La Subsecretaría peregrina

TRAS COMPLEJAS negociaciones y una angustiosa espera para las flotas andaluza y canaria, se ha firmado finalmente un compromiso con Marruecos que, aunque presentado por algunos medios como un acuerdo de pesca en toda regla, no es realmente sino un arreglo para ir tirando. Dadas las circunstancias (litigio del tránsito de las naranjas marroquíes por nuestro territorio, conflicto del Sahara), tal vez ese compromiso sea la única salida.El protocolo recién firmado es caro no sólo para los armadores, sino también, y sobre todo, para el Estado, obligado en adelante a sufragar un 30% del incremento de canon de capturas. Se abandona así el principio de «no subvención» a la flota pesquera, enunciado en su día algo irreflexivamente. Además, España se compromete a financiar todos los programas de investigación pesquera marroquí, la formación de sus técnicos, tanto en nuestro país como a bordo de barcos españoles (con dos marineros por barco de más de 150 toneladas), la construcción de una fábrica de hielo de veinticinco toneladas diarias al norte del cabo Nun y el estudio de una cadena de frío para la pesca.

Lo más grave para nuestra flota sería el mantenimiento de zonas prohibidas a los pesqueros españoles por razones de seguridad, que casualmente suelen coincidir con las partes más ricas del litoral. Aunque ese extremo no figura en el protocolo, la fijación de ventanas reaviva las ingratas experiencias pasadas de nuestros armadores. Hace un par de años los negociadores españoles en la Comunidad aceptaron que se cerrase una de esas ventanas en torno a Irlanda, con el catastrófico resultado de que una parte de la flota gallega que faenaba en esas costas se quedara en seco. Por lo demás, el resto de las condiciones del arreglo con Marruecos son más o menos las mismas que las incluidas en los protocolos trimestrales anteriores, lo que significa, entre otras cosas, que la flota sardinera de Barbate continuará inactiva.

A la vista de las grandes dificultades que la flota pesquera española encuentra en casi todos los caladeros importantes (como los emplazados en aguas comunitarias, mauritanas, noruegas y canadienses), cabe preguntarse si no ha llegado ya el momento de diseñar una política pesquera que valore sensata y realistamente el presente y el futuro de este amenazado sector de nuestra economía. Casi todos los expertos coinciden en afirmar que el sector pesquero, tal y como está estructurado, no resulta viable, de manera tal que los funcionarios estatales encargados de esas cuestiones se han convertido en una especie de retén de bomberos que corre de un lado a otro para apagar fuegos, por lo general previsibles, y que carece de tiempo y de sosiego para reparar los daños. Cada renovación de un acuerdo se lleva consigo un jirón de las posibilidades de captura de nuestra flota, con el resultado final, digno de una comedia de enredo, de que la Administración sienta aversión por un sector cuyo, comportamiento roza a veces la irresponsabilidad.

La estrategia adecuada sería que la, Administración y el sector pesquero uniesen sus esfuerzos -todavía aguarda su turno la ordenación prometida de los pactos de la Moncloa- para articular los mecanismos que pudieran sanear de verdad la situación de nuestra caótica pesca ante un futuro cada vez más incierto. Aunque uno de los factores determinantes de la crisis haya sido la irreversible extensión de las aguas jurisdiccionales hasta las doscientas millas, hay otra causa específica en nuestra situación: el incontrolado crecimiento de la flota española, que aumentó entre 1961 y 1973 en un 70%, con la pérdida de un 15,3% de productividad. El agotamiento de los recursos nacionales, consecuencia forzosa de todo lo anterior, exige, para su recuperación, planteamientos a largo plazo que incluyan el establecimiento de zonas de veda, medidas rigurosas de mallaje, regulación precisa de las artes y una severa vigilancia tanto en el mar como en la lonja.

La renovación y modernización de la pesca de altura no puede demorarse por más tiempo, a fin de adaptarla a las pesquerías de cada zona, reducir sus costes de combustible y conseguir el máximo rendimiento. El exceso actual de la flota podría, tal vez, utilizarse para la constitución de empresas mixtas con aquellos países ricos en caladeros, pero faltos de técnica pesquera. La reorientación de las relaciones comerciales tradicionales con otros países podría igualmente, permitir el intercambio de cuotas de nuestro mercado interior contra la permanencia en sus caladeros.

La peregrinación de la Subsecretaría de Pesca, en los últimos años, en busca de ministerio -primero en Comercio, luego en Transportes, ahora en Agricultura- enseña más que mil ejemplos del descuido con que la Administración española se ha tomado la política pesquera. Por esta razón, el definitivo alojamiento en el organigrama estatal de ese ámbito de competencias es la primera condición para que el sector pesquero tenga como interlocutor oficial a funcionarios con larga experiencia, conocimiento de los problemas técnicos y preocupaciones a largo plazo. Sólo de esta forma es concebible que el actual lema de pescado para hoy, hambre para mañana deje paso a un drástico replanteamiento, con previsión del futuro, de nuestra política pesquera.