Alternativas para Lemoniz

TRAS LOS debates del Parlamento vasco en torno a la central nuclear de Lemóniz, el comunicado de Iberduero y la réplica del Gobierno de Vitoria han prolongado la discusión sobre una cuestión directamente relacionada con la política de pacificación, desdramatización y reconciliación en Euskadi. En su contestación el Gobierno vasco señala, con razón, que el caso de Lemóniz ha adquirido una dimensión política más allá de sus aspectos económicos y técnicos, al sensibilizar a la mayoría de los ciudadanos sobre el problema y dividirlos en sus opiniones. La nota oficial subraya que las irregularidades administrativas cometidas en el arranque de las obras de Lemóniz y la impositiva forma de aprobar el emplazamiento de la central son, en gran medida , las causas de esa crispada politización. El Gobierno vasco y las instituciones democráticas españolas en su conjunto han tenido que afrontar, así, las consecuencias de unas decisiones adoptadas en el marco autoritario del régimen anterior. La enorme inversión realizada en Lemóniz -en torno a los 200.000 millones de pesetas- y las necesidades energéticas del País Vasco, agravadas por el encarecimiento del petróleo, sitúan, sin embargo, a esa política de hechos consumados en una posición casi inexpugnable.Pero las opiniones adversas a Lemóniz, nacidas del rechazo global a la energía nuclear o de la crítica al emplazamiento de la central en las proximidades del Gran Bilbao, cambiaron parcialmente de significado cuando ETA resolvió hacer suya, con oportunismo criminal, esa bandera. Es descartable que los terroristas, tan aficionados a las tecnologías de la muerte y rendidos admiradores de las sociedades autoritarias del Este, sientan el más mínimo interés por las causas que defienden los movimientos ecologistas y los partidarios de una costa vasca desnuclearizada.

La proliferación de centrales nucleares en la Unión Soviética, pese a su condición de primer productor mundial de petróleo, muestra que esa fuente energética está siendo desarrollada en todas las sociedades industrializadas por necesidades que obligan a aceptar, como riesgos calculados, las incertidumbres de la utilización pacífica del átomo. Con sus brutales asesinatos y atentados ETA ha puesto de relieve la absoluta incongruencia existente entre los métodos terroristas que aplica, propios de la barbarie fascista, y unos objetivos que los ecologistas vinculan con la conservación de la vida y con un modelo alternativo no autoritario de sociedad. En cualquier caso, la cínica y desvergonzada manipulación que ETA ha realizado con los sentimientos y las emociones populares, justificables por la localización de Lemóniz y la manera impositiva de iniciar sus obras durante el franquismo, forman ya parte del problema.

Durante este último año las fuerzas democráticas del País Vasco han llevado a cabo un notable esfuerzo por entablar una amplia discusión sobre la central de Lemóniz y por garantizar, a través de comisiones de encuesta y auditorías, la seguridad de sus instalaciones. Las gestiones realizadas por el Gobierno de Vitoria y el debate en el Parlamento vasco previo a las Navidades, a la vez que constituye un excelente ejemplo de las positivas funciones que pueden desempeñar las instituciones de autogobierno dentro de su ámbito territorial, han permitido a la opinión pública disponer de mejor información para formular sus propios juicios. La nota de Iberduero, aunque contenga expresiones desafortunadas, infravalore las dimensiones políticas de la cuestión y no reconozca sus graves responsabilidades corporativas en el pasado, expone también argumentos razonables, en especial aquellos referidos a la situación de incertidumbre en que vive la empresa y a los altos costes que derivan de esa inseguridad.

La petición del Parlamento vasco al presidente del Poder Ejecutivo parece que ejerza la prerrogativa que le concede el artículo 92 de la Constitución y someta a referéndum consultivo la puesta en marcha de Lemóniz no debería servir para demorar todavía más esa negativa situación de incertidumbre. Leopoldo Calvo Sotelo puede dar su respuesta de manera pública casi de inmediato, salvando si es preciso las eventuales irregularidades de la formulación de la pregunta.

El referéndum sobre Lemóniz tiene, paradójicamente, entre sus más enconados adversarios a los terroristas de ETA y a su orla civil. Frente a la consigna Lemóniz, paralización, lanzada por los partidarios de una consulta popular, los energúmenos y orates que asesinaron al ingeniero Ryan y sabotean los transformadores de Iberduero gritan el lema apocalíptico Lemóniz, destrucción. Desde un punto de vista exclusivamente político, tal vez esa consulta popular, a la que tan encarnizadamente se oponen los terroristas, fuera un procedimiento terapéutico para descargar de pasión al País. Vasco. Sin embargo, el referéndum consultivo sobre "decisiones políticas de especial trascendencia" es potestad exclusiva del presidente del Gobierno, que ha expresado repetidas veces, en conversaciones privadas, su criterio de no utilizar para Lemóniz una prerrogativa que no quiso poner en funcionamiento para la entrada de España en la OTAN:

De añadidura, el artículo 92 de la Constitución establece que esa consulta debe ser propuesta a todos los ciudadanos, lo que parece descartar de antemano la legalidad de un referéndum circunscrito exclusivamente al País Vasco. Como indicamos en un comentario anterior, un referéndum sobre Lemóniz en que votaran todos los españoles probablemente sería contemplado con recelo por los ciudadanos vascos, al igual que les sucedería a los extremeños con la central de Almaraz. La aprobación del PEN por las Cortes Generales excluye, por lo demás, la posibilidad de una consulta sobre todas las centrales nucleares instaladas o en proyecto dentro de nuestro territorio. Y un referéndum limitado al País Vasco, en el imaginario caso de que fuera constitucional, produciría, de inmediato, exigencias idénticas en las demás comunidades autónomas afectadas por el mismo problema.

Parece, así, pues, urgente que el presidente del Gobierno se pronuncie de manera oficial sobre la petición del Parlamento vasco. Si su respuesta es negativa, como todo hace suponer, el Gobierno de Vitoria, que ha dado sobradas pruebas de su aceptación del marco constitucional, tendrá que aceptar una decisión avalada por nuestro ordenamiento jurídico y abandonar, por inviable, la hipótesis del referéndum. El respeto por la Constitución se demuestra, precisamente, cuando su aplicación contraría a las causas que cada cual defiende. No tendría sentido que el Gobierno vasco se refugiara en el burladero de una petición irrealizable para rehuir sus propias responsabilidades. La central de Lemóniz puede seguir en manos de la iniciativa privada, bajo el control de la Administración central y de la comunidad autónoma vasca, o pasar, parcial o totalmente, al ámbito público. Lo que no es posible, y en este punto tiene plena razón Iberduero, es mantener por más tiempo una deteriorante situación de incertidumbre.