Las diputaciones no aceptan que el Gobierno les deje en la bancarrota

El Ministerio de Administración Territorial ha reconocido que los presupuestos de las diputaciones españolas sufrirán un recorte considerable este año, pero negó que existiera una voluntad política de dificultar la vida de las corporaciones provinciales. Sin embargo, la comisión de gobierno de la Mancomunidad de Diputaciones no está dispuesta, según se puso de manifiesto en una entrevista celebrada el miércoles, a permitir que el Gobierno les coloque en una situación de bancarrota.Los ministros de Hacienda, Jaime García Añoveros, y de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, explicaron a los representantes de la Mancomunidad que la recaudación prevista a nivel estatal por el impuesto de tráfico de empresas (ITE), utilizado en gran parte para dotar a los organismos provinciales de sus fondos anuales, había sido muy inferior a lo previsto, y de ahí la necesidad de reducir las transferencias de este ejercicio. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Administración Territorial declararon a EL PAIS que en absoluto se trata de coartar la actividad de las diputaciones por intereses partidistas, ya que, entre otras razones, la mayoría de aquéllas están gobernadas por miembros de UCD.

El miércoles por la mañana se reunieron en Madrid representantes de las nueve diputaciones presididas por socialistas para analizar la grave situación económica en que les colocan las disposiciones ministeriales publicadas en una orden el pasado 28 de febrero (véase EL PAIS del miércoles). De la reunión salió un comunicado en el que se exige que se cumplan las transferencias estatales que la Administración central estableció para el año 1980 y que el montante de los recursos para el ejercicio actual no represente una disminución, en pesetas constantes, sobre el anterior.

Las diputaciones gobernadas por la izquierda participan poco en la vida de la Mancomunidad y no están representadas en su comisión de gobierno. Sin embargo, en la reunión mantenida en la tarde del miércoles por ambos ministros estuvieron presentes José María Rodríguez Colorado y el representante de Valencia.

Política paternalista

Ambos ministros prometieron a la comisión de gobierno de la Mancomunidad que se buscarían las medidas correctoras necesarias, aunque las que se mencionaron como posibles en ese momento fueron rechazadas de plano. En el caso de Madrid se prometió que la cantidad fija de pesetas por habitante se incrementaría hasta las 1.150 pesetas, aproximadamente (el año pasado era de 1.496, y la orden del 28 de febrero la reducía a 747 pesetas). Como aun así habría un déficit importante, se ofreció que las diputaciones confeccionasen sus presupuestos y que los presentaran a la Administración central, quien, en razón de su importancia y urgencia, habilitaría de alguna forma los fondos necesarios para su realización.José María Rodríguez Colorado declaró ayer a este periódico que la oferta era absurda, por razones tanto económicas como políticas. La reducción del presupuesto lleva a las diputaciones a la imposibilidad de cumplir sus proyectos, a suspender las ayudas a los municipios y, en definitiva, a convertirse en organismos agonizantes. Políticamente, la oferta ministerial supone renunciar a la autonomía de las corporaciones locales y admitir el papel «paternal» de la Administración central, que asigna recursos arbitrariamente, según sus propios juicios. «Por ahora, la situación se presenta en términos muy graves», añadió.