Denuncian el incumplimiento del Plan Preventivo de la Subnormalidad en Valencia

El Instituto de Investigaciones Citológicas ha incumplido el convenio firmado con el Ministerio de Sanidad para la prevención de la subnormalidad infantil en las provincias de Valencia y Castellón, según manifestó a EL PAIS el doctor Teófilo Diez Caballero, recientemente despedido de su cargo de aplicación del plan por incompatibilidad con su director, el profesor y discípulo de Severo Ochoa, Santiago Grisolía.

El problema es la lentitud en la aplicación del plan preventivo de la subnormalidad, a causa del bloqueo que la dirección impuso a la gestión de Diez Caballero. A finales de 1980, año en que se firmó el convenio, sólo se habían estudiado 104 análisis de recién nacidos, cuando en realidad el Ministerio se había comprometido a pagar 6.900 análisis hasta diciembre de ese año, por importe de 7.795.000 pesetas.El Instituto de Investigaciones Citológicas, dependiente de la Caja de Ahorros de Valencia, debía enviar, de acuerdo con el convenio, a todas las maternidades de Valencia y Castellón unas tarjetas especiales que permiten absorber unas gotas de sangre y de orina del recién nacido entre el quinto y el noveno día de vida. Una vez recogidas las muestras, se remiten en un sobre al Instituto, que las investiga y da el diagnóstico.

La frecuencia de anormalidades detectadas es aproximadamente de un caso de hipoteroides congénita (cretinez) por 3.500 recién nacidos. Uno de estos casos raros fue el de la niña Amparo García Escrig, nacida en Valencia el 22 de diciembre de 1980, cuando el convenio ya estaba en vigencia, y que fue detectado a los tres meses por no encontrarse las tarjetas en la maternidad cuando nació. «Se sabe si un niño es hipoteroide nada más nacer», afirma el doctor Diez, «y se le puede tratar adecuadamente con hormonas, pero con Amparo se llegó tarde». Los padres están dispuestos a promover una acción legal para aclarar la desidia administrativa que impidió la prevención de la subnormalidad de la pequeña.

Al doctor Díez le fue comunicado su despido por medio de una carta del profesor Grisolía en la que le acusaba de «conducta hostil frente a mi persona y rebelde frente a la empresa» y de amenazas de abandonar su trabajo,

La Magistratura de Trabajo ha estimado improcedente el despido, por considerar que ha existido celo profesional por parte del doctor Díez, pese a las dificultades de colaboración con el director del Instituto.