El Congreso urge la constitución de los tribunales arbitrales en materia laboral

El Congreso de los Diputados aprobó ayer parte de una propuesta andalucista, según la cual la Cámara pide al Gobierno que en el plazo máximo de tres meses dicte las normas necesarias para poner en funcionamiento los tribunales arbitrales laborales previstos legalmente, así como adopte otras medidas que garanticen el cumplimiento de los principios de gratuidad, celeridad y ejecutoriedad en toda la jurisdicción laboral.

Este fue uno de los escasos acuerdos producidos en la sesión plenaria de ayer, carente de temas de actualidad y de alto interés político y durante la cual hubo de prolongarse un descanso por falta de miembros del Gobierno que pudieran responder a varias interpelaciones y preguntas previstas en el orden del día.La propuesta andalucista defendida por Juan Carlos Aguilar fue apoyada por el comunista Josep Solé Barberá, quien calificó la situación de crisis que atraviesa la jurisdicción laboral próxima a «lo dramático», por falta de medios materiales y personales. El centrista José Luis Moreno anunció la votación favorable de su grupo a algunos puntos de la propuesta, al tiempo que rechazó el resto de la moción, entre otros puntos, la habilitación de créditos extraordinarios para la dotación de plazas y medios precisos en las magistraturas de Trabajo.

Previamente, Manuel Fraga (CD) interpeló al Gobierno sobre el plan hidrológico de la Mancha oriental, y los socialistas Leopoldo Torres y Manuel Marín preguntaron, respectivamente, sobre amnistía a antiguos miembros del Instituto de Carabineros y en torno al complejo petroquímico de Puertollano.

La última proposición de ley, cuya toma en consideración también fue rechazada, fue la defendida por el antiguo centrista y hoy miembro del Grupo Mixto, José García Pérez, relativa a educación permanente de adultos en Andalucía. García Pérez dijo que el número de analfabetos supera los 550.000 en aquella región y que era preciso una acción específica.

Dedicar especial atención a las zonas deprimidas

El centrista José Luis Mederos aseguró que, de acuerdo con las competencias que tiene el Ministerio, según la ley General de Educación, no es preciso una normativa especial. En igual sentido se expresó el ministro de Educación y Ciencia, Juan Antonio Ortega, quien aseguró que el criterio del Gobierno es atender las regiones más deprimidas. Dijo que para Andalucía hay previstos 8.400 millones de pesetas para este fin, que significan el 22% más de lo que correspondería a esta región atendiendo a su nivel de población. Añadió que no es conveniente una ley específica para un territorio concreto, sino que las leyes elaboradas por las Cortes Generales deben abordar situaciones generales, con criterios generales. En una ley sobre la educación permanente de adultos, según aseguró, Andalucía quedará siempre primada.