Argimiro y María, de 80 y 81 años, le ganan al Estado un cuarto de siglo después de ser expropiados

Hace 25 años, María Pindado y Argimiro Rubio recibieron la noticia de que el Estado iba a expropiarles la finca de las afueras de Madrid donde pasaban en familia los fines de semana y los veranos. El motivo era, por supuesto, un bien superior. Por allí debía discurrir la más nueva de las autopistas de circunvalación de la capital, la M-50, como había proyectado el Gobierno de José María Aznar. Sucedió tan rápido que un día se encontraron las máquinas derribando la propiedad sin tiempo para retirar las bicicletas de sus hijos. Pasaron los años y el asfalto reemplazó al lugar donde guardaban tantos recuerdos, pero la indemnización prometida nunca llegaba. Se habían quedado sin finca y sin dinero. Hasta que el pasado jueves 2 de octubre, antes del mediodía, sonó el teléfono.

María, que hoy tiene 81 años, estaba pintando unas manualidades en la salita de su piso de Carabanchel cuando entró en su móvil la llamada de su abogado, Ángel Galindo. Al otro lado de la línea sonaba la voz eufórica de Galindo, y de fondo el tráfico de la capital. El abogado iba conduciendo cuando a las 11.42 recibió una notificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, comunicándole la sentencia. Aparcó para leerla y se alegró tanto que llamó a sus clientes para darles la buena noticia. Por fin, un cuarto de siglo después de la expropiación, la justicia reconocía el derecho de María y Argimiro a ser indemnizados, pero ella se quedó un poco fría.

“Estaba más contento Galindo que yo”, dice María un par de semanas después, al recibir en casa al abogado y a este periódico. “No me lo creeré hasta que vea el dinero”, añade, y por si acaso se la pudiera confundir con otro tipo de persona, aclara: “Yo no soy avariciosa, pero esto lo compramos con el sudor de mi marido”.

María es menuda, vivaracha y muy atenta. Sirve en una bandeja café descafeinado, bombones y galletas. Su marido, más tranquilote, deja de ver un partido de fútbol y se une a la conversación, en una habitación decorada con fotos de sus cuatro nietos. Esto es lo más parecido a una celebración que han hecho por ahora.

Argimiro compró ese terreno en Boadilla del Monte en 1977, por 707.880 pesetas. Lo hizo gracias a la buena marcha del taller de barrio que había montado cinco años antes en la capital. Era un negocio especializado en la fabricación de ventanas, un oficio que había aprendido tras llegar a Madrid desde Campillo, su pueblo en León.

Boadilla es hoy uno de los municipios más ricos de España, pero por entonces era un pequeño pueblo con mucho suelo asequible para madrileños de clase media que buscaban una segunda residencia rodeados de naturaleza. La finca de 6.943 metros cuadrados tenía una casa de 70 metros cuadrados, piscina y jardines con melocotoneros, manzanos y almendros. El matrimonio conserva un álbum con fotos en las que se ve a una familia grande y feliz disfrutando de los largos días del verano.

―¡María, lo han dicho cuatro jueces!―, exclama el abogado para despertar los ánimos del matrimonio, y se dispone a leer en su ordenador el arranque de la sentencia ―No solo un juez, ¿vale? Los ilustrísimos señores... tatatá.

La sentencia de la Sala Segunda del TSJM obliga al Ministerio de Transportes a tasar el valor de aquella finca. El Gobierno tiene 30 días para recurrir al Supremo. Un portavoz no ha contestado a EL PAÍS sobre si lo harán.

“¿Y si nos morimos?“, dice ella pensando en lo peor, esto es, temiendo que el ministerio va a interponer ese último recurso, lo que podría retrasar varios años más el cobro. Durante esta larga espera, María ha superado un cáncer. Si ellos faltan, sus dos hijos heredarán lo que les deben. “Yo lo único que quiero es quedarme tranquilo sabiendo que lo verán ellos”, dice Argimiro.

Ninguno de los dos sabe explicar bien la causa por la que llevan años sin cobrar. Argimiro recuerda que tras recibir el acta notificándoles la expropiación (el 11 de mayo del 2000) asistió con otros propietarios afectados a unas reuniones en el Ayuntamiento de Boadilla. Luego delegaron en su abogado, Galindo, porque todo aquel papeleo hacía necesario recurrir a un experto. La constructora, Accesos de Madrid, SA, les pagó un adelanto de 15 millones de pesetas (90.000 euros de hoy sin considerar la inflación) pero, a diferencia de otros expropiados, ellos no vieron el resto por una disputa entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Ministerio de Fomento sobre quién debía pagar.

Las cosas se complicaron. El alcalde popular, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, dimitió en febrero de 2009 días después de que estallara el caso Gürtel sobre una trama de amaño de contratos públicos que anidó en el PP (Panero cumple pena de 36 años en Alcalá Meco) y la constructora cayó en quiebra en 2012.

El letrado que habían elegido, Galindo, no era un abogado cualquiera. Era concejal de un partido independiente en Boadilla y fue el compañero de viaje de José Luis Peñas, el concejal del PP de Majadahonda que destapó la trama Gürtel. Galindo está convencido de que el Ayuntamiento de Boadilla se negó a pagarle a la pareja como represalia por haberlo elegido a él como representante.

―Han sido vuestros enemigos y los míos,― les dice el abogado.

―¿Pero quién es El Albondiguilla?, yo ni le conozco―, responde María, ―A mí las cosas políticas no me interesan. Lo que me interesa es que mis hijos tengan trabajo.

―La política para los políticos―, agrega Argimiro.

En 2019 interpusieron una demanda contra el Ayuntamiento de Boadilla. El letrado de la pareja explica que esperaron tanto porque habían aguardado al desenlace de un “pleito interminable” entre el ministerio y el consistorio sobre quién debía asumir ese y otros pagos. Pero en 2022, un juez sentenció en contra del matrimonio. Fue tras esa derrota, cuando apuntaron judicialmente contra el ministerio, esta vez con éxito.

En su fallo de hace unas semanas, el TSJM condena al Gobierno y añade que si lo considera oportuno esta Administración podrá reclamar a posteriori al municipio. La pareja recibió una cantidad “ínfima”, dice la sentencia del TSJM sobre los 15 millones de pesetas adelantados. Argimiro y María solicitan ahora más de un millón de euros.

La constructora en bancarrota, perseguida por acreedores ávidos de recuperar su dinero, también puede recurrir, según el abogado que la representa, Juan Manuel Lorenzo. ¿Por qué harían algo así? Aunque la empresa no haya sido condenada, el Estado podría ir contra ella, explica Lorenzo, quien no quiere revelar su decisión.

Dos veces expropiado

El tramo de la M-50 que pasó por encima de la finca fue inaugurado el 16 de febrero de 2004 por el presidente Aznar, un mes antes de las elecciones generales. Decenas de miles de coches circulan a diario por ese lugar, que se encuentra junto a un barrio de viviendas adosadas y bloques de pisos de Boadilla conocido como Sector B.

Como no le quedaba más remedio, Argimiro ha tenido que pasar con el coche en alguna ocasión por encima de ese punto, a pesar de que la experiencia no es de su agrado: “Cuando paso por ahí me hace el cuerpo un poquito runrún”.

Rememorando su vida, Argimiro se acuerda de un detalle extraordinario. Esta no es la primera vez que lo expropian. En los años sesenta, cuando él cumplió la mayoría de edad, a sus padres les requisaron sus propiedades para que el régimen franquista construyera en León el embalse del Porma, que sumergió por completo varios pueblos, entre ellos Campillo, donde él se había criado y donde su familia tenía una casa con varias fincas en las que pastaban las vacas.

“Ahí sí que pagaron”, dice él. “Pero cuatro perras”. Cuenta esta expropiación y la otra más reciente con resignación, con la paciencia infinita de alguien que todavía no se cree que la justicia le haya sonreído.

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