Voluntad política en vez de leyes

LA IRREFLEXIÓN que rodeó el proceso inicial de elaboración del proyecto de ley de defensa de la Constitución, enviado por el Gobierno a las Cortes a comienzos de la semana pasada, parece haber entrado en un cierto remanso de serenidad política y de cordura jurídica. Los trabajos de la ponencia y de la Comisión de Justicia han arrojado por la borda buena parte del lastre que amenazaba con hacer naufragar, antes de llegar a puerto, a una norma fabricada chapuceramente, a toda prisa y con pésimas herramientas, en un clima de amedrentamiento y de nerviosismo. Sería del todo punto deseable que el Pleno del Congreso culminara esa labor que desbroce y, que limitara el objeto de la nueva disposición a colmarlos eventuales huecos existentes en el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, una ley que se propone defender la Constitución no puede atentar contra los principios de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica y responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que la propia norma fundamental garantiza en el artículo 9 de su título preliminar. Ni debe tampoco situar a la libertad de expresión y a los demás derechos fundamentales reconocidos en el título 1 en la triste condición de realquilados expuestos a un súbito y arbitrario desahucio, por el malhumor de un ministro, de un fiscal o de un magistrado.En anteriores comentarios tuvimos ocasión de señalar las redundancias, las imperfecciones, los peligros y los aspectos inconstitucionales del proyecto de ley del Gobierno, sólo parcialmente rectificados gracias a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Habrá que aguardar a las votaciones del Pleno para saber hasta dónde los reflejos autoritarios van a prevalecer sobre los hábitos democráticos, el menosprecio por el derecho sobre el respeto a los principios jurídicos y la arrogancia del poder sobre la libertad de expresión.

Entre tanto, no está de más recordar que no son tipos delictivos, penas sancionadoras o procedimientos criminales de nuevo cuño lo que la Constitución necesita para ser defendida. Constituye también un viejo principio jurídico, incluido en nuestra legislación, que la responsabilidad criminal no se limita sólo a los autores -ejecutores materiales, inductores directos o cooperadores necesarios-, sino que se extiende también a los cómplices y a los encubridores, sin más excepción -legitimada por la necesidad de defender la libertad de expresión- que la responsabilidad en cascada para los llamados delitos de imprenta. Finalmente, las figuras de la conspiración, la proposición y la provocacíón para delinquir están perfectamente definidas, junto al delito consumado, el delito frustrado y la tentativa, en los artículos 3 y 4 del Código Penal.

Más que aumentar las penas o que estirar los tipos delictivos hasta grados de abstracción e imprecisión que violan la seguridad jurídica, lo que se precisa es un Poder Ejecutivo con voluntad política para defender a la Constitución de sus enemigos y no al Gobierno de sus oponentes o de sus críticos: Porque la promulgación de nuevas normas puede ser una manera de disimular la medrosidad, la pasividad, la indolencia o la ausencia de imaginación de los gobernantes y una forma fraudulenta de sustituir una acción eficaz por el vano estruendo de esa manía leguleya que caracteriza a nuestra clase política, tan escasamente dotada, por otra parte, para producir normas técnicamente bien hechas. Y sería una triste historia que ese Poder Ejecutivo, incapaz de promover conductas positivas en favor de la Constitución, o de reformar el aparato estatal para que no sirva de cobijo y de plataforma a los enemigos de la democracia, o de afrontar sus intransferibles responsabilidades, forzara al Poder Legislativo a aprobar una ley que, a falta de otro uso mejor, sirviera en el futuro para encarcelar demócratas, sofocar libertades y cerrar periódicos, revistas o emisoras de radio.