La entrada en vigor de la Constitución chilena no permite augurar ninguna liberalización del régimen

El general Augusto Pinochet, que se convertirá hoy en el 26º presidente de Chile en virtud de una Constitución aprobada el pa sado 11 de septiembre, con el 65% de los sufragios emitidos, ya ha anticipado que durante su próximo mandato presidencial de ocho años no habrá ninguna apertura política, que los partidos seguirán proscritos y que se mantendrá el Estado de sitio vigente en el país desde el golpe militar que en 1973 derrocó a Salvador Allende.

El plebiscito que permite al general Pinochet, sucederse a sí mismo en la jefatura del Estado, ahora bajo una aparente legitimidad constitucional, ha sido rechazado por todos los partidos políticos chilenos, por la Iglesia y por la mayoría de los sectores sociales no comprometidos con el sistema. Este corresponsal pudo constatar sobre el terreno la veracidad de las denuncias: persecución sistemática de los opositores, campaña propagandística abrumadora por el sí, falta de libertad de expresión, manipulación del voto y ausencia absoluta de control sobre el escrutinio.El general golpista pretende, incluso en los aspectos litúrgicos, dar una apariencia de normalidad a su toma de posesión. Para ello, ha acelerado los trabajos de reconstrucción del palacio de la Moneda, sede de los presidentes constitucionales, cuya estructura sufrió graves daños por el bombardeo aéreo a que fue sometido durante el golpe de Estado.

El socialdemócrata Partido Radical, miembro de la Internacional Socialista, ha manifestado que hoy será el día más negro de la historia chilena, ya que «el general Augusto Pinochet profanará la casa de los presidentes, regresando a ella como lo hacen todos los asesinos al lugar del crimen».

Unos 5.000 soldados especialmente uniformados para la ocasión protegerán el desfile presidencial desde la catedral al palacio de la Moneda. Funcionarios, miembros de las organizaciones femeninas adictas al sistema y alumnos de las escuelas estaban siendo reclutados urgentemente días atrás para dar al acto una cobertura civil.

Al margen de las declaraciones continuistas del propio Pinochet, muchos políticos temen que la fachada legal adquirida por el régimen va a propiciar un recrudecimiento de la represión, algo que ya ha sido constatado y condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en una reciente reunión en la que el representante estadounidense fue el único defensor de las autoridades chilenas.

El endurecimiento de la política chilena resulta por lo demás evidente a la luz de las últimas detenciones registradas por decenas en todo el país, sin respetar ni una manifestación apartidista que pretendía celebrar el Día Internacional de la Mujer. Dada la vigencia del estado de sitio, que promete ser renovado regularmente durante los próximos ocho años, cualquier persona puede permanecer detenida durante veinte días sin ser enviada al juez. La tortura sigue siendo, por lo demás, una práctica policial denunciada todos los días.

Ante este estado de cosas, partidos como el socialista o el comunista, que hace meses renunciaron implícitamente a la violencia, en espera de una apertura política nacida desde dentro del sistema, se pronuncian en sus últimos comunicados a favor del derecho a la insurección armada.

Como contrapartida, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, anuncia una nueva ley antiterrorista que restablece los tribunales militares y los procedimientos sumarísimos, equiparables a los de una situación de guerra.

La Constitución que hoy entra en vigor oficialmente en Chile no cambia en nada, por otra parte, la situación anterior, ya que las disposiciones finales establecen un período transitorio de ocho años, durante los cuales el poder ejecutivo y legislativo son ejercidos por el presidente, auxiliado por una Junta de Gobierno Militar que integran los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los carabineros.

Todo ello no le impide, sin embargo, declarar que no se siente un dictador, y que en Chile no hay ninguna dictadura.