado Común).
Llegar a un difícil equilibrio entre esas dos posiciones extremas que defienden peticiones atendibles constituye el gran problema y la gran dificultad de la Seguridad Social. ¿Qué alternativas existen para conciliar la Seguridad Social necesaria -y tanto más en época de crisis- y la economía dinámica con la que debe contar una sociedad con futuro?
Racionalización y mejora
Existe a esta pregunta esencial una respuesta mayoritaria en la que coinciden los mejores conocedores de los problemas de la Seguridad Social: buscar en la racionalización y mejora de la Seguridad Social establecida su viabilidad presente; una viabilidad que, al encontrar recursos en la mejor administración de la Seguridad Social, pueda mantener las prestaciones sin aumentar la presión sobre la economía.
Como ha afirmado la alta autoridad de Guy Perrin: "En la fase crítica de adaptación que hoy atraviesa la Seguridad Social la racionalización aparece como un paso obligado ante la solución fácil que consiste en aumentar los recursos para cubrir los gastos y las soluciones de austeridad que propugnan reducir los gastos en función de los ingresos".
Ese es el gran objetivo que debe atender hoy en España la política de seguridad social: elevar su gestión, racionalizar y mejorar sus prestaciones reduciendo su coste, corregir su financiación definiendo un programa económico y financiero que asegure una disciplina en el gasto de la Seguridad Social compatible con el desarrollo de la economía.
Motivos de una falta de acuerdo
¿Por qué siendo esto tan evidente no se ha llegado a un acuerdo para modificar nuestra Seguridad Social bajo esos criterios inspiradores? La respuesta creo que hay que encontrarla, en primer término, en una desconfianza de las partes sobre la auténtica aceptación y posterior cumplimiento de los compromisos a que pudiese llegarse.
En segundo lugar, el clima político electoral no facilita el acercamiento de las dos grandes posiciones sobre la Seguridad Social que ha abierto la crisis: la de la izquierda, tendente a mantener y acrecentar las prestaciones de la Seguridad Social, y la de la derecha, que denuncia las incompatibilidades de la Seguridad Social con el funcionamiento de la economía.
A estas dos dificultades debe añadirse una tercera, que es la falta de claridad con la que una de las partes (CEOE) ha formulado su posición evadiendo los problemas urgentes que plantea la racionalización y mejora de la Seguridad Social y propugnando la instauración inmediata de un nuevo modelo de Seguridad Social con el que cumplir con los mandatos constitucionales.
Defender ese cambio radical en la Seguridad Social sin definir plenamente el modelo que se pretende alcanzar, las prestaciones en el nivel básico que se van a conceder y el programa económico y financiero para llegar a él, no es una respuesta aceptable a los dramáticos problemas de funcionamiento de la Seguridad Social de hoy, sino una evasión de esa apremiante e inevitable respuesta.
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