Modificada la letra de la ley para salvar su espíritu

Al negociar el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial dentro de los pactos autonómicos, Gobierno y PSOE se vieron en la alternativa de seguir literalmente los criterios de la ley Orgánica de Financiación de las Comundades Autónomas (LOFCA) o respetar más el espíritu que la letra de la ley, según consta en los documentos utilizados, a los que ha tenido acceso EL PAIS. La decisión, muy controvertida, fue salvar el espíritu. La letra, como han reconocido sus propios redactores, habría llevado a una distribución de los recursos del fondo más regresiva de la que se ha reoistrado durante los últimos años en la inversión pública total.

El hecho ha permitido a los críticos del informe de la comisión de expertos sobre financiación de las autonomías afirmar que los propios autores de la LOFCA instauran el revisionismo de esa ley orgánica, aunque con el meritorio propósito de impedir el crack del artículo decimosexto. Por ello, la ley del fondo bosquejada podría tildarse de LOFCA bis o de nueva LOFCA, según López Nieto y Fernando Fernández. Y ambos especialistas han llegado a sugerir la posible inconstitucionalidad.En efecto, el artículo 16 de la LOFCA señala que el fondo se destinará a los territorios comparativamente menos desarrollados, estará dotado con una cantidad no inferior al 30% de la inversión pública para cada ejercicio y se distribuirá de acuerdo con los criterios siguientes: la inversa de la renta por habitante, la tasa de población emigrada de los diez últimos años, el porcentaje de desempleo sobre población activa, la superficie territorial y el hecho insular. La ley del fondo se extiende a todas las CC AA, alcanza el 40% de la inversión pública nueva y al criterio inversamente proporcional al de la renta por habitante y agrega el concepto de la directa para los tres siguientes, no prevista en la LOFCA. Además, se cambia el criterio de tasa de población emigrada por el de saldo migratorio.

No obstante, la regresividad que preocupó a los negociadores de los pactos autonómicos, como puede apreciarse al comparar los cuadros 2 y 3, no procedía de la inversión destinada a las tres comunidades más ricas, sino de lo poco que, a su juicio, recibirían con el supuesto LOFCA sin correcciones las CC AA mis pobres. Ciertamente, las tres comunidades más ricas reunieron, en 1979, un 34,3% de la inversión pública, porcentaje similar al de su población (34,9%), y con la aplicación literal de la LOFCA se quedarían en un 14,5% de los 180.000 millones de pesetas de 1982. Pero serían las tres CC AA más pobres las que, con un 23, 1 % de la población, pasarían de haber recibido un 27% de la inversión pública, en 1979, a obtener, en 1982, un 24,4%.

La decisión final, de acuerdo con el cuadro 3, favorece a las regiones más pobres en perjuicio de las ricas, aunque tampoco es la más progresiva dentro de las noventa simulaciones utilizadas por los negociadores. Así se garantiza indudablemente mejor el principio de solidaridad. Pero también suscita las críticas de quienes siguen únicamente la lógica económica, así como la de quienes tendrán que soportar en mayor medida con sus impuestos el desvío de fondos hacia las zonas más pobres.

El argumento impositivo, así como el de que la población emigrada necesita servicios en las zonas de destino y no en las de procedencia, son los utilizados preferentemente contra el reparto del fondo por los nacionalistas catalanes. Por su parte, los vascos indican que están de acuerdo con el objetivo de solidaridad, pero no con los criterios políticos y técnicos aplicados, cuya complejidad no tiene precedentes en otros países.

Al margen de que entre las zonas más favorecidas Figuran Andalucía y Galicia, ambas en vísperas de elecciones para los respectivos Parlamentos, a los vascos les duele la rebaja que sufrirá su presupuesto de inversión pública, estimado en unos 4.000 millones de pesetas. Los criterios iniciales de la LOFCA atribuían al País Vasco 9.414 millones de pesetas, según Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda, mientras que ahora dicha cifra queda reducida a 5.670 millones. De otro lado, el País Vasco tenía que aportar originalmente al fondo 11.232 millones de pesetas, mientras que, a partir de ahora, los pactos autonómicos les demandan unos 13.500 millones de pesetas.

Los nacionalistas vascos tienen, sin embargo, otros motivos adicionales para rechazar los pactos autonómicos. A estas alturas, a nadie se le oculta que no es el fondo el único mecanismo que afecta a sus lentejas.

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