El Gobierno vasco no acepta los pagos al Estado incluidos en los Presupuestos

«Nunca firmaríamos un pago al Estado de 77.616 millones de pesetas», declaró ayer el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Luis Uriarte, tras conocer la cantidad que señaló anteayer el ministro García Añoveros como idónea para que la comunidad autónoma pague al Estado en concepto de cupo.Aunque la cifra revelada por el ministro de Hacienda no es definitiva, el consejero vasco -que fue abordado por los periodistas en un descanso de la sesión plenaria que celebraba ayer la Cámara vasca- criticaba la unilateralidad de la decisión y la propia cantidad estipulada, ya que, en su opinión, es excesiva.

En relación a las dos partidas presupuestarias que prevé el Estado referentes a pagos, la comunidad autónoma vasca deberá desembolsar 57.950 millones de pesetas bajo el estricto concepto de cupo, y 19.666 millones de pesetas, en concepto de ajuste de ingresos por transferencias asumibles.

Además de las discrepancias vascas con la cantidad a pagar en las mencionadas partidas presupuestarias, el consejero de Economía y Hacienda criticaba la unilateralidad de la decisión del Ministerio de Hacienda: «Se ha vulnerado lo que dispone la disposición transitoria 5ª del concierto, que contempla que, si no ha habido un acuerdo sobre el cupo en el quinquenio 1982-1986, se determinará el cupo a pagar en el año 1982 de acuerdo con un procedimiento que prevé la participación de los representantes del País Vasco. Hasta la fecha, nuestra participación ha sido la de oyentes».

Para Pedro Luis Uriarte, la revelación de tal cifra contribuye a enrarecer el panorama de las conversaciones entre los dos Gobiernos: «No se están creando las condiciones idóneas para poder llegar a un acuerdo en materia de cupo. En mi opinión, se está complicando innecesariamente la negociación, que se inicia en lo concreto la próxima semana, porque todo lo que es concierto y cupo está políticamente magnificado».

Después de denunciar la interpretación «claramente restrictiva» que se ha hecho de la ley orgánica de Financiación de las Cornunidades Autónomas en los pactos autonómicos, el consejero vasco expresó su preocupación ante la posible aplicación de los mencionados acuerdos, que podría implicar una fijación de pago de 90.000 millones de pesetas.

«No obstante», señaló, «el Estado ya ha dicho lo que le gustaría cobrar; pero la comunidad autónoma todavía no ha dicho que está dispuesta a pagar, y esto debe ser materia de negociación.