Diez toneladas de carne procedentes de reses enfermas fueron vendidas en un pueblo de León
El número de reses enfermas vendidas para consumo humano en la localidad de Quintanilla de Sollamas (León) podría ascender a treinta, según ha manifestado uno de los ganaderos afectados, quien confirmó que hasta el pasado día 10 los propietarios de estos animales se habían deshecho al menos de diecinueve de ellos, que fueron adquiridos por personas de fuera del lugar. Mientras la Delegación de Sanidad mantiene un silencio absoluto sobre el tema, comienzan a conocerse algunos datos relativos a la comercialización de esta carne sospechosa, cuya cuantía podría superar, de acuerdo con estas estimaciones, las diez toneladas.El mismo ganadero confirmó que una de las vacas fue vendida en 2.000 pesetas «a un tratante de León» y que el mismo día otras cinco habían sido adquiridas por carniceros de otras localidades a precios inferiores a las 5.000 pesetas. (Los precios habituales oscilan entre 50.000 y 80.000 pesetas.) Otros vecinos aseguraron haber comprado carne de la primera res una vez sacrificada, como es costumbre en la zona, pero que posteriormente la habían tirado. Se señala también que el veterinario titular, José Barredo, había aconsejado a los ganaderos la venta urgente de las reses más enfermas ante la inminencia de su fallecimiento, autorizando la distribución entre los vecinos de la carne de la primera de ellas.
Por error, EL PAIS achacaba ayer la responsabilidad de estos hechos y la titularidad de la zona a otro veterinario, Benigno Pérez, que trabaja como funcionario para la Delegación Provincial de Sanidad y, ocasionalmente, para los ganaderos del pueblo afectado. Se da la circunstancia de que Sanidad ha abierto expediente sancionador contra este último por aventurar una serie de hipótesis en declaraciones a la Prensa local, entre ellas la de que los animales podrían haber sufrido un envenenamiento masivo en un bosque de robles, donde hace cinco anos se produjo un caso similar achacado a una oruga (la procesionaria). Por el contrario, el primero achaca la enfermedad colectiva del ganado a una simple «indigestión», motivo por el cual se ha autorizado la venta de su carne. La apertura del expediente fue confirmada ayer a EL PAIS por fuentes de los servicios de Inspección Veterinaria, que lo calificaron como un «trámite inicial» dentro de la investigación de los hechos.
Las mismas fuentes dijeron no tener todavía datos sobre el número de reses vendidas, su comercialización, ni sobre los criterios que hayan podido seguirse para autorizarlas. Tampoco se tiene noticias de que se haya realizado ningún tipo de análisis de la carne, haciéndose recaer toda la responsabilidad sobre la valoración personal del veterinario del pueblo. A título anecdótico, cabe señalar que un periodista que acudió a la Delegación de Sanidad para informarse de las garantías que ofrecía esta carne fue advertido de que debía presentar sus preguntas «por escrito y con una póliza de veinticinco pesetas, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de Procedimiento Administrativo», que le fue leído textualmente por el titular en funciones de este organismo.
A preguntas de EL PAIS, un funcionario de la Inspección Veterinaria se limitó a señalar, por su parte, que la denuncia de los hechos después de dos semanas podría deberse a enfrentamientos personales entre los veterinarios antes citados; que no había datos sobre el tema, y que las competencias sobre el mismo no eran sólo de este Ministerio, si no compartidas con los de Agricultura y Comercio.
