Un proyecto necesario y progresivo

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dido decir que comunistas y nacionalistas apoyaban el texto de comisión aprobado en diciembre, lo cual no es cierto.

La ley, en el acuerdo entre los socialistas y el ministro señor Ortega y Díaz Ambrona, supone progresos indudables, desde mi punto de vista, sobre la realidad actual, aunque el texto provisional redactado por la ponencia y que trascendió a la Prensa tiene erratas considerables que lo desfiguran mucho, como la no aparición del concepto de servicio público o la del año sabático. Pero salvados esos errores, y sin perjuicio de las correcciones y mejoras que aún se pueden hacer, ya que no es un texto cerrado, abre posibilidades hasta ahora desconocidas e imposibles en la universidad española, como son las siguientes.

1. Aumenta la posición de protagonismo de las propias universidades en la decisión sobre su propio profesorado.

2. Orienta de manera muy tajante al profesorado hacia la dedicación exclusiva.

3. Potencia a los departamentos y a los institutos como centros de investigación y de docencia, y especialmente, en el ciclo del doctorado, al que se pretende fortalecer.

4. Equipara, a efectos de puestos universitarios unipersonales de dirección corporativa de las facultades, a todos los profesores permanentes, sean adjuntos o catedráticos, funcionarios o contratados.

5. Abre la relación de la universidad con su entorno social a través del Consejo de Universidad, en el que participan representantes de la universidad junto con representantes de las comunidades autónomas o de las diputaciones, de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, de los colegios profesionales y de los institutos de España y de las reales academias.

6. Garantiza la libertad académica, que comprende a la de cátedra, de investigación, y de estudio.

7. Aumenta realmente la autonomía universitaria a través de la potestad de elaborar sus estatutos, de elegir a sus órganos de gobierno, de la gestión económico-presupuestaria de sus bienes, recursos y derechos, la determinación de los planes de estudios y de investigación, y la dirección de todos los asuntos de índole docente o académica.

8. Crea criterios objetivos y de justicia en la fijación del acceso de los estudiantes a la universidad, teniendo en cuenta los costes y las prioridades globales de financiación del sistema educativo en general desde la EGB.

9. Se garantiza el derecho de todos los miembros de la comunidad universitaria a utilizar la lengua del Estado o, en su caso, la que fuera también oficial en la comunidad autónoma donde radique la universidad, sin que se pueda pro

ducir ninguna discriminación por ese motivo.10. Se flexibilizan, modernizan y racionalizan los puestos para las habilitaciones del profesorado y para la adscripción de éste a plazas concretas o para la contratación permanente y con la exigencia de la resolución que se dicte en cada caso, sea pública y razonada.

11. Se exige un control a todos los profesores permanentes sobre sus actividades docentes e investigadoras cada cinco años, situación nueva, y me atrevería a decir que revolucionaria, en relación con determinadas mentalidades, que consideran al profesor como un propietario de su plaza que sólo responde ante Dios y ante la historia.

Podríamos seguir resaltando elementos que la Ley de Autonomía Universitaria incorpora y que han sido reivindicaciones del movimiento estudiantil y de los profesores progresistas y reformistas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque creo que el juicio tiene que ser muy positivo, si se compara con la legalidad actual, ciertamente quedan todavía aspectos que se pueden mejorar y perfeccionar, y para eso está el proceso de producción de esta ley que falta: comisión y Pleno del Congreso y debate en el Senado.

Aunque ese debate tiene que hacerse rápidamente, porque la Universidad no puede esperar mucho tiempo, y esta ley en lo ya conseguido merece la pena, se pueden aún dar más pasos. Al menos de conversaciones con algunos profesores, con rectores y con otras personas que tienen interés en que el producto sea bueno para la universidad, y que no se agotan en maldecir arbitrariamente en base a sus ensoñaciones o prejuicios, se desprenden algunos puntos que hay que retocar de¡ informe de la comisión, porque es razonable hacerlo. Así, la contratación permanente a nivel de catedráticos no debe suponer exigencia de una segunda habilitación para aquellos que hubieran hecho la de adjuntos.

Tampoco parece razonable para los claustros constituyentes que en aquellas universidades donde el número de numerarios sea reducido se pueda mantener la exigencia de que constituyan el 50% del claustro, y será necesario establecer elementos correctores.

Probablemente, si el fructífero diálogo que se mantiene con los diversos sectores universitarios continúa, surgirán otras observaciones razonables que se puedan incorporar a la ley. Todavía quedarán problemas, ciertamente, y serán insuperables para algunos recalcitrantes de uno y otro signo, pese a todos los esfuerzos de entendimiento y de comprensión que se puedan realizar. Son los que no quieren que nada cambie, los irreductibles del bunker universitario, que ven cómo esta ley les recorta y les inserta en una organización universitaria más abierta y más democrática. Y son, por otra parte, una minoría de insolidarios que considera que algunas cotas de libertad se perjudican con una regulación general, y que mantienen una desconfianza enfermiza respecto del Estado. Naturalmente que se puede discrepar de la ley y que quienes discrepan deben expresarlo siempre que quieran, porque esa es la esencia de la vida democrática; pero no creo que a este texto se le pueda negar el pan y la sal.

Creo que la ley es necesaria y que es progresiva, y ayuda al cambio que la universidad necesita. Deseo de corazón que esta esperanza no se frustre, y que con la aprobación de la Ley de Autonomía Universitaria pueda existir el marco jurídico suficiente para que la universidad y todos los universitarios puedan emprender la marcha del cambio y de la reforma que la realidad exige.