El PCE acusa de inoperancia al ministro de Educación

El Grupo Comunista del Congreso acusó ayer al ministro. de Educación, Juan Antonio Ortega, de haber defraudado totalmente las expectativas, tanto en su labor administrativa como en el aspecto legislativo. Según Eulalia Vintró, coordinadora del grupo para estos temas, Ortega no ha cumplido las buenas palabras que ofreció, entre otras cosas, porque no hay voluntad política de modificar el sistema educativo. La diputada acusó también a UCD de haber protagonizado una burla en relación con la ley de Autonomía Universitaria (LAU).

Según su versión, el balance es este: desde que Ortega es ministro no se ha terminado ni una ley, aunque están en la Cámara la de financiación de la enseñanza obligatoria, desde 1978, y la LAU, que estando dictaminada en diciembre de 1980, volvió a la comisión, con el compromiso de ser debatida en el Pleno del pasado 11 de mayo, pero no hay ni nuevo informe de la ponencia. Tan sólo se ha aprobado, en mayo, un decreto-ley sobre medidas urgentes para el comienzo del curso 1980-1981.No se ha presentado ningún proyecto, aunque el anterior ministro del departamento, Iñigo Cavero, anunció seis en 1978, que su sucesor, José Manuel Otero, reafirmó, y Ortega se comprometió, al menos, con el de reforma de las enseñanzas medias. Faltan la reforma de la inspección, enseñanzas artísticas, desarrollo de la Constitución en cuanto a promoción de la democracia en la enseñanza y en las competencias exclusivas del Estado.

El desarrollo reglamentario de las leyes es igual de decepcionante, según la diputada. De la gran cantidad de temas que el Estatuto de Centros remitía a este desarrollo, sólo se ha dictado un decreto sobre participación de los padres, cuando precisamente el artículo en que se apoya fue declarado inconstitucional por el Tribunal. Constitucional.

También existen los decretos sobre universidades laborales e Instituto de Ciencias de la Educación, negativos para el PCE, y los de alta inspección y sobre nuevos contenidos de la EGB. De este último, dijo la diputada que no lo conoce ni el 10% de los enseñantes, y sí, en cambio, las editor' ales, para poder hacer sus libros y su negocio cuando empiece el próximo curso.

La Comisión de Educación del Congreso ha estado casi un año sin reunirse para legislar, y el Ministerio ha dejado sin contestar, al menos, dieciséis preguntas comunistas, algunas de las cuales llevan meses publicadas.

Ni gratuidad ni calidad

En cuanto a la acción administrativa, la portavoz comunista resaltó que, cuando el ministro había prometido la reforma de la administración educativa, no ha aprobado ni el decreto de reestructuración del propio Ministerio. Tampoco se cumple la gratuidad, porque no se aprueba la referida ley de financiación, mientras este año se han repartido al sector privado más de 60.000 millones - 150.000 desde que gobierna UCD- sin control alguno.Fruto de negociaciones de cuyos resultados no se informó, se subió el módulo de subvención de forma lineal, de modo que redundaba sobre todo en los centros subvencionados a medias, que en la práctica pueden cobrar a los alumnos libremente. Entre tanto, han bajado las inversiones en los presupuestos de este año, no se atienden los sectores especiales ni hay mapa escolar, entre otras cosas.

Eulalia Vintró apuntó tres razones de esta situación: la gran inversión económica que requiere una acción positiva, la falta de .voluntad política para modificar el sistema educativo actual, ya que beneficia a sectores económicos y, sobre todo, ideológicos, que sirven de soporte al Gobierno, y la ausencia de objetivos claros por parte del Gobierno sobre dónde quiere llevar la educación.

Por fin, dijo que UCD se ha burlado del Parlamento con el tema de la LAU, chantajeando primero con la amenaza de retirarla si no volvía a la Comisión, y después presentando textos nuevos sobre el 80% del proyecto. La diputada se quejó también de que la ponencia es, en realidad, pantalla de negociaciones al margen, y puntualizó que su grupo está de acuerdo en modificar el proyecto en cuanto a la referencia a las universidades privadas, controladas por el Parlamento, y la doble vía de acceso al profesorado, funcionarial y por contrato, pero éstos sin habilitación previa.