Necesidad de una nueva política bibliotecaria

Mala suerte ha tenido en España la biblioteca pública, institución que brotó al mediar el siglo XIX en el mundo occidental, como con secuencia del desarrollo industrial, de la extensión de la enseñanza a capas cada día más amplias de la sociedad y de la aparición de las ideas democráticas.Hay un mal de origen en el nacimiento de nuestra organización bibliotecaria, que no surgió, como en los países anglosajones, para satisfacer las necesidades de conocimiento y recreo de la población en los más bajos niveles económico y de educación, sino para conservar antiguos y valiosos libros que, a causa de leyes desamortizadoras del siglo XIX, habían quedado expuestos al robo y a la destrucción.

Para evitar su pérdida se creó, en 1856, la Escuela de Diplomática, y dos años más tarde, la organización bibliotecaria española y el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios encargado de regirla. La formación humanística que impartía la escuela, coincidente con la temática de los libros que habían ido a parar a las pocas bibliotecas existentes o a las nuevas provinciales que se habían creado, insensibilizó, en general, a los bibliotecarios durante muchas décadas en relación con las demandas de las clases populares. Es la mentalidad denominada menendezpelayista, porque contribuyó a su continuidad el deslumbramiento que la fuerte personalidad de Menéndez Pelayo produjo en los más ilustres bibliotecarios durante los trece años en que fue su jefe.

Pero hubo en España otra corriente de pensamiento bibliotecario, la popular, que ya aparece en Ruiz Zorrilla (1869) cuando declaraba que el afianzamiento de la libertad estriba en el robustecimiento de la inteligencia del pueblo, y que conseguirlo supone la extensión de la enseñanza y la creación de bibliotecas populares. Es una idea guadiana, que se ocultó algunos años y rebrotó en la segunda década de este siglo con los ministros liberales de Canalejas (Jimeno y Alba).

La misma idea volvió a resurgir al llegar la República, en las bibliotecas de misiones pedagógica y en las municipales iniciadas por la Junta de Intercambio y, después de la guerra civil, inspirándose en los destruidos ateneos obreros de Asturias, dio origen a los centros coordinadores de bibliotecas, que facilitaron en los treinta y tantos años últimos el acceso al libro a bastantes habitantes de los medios rurales, gracias al entusiasmo de un grupo de bibliotecarios con más sentido de la solidaridad social que recursos económicos.

Parecía que en nuestros días el cambio de régimen traería un desarrollo espléndido de las bibliotecas públicas, como había sucedido cuando se proclamó la Segunda República, porque los partidos políticos tienen muy desarrollada la sensibilidad social y desean mejorar la calidad de vida y la capacidad intelectual, especialmente de las personas que integran los estratos más necesitados. Sin embargo, no ha sido así y nuestras bibliotecas siguen languideciendo, como si en el país no hubiera pasado nada.

Papel de los partidos

Probablemente no todo es culpa de los partidos políticos, que no han prestado en sus programas atención suficiente a la lectura pública. Pero su proceder es explicable por el hecho de que el pueblo no muestra por ella un interés similar al que siente por la enseñanza formal que proporciona títulos académicos o por contemplar en la televisión un partido de fútbol o las peripecias de un gran relato.

Este desinterés; puede deberse al escaso desarrollo del hábito de frecuentación de las bibliotecas, consecuencia de una deficiente formación educativa, de la falta de bibliotecas y de defectos de organización de las existentes.

No bastarán, pues, los recursos económicos, por muy generosos que sean. Hace falta una nueva mentalidad, una tercera etapa en el pensamiento bibliotecario español que evite la imposición de gustos obsoletos o la oferta de información no pertinente.

Es ya urgente que bibliotecarios y políticos, en estrecha colaboración, y después de oír a los lectores, elaboren una política bibliotecaria ágil e imaginativa, pues sería realmente triste que en la descentralización inmediata de las bibliotecas públicas, que, en principio, debe favorecer la adecuación de los fondos bibliográficos al gusto, capacidad y necesidad de los lectores, perduraran los viejos vicios paternalistas y que los responsables de los servicios bibliotecarios en los Gobiernos autonómicos sintieran la tentación de obrar como régulos dictando cuáles son los libros buenos y los malos.