Realidad y perspectivas del impuesto sobre la renta

Uno de los elementos centrales de la reforma de nuestros impuestos es, sin duda, el que recae sobre la renta de las personas físicas, como ha señalado el Ministerio de Hacienda en su Memoria de la reforma tributaria 1980, recopilando resultados de 1979, primer año del nuevo IRPF. Cuando se habla del impuesto sobre la renta, normalmente el contribuyente, sea éste de más o menos renta, mira inevitablemente a su alrededor, es un efecto psicológico que todo ciudadano practica, convirtiéndose por unos minutos en inspectores de Hacienda, con sus correspondientes exclamaciones, en la declaración, y el fraude en las rentas ocultadas sigue siendo, a pesar de la reforma fiscal, una habitual norma entre los democráticos ciudadanos de este país. Para completar este oscuro comportamiento, los contribuyentes han rehuido presentar denuncias sobre los fraudes que cada cual pudiera conocer, y es que somos muy dados a criticar y poco asiduos a presentarnos en una ventanilla y enseñar el DNI. Así puestas las cosas, y en vista de que las denuncias brillan por su ausencia y, para colmo, se secuestra a hombres de negocios (que lo mismo hubieran sido secuestrados), por desgracia, se ha eliminado la publicación de las listas de contribuyentes. El respeto a la intimidad se debe garantizar por otros medios, como señala la Constitución; pues con la ocultación de las listas, por un lado, y la práctica de no denunciar el fraude no se solucionará el dificil problema de la implantación de la reforma fiscal, en la fase de educación y moralidad pública.Compensar la eliminación de las listas

Ya que si la eliminación de publicar las listas de contribuyentes fuese equilibrada, con la obligación de exigir a los bancos y entidades de crédito la entrega de la relación nominal de las retenciones practicadas a los intereses pagados a cuentas corrientes, de ahorro, plazos fijos, certificados de depósitos, etcétera, obligación que está en vigor, y que el sector financiero, en general, ha incumplido y, que se sepa, el Ministerio de Hacienda todavía no ha tomado las oportunas medidas, solucionaría en gran parte el problema de la ocultación de rentas, cajas negras, etcétera.

¿Qué pasaría en estos momentos si las empresas tomasen el acuerdo de no declarar ingresos y pagos superiores a 500.000 pesetas? Sin embargo, están colaborando muy activamente a este control de com pras y ventas imputadas, trabajan do muy eficazmente en este sentido el centro de proceso de datos del Ministerio de Hacienda, y asimis mo, ¿qué pasaría si todas las em presas ingresaran la retención de sus respectivas nóminas, pero no cumplimentaran el modelo 190 (relación nominal)? Piensen las ca bezas rectoras del Ministerio de Hacienda y examinen y analicen con detalle su propia memoria, en especial la renta declarada en 1979 por las distintas fuentes (véase cuadro).

Los agravios comparativos están a la vista; ningún sector es «rentable», salvo el trabajo por cuenta ajena, que es el que se controla con facilidad. Las demás rentas distan bastante de la realidad.

Con una política adecuada quizá sería posible enmendar la errónea línea de partida del primer año del impuesto sobre la renta. Cuando, además, la aplicación del delito fiscal queda a años vista por el pesado y complejo trámite que lleva consigo y la poca predisposición en los juzgados a aplicarlo. Es, como dijo un penalista, «matar moscas a cañonazos».

Pero las dificultades no paran ahí, porque en la citada memoria se dice textualmente: «No se ha preparado previamente la administración tributaría para responder sin tensiones de adaptación a la exacción de los nuevos impuestos», para justificar que nunca, en nuestra historia administrativa, se dotan primero los medios necesarios, personales y materiales, al unísono de las leyes. Cuando se puede leer en los diarios de sesiones de las Cortes que ha sido precisamente la oposición la que ha tenido que utilizar el camino de la enmienda en el presupuesto para dotar con más medios, en especial de informática, al Ministerio de Hacienda. Siguiendo con la propia mecánica del impuesto, la Administración se ha tenido que enfrentar con el desagradable problema de las devoluciones. La cautela con la que se ha practicado y las molestias que ha ocasionado a otros y las investigaciones a que ha dado lugar en ciertos casos está quitando las gánas a los contribuyentes de solicitar la devolución, lo cual puede hacer que muchos contribuyentes honestos, que solicitaron de buena fe la devolución, porque pensaron que tenían derecho a ella, dejen de creer en la bondad de las leyes, porque les ha costado padecer el trámite burocrático de una comprobación, problema que se podría solucionar adjuntando una carpeta de documentos con los comprobantes correspondientes, en especial cuando se producen devoluciones como consecuencia de aplicación de deducciones por gastos o por inversiones, una relación epistolar evitaría intermediarios y pérdidas de muchas horas de trabajo.

Cuatro millones no declararon

A esto hay que aumentar los millones de contribuyentes que no han declarado y que la Administración no los ha detectado, ya que si tomamos como base de obliga ción los ingresos de la unidad familiar, casi todos tienen que pre sentar su declaración de renta. La extensión de la declaración no será nunca por su efecto de recaudación; será, en todo caso, su consecuencia, si hay renta (que parece ser que la hubo, pues, según los expertos en distribución de la renta nacional, no fueron un millón los que no declararon, sino cuatro millones de contribuyentes, ya que el número de personas ocupadas en 1979 con ingresos brutos superiores a 300.000 pesetas al canzó la cifra de 11,7 millones y las declaraciones presentadas fueron seis millones). La extensión debe ser un medio para controlar las fuentes de renta,para ser imputadas a sus respectivos pagadores, porque el objetivo principal en toda esta primera fase de implantación de la reforma fiscal es la credibilidad en su aplicación. Cuando en la toma de posesión de los últimos inspectores el titular de Hacienda afirmaba que ningún sector de contribuyentes quedaría sin inspeccionar y nos encontramos con semejante situación, esperamos que agilice los trabajos oportunos, porque bolsas de fraude, según la memoria presentada, existen muchas. Mientras se conozca su existencia, la lucha debe ir en esa dirección; nunca en la del contribuyente que con una cierta buena fe está creyendo en la nueva imposición sobre la renta. Las autoridades fiscales deben reflexionar muy seriamente que si esta reforma fiscal fracasa tardarán muchos años en deshacer los problemas que llevará consigo.

Y decimos lo anterior con el sentido de justicia que plantea el artículo 31 de la Constitución, donde el sostenimiento del gasto público se hará de acuerdo con la capacidad económica, mediante un sistema inspirado en los principios de igualdad y progresividad, no teniendo alcance confiscatorio. El cuadro de distribución de bases imponibles por fuentes de renta deja en evidencia que no se cumple el principio constitucional y que el reparto de carga es muy desigual.

Aquí, y ahora, se debe evitar el absurdo ejemplo que denunciaba recientemente Giorgio Benvenuto respecto al sacrificio que exige la política fiscal italiana, donde paga más contribución un simple empleado que un director, una enfermera que un médico, un periodista que un industrial. Para terminar con el revuelo que ha levantado el famoso libro rojo, publicado por el ministro de Finanzas, Franco Reviglio, denunciando que los mayores defraudadores se encuentran en Italia en los industriales del petróleo, comerciantes, profesionales y artistas, industria de la alimentación, artesanía e intermediarios.

Si tomamos nota que cada año resulta más difícil conseguir aumentar la presión fiscal, utilizando como instrumento la gestión de los impuestos (en 1980 el incremento fue del 0,8%, y para 1981 se espera que difícilmente supere el 0,5%), no hay más solución que descubrir las bolsas de fraude que son los que no han declarado nada o han ocultado el total de los rendimientos de cualquier fuente de renta. Porque el contribuyente que ya ha declarado ha tragado tanta agua para hacer voluntariamente su declaración que su ánimo no está para recibir más «chubascos», mientras no se ponga en evidencia a los que han defraudado voluntariamente, porque la idea general del contribuyente medio consiste en concebir la reforma fiscal como un medio para hacernos más libres, nunca para ser más explotados.