El político y el experto

En Italia, hace aproximadamente cinco años, se decidió la creación de una comisión de expertos que ayudase a los partidos a salir del atolladero en quese habían metido en el tema de las autonomías, y se nombró para presidirla a un ilustre administrativista, el profesor Massimo Severo Giannini.La experiencia italiana empezó con mejor pie que la española. No se crearon dos niveles -político y técnico-, sino simplemente el de la comisión de expertos. Cerca de sesenta especialistas de las distintas ramas del derecho público trabajaron durante diez meses con autonomía de los partidos y del Gobierno, tanto a la hora de los planteamientos como a la hora de elaborar las conclusiones.

La comisión intentó, durante ese tiempo, llevar acabo la delimitación de las funciones de los poderes públicos en sus distintos niveles, no con criterios partidistas, sino buscando exclusivamente la funcionalidad del aparato del Estado en su conjunto. Ateniéndose a la legalidad vigente, aunque proponiendo en los casos imprescindibles su reforma la comisión dictaminó qué funciones debían de corresponder a los órganos centrales, cuáles a las regiones y cuáles a los entes locales menores, proponiendo las transferencias y delegaciones necesarias para conseguir la organicidad de los diferentes sectores de actividades de tal modo que se hiciera posible la gestión sistemática de las competencias correspondientes a cada nivel.

Al poco tiempo de haberse hecho público el informe de la comisión, las discusiones políticas habían destrozado completamente la unidad y coherencia del mismo. Las regiones pidieron más de lo que en el informe les correspondía, y los sectores del poder central que vieron amenazadas sus prerrogativas organizaron una auténtica «rebelión de las poltronas». Como consecuencia, se creó un nuevo comité, esta vez con dos niveles, técnico y político, integrado tan solo por la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista, al que este últimó acusaría más tarde de haberse convertido en una auténtica «bolsa de contratación» entre los dos primeros, A partir de ahí, el intento de reorganizar el Estado desde criterios distintos al tira y afloja de la lucha entre partidos se abandonó a la espera de mejores tiempos.

Giannini, escribiendo más tarde sobre el destino final de los trabajos de la comisión que había presidido, resumiría su pensamiento en un conocido proverbio italiano, que dice: «Chi lava la testa all'asino perde il tempo e il sapone».

La «cuestión regional» tiene en Italia una importancia relativa bastante menor de la que tiene en España: Nunca en la historia contemporánea de nuestro vecino país han dejado de existir problemas de Estado que hicieran de la cuestión regional un problema de segundo orden. A partir de la unificación, el problema católico; más tarde, el sindicalismo y socialismo; luego, el fascismo, y después de la segunda guerra mundial, el problema comunista. En España, sin embargo, no sería exagerado decir que en distintos momentos de nuestra historia «el problema» de Estado ha sido el problema de la autonomía de las regiones o de la división territorial del poder.

Una segunda diferencia, entre los dos países, estrechamente relacionada con la anterior, es la que deriva de la comparación entre los respectivos sistemas de partidos. Frente a la existencia en España de partidos políticos de ámbito regional, con posibilidades reales de alterar el equilibrio de fuerzas a nivel del Estado, en Italia todos los partidos, e incluso las «corrientes» o tendencias de los mismos, son de ámbito nacional, a excepción de pequeñas organizaciones con posibilidades muy reducidas de influir en la política general.

Exclusión de las minorías

Siendo así las cosas, y jugando las diferencias claramente en contra nuestra, resulta difícil de entender cómo al Gobierno de este país se le ha ocurrido que pueda ser aquí un éxito lo que en Italia fue un fracaso. A no ser que las esperanzas estén puestas en otra comisión encargada de estudiar la aplicación de la cláusula del 5%, es decir, la exclusión de las Cortes Generales de aquellos partidos que no obtengan por lo menos el 5 % del total de los votos de toda España. Cláusula que, por su parte, en la República Federal de Alemania ni consiguió el objetivo de eliminar al Partido Liberal ni ha impedido que éste pase del 5,8% de los votos en las primeras elecciones tras la implantación de la cláusula, las de 1969, al 10,6%, en las de 1980.

El trabajo de los expertos es no sólo necesario, sino probablemente imprescindible, en un país que intenta pasar del centralismo más obtuso a un sistema, como el de la Constitución de 1978.

Trabajen los expertos, pero expliquen antes los políticos a dónde han sido capaces de llegar en su concertación, o pasados los meses nos encontraremos con que también aquí habremos perdido «il tempo e il sapone».