La legislación española permite la venta de medicamentos peligrosos o ineficaces

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley sobre calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos, en la que señala medidas correctoras de la situación actual en esta materia, referidas principalmente al control de las medicinas en España, cuyos esquemas legislativos se muestran desfasados.

La proposición no de ley socialista establece cinco puntos:1. Que en el plazo de un año se revisen todos los productos farmacéuticos del mercado cuya licencia de registro fuera anterior a la vigente normativa sobre registro de especialidades y se retiren los que no cumplan las condiciones de eficacia, calidad e inocuidad.

2. Que la Administración exija la impresión en los envases de una verídica relación de las contraindicaciones y riesgos del uso de los fármacos, incluidos los registrados antes de 1972.

3. Que se haga un listado de las especialidades prohibidas por la American Food and Drug Administration que se expenden en España y se retiren del mercado inmediatamente.

4. Que se declare obligatorio el uso de la farmacopea europea.

5. Que se controle anualmente la calidad en el 5 % de los medicamentos, tal como preconiza la Organización Mundial de la Salud.

Esta proposición no de ley se fundamenta en un análisis de la situación actual en España, del que se desprende una denuncia de anomalías. Se señala que las multinacionales farmacéuticas fabrican productos en filiales que operan fuera de su país -ejemplo, Estados Unidos-, cuyas exigencias de control retardan su puesta en el mercado. Estos productos son vendidos, sin embargo, en otros países de legislación más permisiva incluso sin receta médica, y cuyos efectos secundarios son acreedores de suposición de riesgo, por lo que se obliga a no ser dispensados en los países de origen de la multinacional que los descubrió y patentó.

En este sentido se citan varios ejemplos concretos de medicamentos cuyos efectos secundarios han podido producir daños en el sistema nervióso y otros utilizados como anticonceptivos de presunto riesgo cancerígeno, en los que se dan diversas faltas: la no retirada de tales productos del mercado español y la de no hacer constar todos los riesgos de su uso para conocimiento de los sanitarios.

Esta situación, según el PSOE, es demostrativa de que la legislación española no protege debidamente a los ciudadanos. Y sobre esto insiste en el hecho de que los productos registrados antes de 1972, fecha a partir de la cual las exigencias técnicas de registro se hicieron más estrictas, no han sido revisados en su calidad, ni en su eficacia, ni el riesgo de sus efectos secundarios.

El instrumento legislativo existente en la actualidad, la Farmacopea Española, cuya décima edición está estancada en la Real Academia de Medicina, según esta proposición no de ley debería ser sustituido por la Farmacopea Europea, con vistas a homologar nuestra legislación a la previsible entrada en la CEE.

La Farmacopea Europea, señala el PSOE, está editada en castellano y se vende en los colegios de farmacéuticos, e incluso se recomienda su uso, pero no se declara obligatorio.

La compleja situación en materia de fármacos-medicamentos en España ha sido reiteradamente puesta de manifiesto a lo largo de este año y desde el instante en que, en el mes de mayo, se produjo una dialéctica de tensión entre la industria farmacéutica y la Administración a la hora de revisar los precios de los productos farmacéuticos correspondientes a 1981. Esta problemática arranca de hace varios años atrás y acusa numerosos puntos de fricción entre los intereses industriales, los de la Administración, los de ciertos estamentos sanitarios y los del ciudadano.