Con absoluto respeto

LAS SENTENCIAS contra los dos militares juzgados ayer en Consejo de Guerra -dos meses y un día de arresto tanto al teniente coronel Graíño como al capitán Milans del Bosch- van a ser comentadas con preocupación más que razonable por la opinión pública española. La inevitable suposición de que estas sentencias -producidas por motivos bien distintos- pueden de alguna manera ser premonitorias de las que sustancien las responsabilidades por el criminal intento de golpe de estado de hace casi un año, está flotando en el ambiente. Sería faltar a la honradez decir que la decisión de ayer de los tribunales militares no supone un jarro de agua fría para cuantos quieren ver consolidarse la democracia y el ejercicio de las libertades en este país.En la hora de las llamadas a la responsabilidad, tan frecuentes hoy desde todos los estamentos y tan a menudo dirigidas hacia la Prensa, bien merece la pena señalar que no sólo los medios de comunicación deben hacer gala de sentido cívico e histórico. Despreciar los sentimientos y las preocupaciones de la opinión pública sería un grave error por parte de quienes tienen la alta misión de juzgar. Suponer que la de ayer ha sido una fecha fructífera para el progreso del diálogo y la confianza mutuas entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas sería también una equivocación.

La cuestíon es tanto más grave cuanto en el propio seno de las Fuerzas Armadas y sobre todo en la agitación civil del golpismo perviven sectores empeñados en la práctica de la calumnia y la injuria anónimas contra el Rey, precisamente porque este defendió con valentía el sistema constitucional en la noche infamante y vergonzosa que este país se vió condenado a vivir el 23 de febrero. Ni el gobierno ha sabido en el pasado reciente defender la figura del Jefe del Estado con la energía y la claridad que hubiera sido de desear, ni esta tarea se va a ver facilitada en el futuro con resoluciones judiciales como la que comentamos. Todo ello, dicho sea con los respetos debidos a personas e instituciones, nos parece lamentable. Porque debilitar o aislar los apoyos de la Monarquía parlamentaria supone poner en peligro el único régimen de paz civil y convivencia ciudadana al que puede aspirar España, y abrir a los españoles a un abismo de interrogantes enmarcados por la violencia y la destrucción.