Tres meses de tensión en España desde el 23 de febrero

El asalto de la sede del Banco Central de Barcelona se ha producido a los tres meses del intento de golpe de Estado, que tuvo por escenario principal el Congreso de los Diputados. La mayor parte de los guardias civiles que participaron en aquellos hechos fueron puestos progresivamente en libertad, mientras se procesaba a cuatro generales y varios jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Durante estos tres meses, la tensión no ha cesado en España prácticamente un sólo día.La segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en el Pleno del Congreso de los Diputados se vio interrumpida el 23 de febrero, a las 18.22 horas, cuando el teniente coronel Tejero, al mando de 288 guardias civiles, irrumpió en el hemiciclo de la Cámara y obligó, pistola en mano, a los congresistas a suspender la sesión y arrojarse al suelo.

Poco después, el teniente general Milans del Bosch decretaba el estado de excepción en la III Región Militar.

La liberación se produjo después de un acuerdo con los militares golpistas. Las condiciones solicitadas por el teniente coronel Tejero consistían, según parece, en: a) entregarse cada uno de los oficiales de alta graduación a un superior de su cuerpo o arma (en su caso, el teniente coronel Tejero se entregaría en la Dirección General de la Guardia Civil); b) que no hubiese fotógrafos cuando salieran del palacio del Congreso, y c) eximir de toda responsabilidad a los participantes en la ocupación, desde suboficiales para abajo.

En la causa que instruye el juez García Escudero han sido procesados hasta el momento el teniente general Milans del Bosch, el general Armada, el general Torres Rojas, el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, el coronel Ibáñez y el teniente coronel Pedro Mas.

En la causa relativa al asalto al Congreso están procesados el coronel Manchado, el teniente coronel Tejero, los capitanes Acera, Pérez de la Lastra, Muñecas, Ignacio Román, Abad Gutiérrez, Lázaro Corthay y Bobis González, y los tenientes Izquierdo Sánchez, Núñez Ruano, Vecino Muñoz, Carricona Sánchez, Boza Carrasco, Alvarez Fernández, Alonso Hernaiz y Ramos Rueda, todos ellos pertenecientes a la Guardia Civil.

También están procesados el coronel San Martín López, el comandante Pardo Zancada y los capitanes Dusmet García-Figueras, Alvarez Arenas, Cid Fortea y Pascual Gálvez, pertenecientes al Ejército de Tierra, concretamente adscritos al mando del cuartel general de la División Acorazada Brunete número 1, con sede en El Pardo (Madrid). Juan García Carrés es el único civil procesado por el intento de golpe de Estado.