Los comunistas vaticinan, para noviembre nuevos conflictos en las cárceles

La reciente huelga, de hambre en las cárceles españolas gravitó ayer sobre la Comisión de Justicia del congreso de los Diputados, ante la que compareció el ministro de Justicia, Pío Cabanillas, a requerimiento del grupo comunista.

Las medidas anunciadas por el ministro a corto, medio y largo plazo, no resultaron satisfactorias para el comunista Josep Solé Barberá, quien vaticinó para noviembre nuevos conflictos en las cárceles, incluidas alteraciones de orden público, si no se abordan soluciones urgentes para los graves problemas actuales.El ministro de Justicia ofreció un detallado informe en el que destacó que la población reclusa alcanza la cifra global de 22.000 internos, de los que 12.158 (de ellos 525 mujeres) son presos preventivos, 9.440 (233 mujeres) penados, lo que significa que la proporción presos y preventivos es en nuestro país del 56% frente al 20% que se considera como proporción normal en otros países europeos. Ofreció cifras también que demostraban el aumento de casi un 140 % de la población reclusa total desde el 1 de enero de 1978 al día de ayer.

Destacó también que, por cada cien reclusos, el número de funcionarios en nuestro país no ha superado la cuota del 5% frente a los veintiséis o veinticuatro de Alemania e Italia, respectivamente.

Entre las medidas a adoptar frente a esta situación, el ministro de Justicia destacó la próxima reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la aceleración del nuevo proyecto de Código Penal. Recordó las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado día 2 de octubre sobre creación de nuevos juzgados y designación de un fiscal como coordinador en el área catalana para estimular la instrucción de los sumarios y el fallo de los correspondientes juicios, en un territorio donde está más agudizado el problema de la población reclusa preventiva.

En 1986 se duplicarán los funcionarios

Resaltó la petición gubernamental de que se tramite por procedimiento de urgencia un proyecto de ley sobre incremento de plantillas, que permitirá en 1986 alcanzar los 9.000 funcionarios, frente a los 4.500 existentes en la actualidad, esto es, duplicar la plantilla en un período de cinco años. Se refirió también al, plan de creación de 10. 000 nuevas plazas para anos sucesivos.

Solé Barberá señaló al ministro que las expectativas creadas en las cárceles sobre las soluciones gubernamentales que serían decididas en octubre pueden resultar defraudadas si frente a las medidas gubernamentales a largo plazo no se adoptan soluciones urgentes.

Solé Barberá señaló en concreto que en Barcelona existe un funcionario por cada doscientos presos, y pidió que se nombren los interinos necesarios hasta tanto se establezcan las nuevas plantíllas. Propuso también soluciones para la grave situación sanitaria actual, que permite la muerte violenta en la cárcel de los presos, entre ellos tres ahorcados recientemente, así como la ingestión de drogas dentro de la prisión. Estimó asimismo insuficiente la asignación de 110 pesetas por preso para comida, criticó las limitaciones de las visitas a los reclusos y denunció la explotación laboral de los presos, algunos de los cuales ganan, según dijo, 1.330 pe setas cada diez días por los trabajos realizados.

Pío Cabanillas puntualizó que, junto a las medidas a medio y largo plazo, para resolver a fondo la situación de las cárceles, había propuesto soluciones urgentes e inminentes, como el nombramiento de ochocientos. funcionarios interinos para la próxima semana y dos magistrados suplentes mientras tanto se crean los nuevos juzgados.

Uno de los problemas planteados por el diputado comunista y por otros portavoces de los grupos parlamentarios fue el de la reforma de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en abril de 1980, y que ha influido notablemente en el incremento del número de presos, al limitar las facultades judiciales para decretar la libertad provisional. El ministro de Justicia aseguró que este tema se abordará en la reforma de la ley Procesal Criminal, en la que el Gobierno trabaja, y que será presentada al Parlamento antes de fin de año.

Entre las respuestas ofrecidas por el ministro de justicia a los restantes grupos parlamentarios destacó la ofrecida al socialista Félix Pons, que suscitó una polémica sobre las partidas presupuestarias. Pons, tras criticar la aparente toma de conciencia del Gobierno ante la situación penitenciaria, resaltó que el presupuesto del Ministerio de Justicia ha venido disminuyendo desde 1977.

Pío Cabanillas contestó aportando cifras parciales de los presupuestos -como las asignaciones de personal, que han pasado de 2.721 millones de pesetas, en 1979 a 3.854 millones para 198 1, y la propuesta de 4.878 millones para 1982- que mostraban un incremento en esas concretas asignaciones presupuestarias, pero no con tradujo la veracidad de las cifras globales expuestas por el diputado socialista.