"La actuación del Gobierno en materia científica raya en la irresponsabilidad más absoluta"

«Las actuaciones políticas del Gobierno en materia científica y tecnológica, concretadas en las relaciones financieras de los distintos organismos de investigación pública, rayan en la irresponsabilidad más absoluta». Esta es una de las conclusiones a las que llega un extenso informe sobre la investigación pública en España, elaborado por la Comisión de Política Científica de Comisiones Obreras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El trabajo, al que ha tenido acceso EL PAIS, pasa revista en 95 apretados folios a la investigación pública española, e incluye al final una serie de recomendaciones que pueden muy bien considerarse como el programa científico de la central sindical que lo ha elaborado. Ya en la introducción, el informe denuncia la congelación del gasto público que afecta al sector científicotecnológico y productivo de la investigación pública, afirmando que las reformas que se han realizado han estado condicionadas por el máximo beneficio del sector privado. Todo lo cual supone, según los científicos del CSIC de Comisiones Obreras, una situación de creciente dependencia económica y tecnológica de nuestro país, lo que conlleva a la larga una dependencia creciente de las grandes potencias en lo político.Más adelante, el informe justifica la necesidad de la investigación pública en España, tanto en los sectores específicos (sanidad, agricultura, cultura y docencia, medio ambiente, aprovechamiento de recursos propios, etcétera) como en los no específicos (defensa, energía, comunicaciones, alimentación, etcétera). En todos estos sectores, el informe de CC OO afirma que el Estado debe asumir una responsabilidad esencial que demanda investigación de carácter público.

Posteriormente, se analiza la dirección y planificación de la investigación científica en España, a cargo de la Comisión Delegada del Gobierno de Investigación Científica y Técnica, creada en 1963; la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, creada en 1958, y la Dirección General de Política Científica, creada en 1979 y, según la reciente reforma del Ministerio de Educación, dependiente a partir de ahora de la Secretaría de Estado para Universidades e Investigación, del Ministerio de Educación.

La Comisión Delegada del Gobierno se ha reunido dos veces a lo largo de su existencia, y su labor, según CC OO, ha sido escasísima. La Comisión Asesora, hasta 1979 funcionó asimismo con gran pobreza, aunque acabó convirtiéndose en el instrumento de trabajo de la Comisión Delegada. Ya en 1979, la Comisión Asesora ve actualizadas su composición y sus funciones, estructurándose en dos órganos coIegiados: el Comité Científico y Técnico, y el Comité Interministerial de programación. Según el informe, desde 1979 la Comisión Asesora está realizando una labor esperanzadora, aunque sólo sea como gestora del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación (7.500 millones de pesetas este año). Más adelante, el informe analiza el tipo de investigación que se hace en nuestro país, y señala dos problemas fundamentales: escasez de gastos y personal, y total desconexión y anarquía en los distintos sectores, lo que hace que los esfuerzos en investigación sean muy ineficaces.

Seguidamente, se pasa revista a la investigación del sector privado y a la de los organismos estatales, analizando muy detenidamente el CSIC y la investigación en la universidad. Por último, el informe analiza la actuación del Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), y estudia las causas que han determinado la actual situación, de la investigación pública española.

En las conclusiones, los investigadores de CC OO afirman que «la solución de los problemas económicos y sociales ha de encontrarse mediante una actuación política de los poderes públicos, ya que la investigación pública es una herramienta imprescindible». Tras afirmar que las actuaciones políticas del Gobierno rayan en la irresponsabilidad, por lo que a ciencia y tecnología se refiere, se acusa a los poderes públicos de «poner al servicio de la CEOE y del capital monopolista la infraestructura y el personal disponible de los centros estatales de investigación», poniendo como ejemplo el asunto de las tasas parafiscales.

Finalmente, el informe enuncia las líneas maestras de la política científica futura que, a juicio de la central sindical, necesita nuestro país: fijación de prioridades en investigación, actuación política consecuente, dotación de medios suficientes, estructuración racional de los centros de investigación, confección de un estatuto de los trabajadores de la Administración para la investigación, integración entre educación e investigación, reforma de la Comisión Asesora, control de las importaciones de tecnología, creación de fondos de ayuda para empresas, reforma de la ley de Propiedad Industrial para adaptar a la patente europea, dinamizar la demanda de tecnología nacional mediante compras masivas del Estado, y finalmente creación de servicios de información tecnológica para el sector público y privado.