¿Hasta cuándo sin protección?

Todos, y a todas horas, venimos hablando de la defensa del consumidor y de la necesidad de una información clara y precisa.Muchos de los que se eligen a sí mismos como informadores y defensores del consumidor no se han detenido previamente a valorar sus condiciones y su formación, y muchos menos, a plantearse un procedimiento correcto de actuación que pueda conseguir los objetivos serios que se pretenden en este campo.

La información transparente y correcta a los consumidores debe ayudar a establecer en su mente y en sus posibles conductas futuras unos conceptos claros y unos criterios permanentes, sin indefensión de nadie, sin demagogia y sin menoscabo de la justicia ni de la libertad de acción y de expresión.

La serie de temas que han sido objeto de consideración por los medios de comunicación social en los últimos meses (residuos de plaguicidas en alimentos, mercurio en pescados, antitiroideos en ganado bovino, derivados estrogénicos -hormonas- en pollos y terneros, la contaminación accidental de las aguas de Madrid, el nefasto tema de los aceites tóxicos, la incoordinación de los servicios de inspección, la rotulación, el etiquetado, la publicidad, etcétera) es un claro ejemplo de cómo no debe transmitirse la información, porque no se informa, se desconcierta, se confunde, se siembra la duda, se desconfía de todo, hasta de lo cierto, y se provoca una sensación de angustia crónica en el consumidor (en este caso, lector, oyente o televidente) que le hace caer en la psicosis de víctima constante, explotado por el desarrollo tecnológico, la ambición mercantil, la irresponsabilidad del que debe ser su velador en la Administración y el riesgo de convivir en un medio explosivo para su salud y su bolsillo, por los desaprensivos y/o presuntos criminales que pueden aprovecharse de la situación nebulósica general.

Ha habido informaciones en diarios, revistas, en programas específicos de radio y televisión, que, en muchos casos, surgían de funcionarios responsables de la Administración y técnicos que, por sus estudios y puestos de trabajo, deberían estar algo más documentados al exponer sus opiniones en ámbitos de más impacto público y social que una charla de café. En una tertulia, en una charla de café, los errores de un listillo, de un pedante, de un acomplejado de protagonismo, no provocan más que guasa de los contertulios, comentarios irónicos sin más trascendencia, pero... en los medios de comunicación social.... ¡cuidado! Comentarios de seudoignorantes pueden causar daños irreparables.

Hay algún programa radiofónico que, para los no entendidos en el tema que aborda cada martes, puede parecer periodísticamente bueno por su audiencia e impacto, pero que, a mi juicio, y me consta que lo comparten también muchos españoles, debería considerarse técnica, jurídica y socialmente inadmisible y corregible.

En él se difunde información sobre estudios analíticos de productos alimenticios efectuados, parece ser la mayor parte de las veces, en un organismo oficial, a instancias del medio o de quien sugiera al medio, en los que se ven con frecuencia afectadas las m arcas, la comercialización y el prestigio de entidades antes de una confirmación seria y clara de la falta o delito que se les imputa. Es, en algunos casos, un programa en el que se confunde la libertad de expresión con la maledicencia.

En estos análisis comparativos no se siguen las directrices ordenadoras de un competente planteamiento del procedimiento ni se cumplen los mínimos de garantía en la realización de los análisis o ensayos comparativos para poder evaluar objetivamente los resultados.

Si los principios de una actuación correcta se pueden resumir en los nueve puntos siguientes:

1. Elección del tipo de producto.

2. Elección de la muestra.

3. Tamaño de la muestra.

.4. Elección de las especificaciones, atributos o características a determinar.

5. Programa de ensayos o análisis.

6. Métodos de análisis o ensayos.

7. Comprobación de los resultados de los análisis o ensayos.

8. Evaluación y presentación de los resultados de los análisis o ensayos.

9. Publicación.

Y suponiendo, con toda la buena intención, que el programa está pensado para informar al consumidor, está perfectamente comprobado que el punto número 7 no se cumple y el afectado nunca ha tenido posibilidad ni opción a la defensa.

Los que organizan y realizan programas de ensayos o análisis comparativos y difunden entre los consumidores la información que se obtiene de ellos aceptan, como es lógico, la responsabilidad de sus acciones. Pero..., si se equivocan, y muchas veces lo han hecho, ¿quién les exige las indemnizaciones y desagravios oportunos?

El responsable o responsables de esta información que puede ser errónea y dañina, no sólo moral, sino materialmente, deben adoptar las medidas que minimicen los errores durante los ensayos o análisis o por la utilización de muestras defectuosas.

Deben informar al fabricante del producto sometido a análisis o ensayo de los resultados obtenidos e invitarle a hacer observaciones con tiempo suficiente antes de su publicación o difusión.

Estos resultados deben acompañarse de la enumeración de las especificaciones y de los métodos empleados. El fabricante, si no está de acuerdo con los resultados analíticos o del ensayo, o incluso no está de acuerdo con los métodos utilizados, debe facilitar los datos precisos para justificar su posición.

Esta fase de vista y comentarios sobre los resultados por el afectado no supedita la difusión de la información, pero sí puede garantizar que no exista indefensión, como ocurre hasta ahora, o un dirigismo interesado o intencionado, en la elección de los productos, en la elección de la muestra, en la elección de especificaciones y en una forma muy sui géneris de evaluar y presentar los resultados, máxime teniendo en cuenta que pueden existir muchos factores en el condicionamiento y preparación de los programas.

Es necesario que alguien responsable haga cumplir los mínimos de garantía a difusiones de este tipo. Pero dejemos el caso específico y volvamos al consumidor de a pie, al honroso, consciente trabajador y democrático consumidor que, respetuoso con los conceptos de libertad y justicia para todos, quiere información responsable, competente y no dañina para terceros por el intento de medrar de los especuladores sociales o políticos de la información.

En el ámbito de la alimentación, que es donde mejor me desenvuelvo para opinar, es necesario que el Gobierno de UCD o los partidos de la oposición que pueden ser Gobierno alguna vez lleguen a un consenso o a una concertación en llevar a la práctica inmediata los siguientes puntos:

- La adecuación de los productos a sus reglamentaciones y normas específicas establecidas por la Administración del Estado.

- La vigilancia permanente para reducir al máximo los problemas de contaminación de los alimentos.

- La armonización, coordinación y agilidad administrativa en los procedimientos de corrección de anomalías y represión de infracciones y delitos.

- La protección de los derechos y deberes de los productores, transformadores y vendedores de alimentos, en base a la exigencia de su responsabilidad cara a los consumidores.

- El ordenamiento de la adecuada información al consumidor (etiquetado, publicidad, medios de comunicación y asociaciones).

- Unos criterios uniformes y armonizados, no sólo a nivel de producción y transformación de productos alimenticios, sino también en los aspectos de interpretación clara de niveles de contaminación y significado de las cifras que se valoran y de los métodos analíticos que se comparan.

- Una elaboración seria y sensata de la información y una garantía de su origen cuando se va a destinar a la población a través de los medios de comunicación de masas.

- La siembra de una confianza en la población al conocer que los responsables de la normalización, de la legislación, de los análisis, de la interpretación y valoración de datos y de la represión están hablando un mismo lenguaje coordinado y son claramente responsables de lo que se traen entre manos, ya que de ellos depende la protección de la salud y el mantenimiento de la honradez en las transacciones comerciales.

- La deseada coordinación entre los distintos departamentos ministeriales de competencia alimentaria.