Terminó la huelga de hambre de los vecinos de Marinaleda

La huelga de hambre de medio millar de vecinos de la localidad sevillana de Marinaleda, en protesta por la situación de paro que sufre Andalucía, terminó ayer tarde después de que el comité ejecutivo nacional del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) decidiese poner fin, por el momento, a las acciones iniciadas en las últimas semanas. Hoy será ratificado también, con toda seguridad, el término de la huelga de Francisco Casero, secretario general de esta organización jornalera, en el transcurso de una asamblea popular que se celebrará en Villamartín (Cádiz).

La decisión del SOC de suspender las acciones en curso se adoptó tras la entrevista, no exenta de tensión, que mantuvieron a primera hora de la tarde los líderes del sindicato con el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, en la que éste les informó detalladamente sobre el contenido de los acuerdos suscritos en Madrid por los ministros de Agricultura y Trabajo y que se encaminan a aliviar el desempleo agrícola actual y poner en marcha medidas de mayor alcance a medio plazo.Después de reafirmar que lo concluido ha sido fruto, fundamentalmente, de los encierros, huelgas de hambre y demás acciones, la resolución del ejecutivo del SOC advierte: «Estaremos vigilantes para que estas promesas no caigan en el olvido. Si en un plazo de tiempo los jornaleros somos de nuevo olvidados, volveremos a luchar con todas nuestras fuerzas». Así pues, sólo cabe hablar en realidad de una tregua en la tensión social que padece el campo andaluz en función del desgaste de los huelguistas y de una valoración mínimamente positiva de los acuerdos logrados por Escuredo en Madrid.

El propio Escuredo, al dar cuenta a los informadores de los resultados de la reunión extraordinaria del consejo permanente de la Junta, celebrada ayer, empezó por subrayar que «son medidas mínimas y nadie tiene que convencernos de que lo ideal es conseguir el pleno empleo para Andalucía. Todo el mundo tiene que saber que esta no es la solución del problema andaluz». El consejo, en todo caso, aprobó la actuación del presidente, si bien el representante del PSA, Salvador Pérez Bueno, se abstuvo en la votación realizada al efecto después de que le fuesen rechazadas tres propuestas por los demás partidos.

Rafael Escuredo puntualizó que el disfrute de cuatro días de empleo comunitario por todos los obreros agrícolas en paro sería posible tanto por la racionalización y homogeneidad de criterios en el sistema de reparto como por un aumento considerable de la cuantía de los fondos. Una comisión mixta Administración central-Junta de Andalucía se constituirá de forma inmediata para establecer los criterios en que habrán de basarse las inversiones públicas previstas en Andalucía, con objeto de primar las que supongan una mayor generación de empleo.

La Junta de Andalucía pretende que esa comisión mixta tenga como una de sus funciones relevantes el seguimiento de la aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, que hasta ahora ha quedado convertida, según opinión general, en papel mojado. Se quiere lograr asimismo una coordinación entre las inversiones ministeriales y los planes de obras y servicios de las diputaciones provinciales en aras a la máxima rentabilidad social de las mismas. Por último, el consejo permanente solicitará al Gobierno que en la comisión encargada de elaborar los nuevos censos agrarios participen las asociaciones patronales del campo andaluz.

Si los acuerdos no han satisfecho al SOC, también es evidente la desazón provocada en la izquierda parlamentaria y los sindicatos mayoritarios por él desarrollo del conflicto, Escuredo declararía: «No estamos aquí para avalar al Gobierno y permaneceremos atentos para ver si cumple sus compromisos. Si no los cumple, no vamos a esperar a que haya huelgas de hambre para denunciar y protestar», lamentando la falta de voluntad política del Gobierno ante las reiteradas demandas de soluciones por parte de la Junta. «Nos llaman cuando el incendio está en marcha para que lo apaguemos». Comentarios semejantes hicieron los máximos líderes de CC OO y UGT, a quienes también informó Escuredo de sus gestiones con el Gabinete.

Un problema adicional que hay que tener en cuenta es la decidida intención del Gobierno de marginar al SOC de aquellos grupos de trabajo en que se re quiera la presencia de las centra les sindicales representativas. Con excepción del PSA, la Junta preautónica está de acuerdo con esta exclusión («No vamos a entrar en este tema, que corresponde decidir al Gobierno», se limitó a decir Escuredo), al igual que CC OO y UGT, que consideran poco representativo al citado sindicato, aunque «la espectacularidad de sus acciones y la ceguera del Gobierno le conceden un protagonismo que no le corresponde». Diamantino García, presidente del SOC, replicó a este periódico: «Está visto que unos corren la liebre y otros se la comen y, aunque lo fundamental no es quién se sienta a negociar, parece increíble que se margine al sindicato que más ha luchado».