Prudencia del sector bancario ante el anuncio de reforma del sistema financiero

Las noticias sobre una inminente reforma del sistema financiero han sido acogidas en el sector con una mezcla de sentimientos encontrados, que van desde el escepticismo a la esperanza. La tradicional discreción bancaria ha jugado una vez más a la hora de evaluar Ios posibles efectos de esta reforma. Mientras confidencialmente, abusando del off the record, cualificados representantes del sector no tenían ningún inconveniente en exponer sus críticas al proyecto gubernamental, oficialmente rechazaban pronunciarse o lo hacían de forma ambigua y poco comprometida. Lo que sí pareció detectarse es un desigual grado de información entre los medios consultados por EL PAIS. Así, mientras los representantes de algunas de las entidades incluidas dentro del grupo de los «siete grandes» parecían estar perfectamente al corriente del proyecto, los responsables de las pequeñas y medianas entidades mostraban un claro desconocimiento de todo lo que no fuesen las líneas maestras de la reforma. Otro tanto ocurría con el nivel de aceptación expresado por las distintas entidades, y aunque ninguna se mostraba plenamente satisfecha del contenido del proyecto de decreto, las críticas oscilaban desde la necesidad de complementar su contenido con una serie de medidas adicionales, hasta poner en duda su existencia, y, sobre todo, la inmmencia de su aprobación.

Negociaciones restringidas

Estas contradicciones parecen avalar las tesis de quienes apuntan que sólo los grandes patronos bancarios han tenido acceso directo a las negociaciones con las autoridades económicas y que, en definitiva, serían los grandes bancos los más beneficiados o los menos perjudicados con la reforma.La justificación a tan tajante afirmación vendría dada, por una parte, por el hecho de que prácticamente sólo la gran banca está en condiciones de pagar más caros sus depósitos, en el supuesto caso de que la liberalización comportase una subida automática de los niveles de retribución a los depósitos, y de incrementar, por otra, sus dividendos sin que por ello se pusiese en peligro su solvencia.

Algo en lo que casi todos los representantes del sector consultados parecen estar de acuerdo es en que la liberalización de los tipos pasivos no comportaría un incremento sustancial en el nivel de depósitos, ya que el techo con el que se cuenta es el de las disponibilidades líquidas del sistema, y el volumen de recursos que pueden aportar las «economías de calcetín», que se podrían sentir atraídas por una mayor retribución a sus depósitos, no deja de ser marginal.

Paralelamente, los mismos medios han minimizado la importancia que para los empresarios puede tener el establecimiento de un tipo de interés de referencia para las. operaciones de activo, señalando que la propia práctica empresarial enseña bien a las claras el modo de calcular el coste del crédito.

Los más reticentes a las medidas reformadoras señalan que una liberalización de los tipos de las operaciones pasivas conllevaría inmediatamente una elevación de las retribuciones a los depósitos. Incremento que habría de ser repercutido sobre el coste de los créditos, con su consiguiente efecto de desánimo a la inversión. Medios, próximos a las autoridades monetarias insistieron en que la liberalización de los tipos de interés a los depósitos a plazo superior a los seis, meses, no supone más que el reconocimiento a una situación de hecho, que ha consagrado la práctica de los extratipos como método habitual de retribución a los depósitos considerados «interesantes».

En el caso de que la liberalización produjese una carrera de tipos de interés como la que desató la ley Barrera sobre expansión bancaria en la apertura de nuevas sucursales, a la que se podría sumar una carrera por incrementar los dividendos como forma de atraer nuevos accionistas, parece claro que serían los bancos, que actualmente están atravesando momentos comprometidos, quienes más lo sufrirían, y es precisamente en este punto en el que los representantes de los siete grandes se muestran más temerosos. Nuevos bancos en apuros supondrían nuevas intervenciones del Fondo de Garantía de Depósitos, y esto, a su vez, representaría nuevas aportaciones de la comunidad bancaria para salvar a sus miembros en apuros, con la consiguiente repercusión en las respectivas cuentas de resultados. Aunque algunos medios han apuntado la posibilidad de que la Administración hubiese expuesto su intención de abandonar a los bancos mal gestionados a su suerte, los representantes del sector se muestran francamente reticentes a creerlo y recuerdan que en nuestro país son escasísimos los casos que se han dado.

Otro punto en el que los bancos se muestran casi unánimes es en desconfiar de la capacidad de autodisciplina del sector público a la hora de racionalizar sus gastos. Es decir, que no confían en la posibilidad de que se produzca una reducción inmediata del déficit del sector público (casi siempre corriente), y, por tanto, piensan que las demandas de financiación a las economías privadas se mantendrán, con la competencia que ello les supone.

Una díficil elección

Se plantea un auténtico «dilema hamletiano». Si se incrementan los precios del pasivo, automáticamente se incrementarán las tarifas de las operaciones bancarias de activo, con lo que se penaliza al inversor retrayendo aún más la actividad productiva. Si, por el contrario, los tipos de las operaciones de pasivo flexionasen a la baja serían los rentistas los perjudicados.La inexistencia de una organización de consumidores con implantación en nuestro país es una de las razones por las que, según fuentes bancarias, se desconoce cuál es la postura exacta de los clientes bancarios al respecto, y es lo que posiblemente incite, según los mismos medios, al Banco de España a adoptar posturas enfrentadas a la banca que de alguna manera resultan contrarios a los planteamientos de institución titular del sector.

En definitiva, matices políticos aparte, lo que parece cuestionarse en estos momentos es el modelo a adoptar. O se apuesta por una economía de rentistas, en la que el dinero resulte caro, pero en la que los niveles de seguridad para el dinero invertido resulten elevados, o, por el contrario, se opta por lo que se podría llamar una economía industrial, en la que los niveles retributivos al ahorro resultasen relativamente bajos, ofreciéndose, por tanto, unas posibilidades de financiación para las empresas mucho más atractivas.

En estos momentos nos encontramos más cerca del primer presupuesto que del segundo, y según algunos especialistas, esta protección del rentista a ultranza, en detrimento de las posibilidades de mayor actividad industrial, con el consiguiente descenso de los niveles de paro, a la postre sólo acabará beneficiando a las grandes concentraciones de capital. Los fondos de los pequeños y medianos ahorradores terminarán absorbidos por la inflación generada en la financiación del sector público.

Las espadas permanecen en alto por el momento, y los matices de esta esperada reforma están aún por conocer. Habrá que esperar al próximo Consejo de Ministros y ver cuál es la redacción definitiva de este proyecto, pues cuando algún alto ejecutivo bancario ha expresado sus serias dudas de que salgan adelante aspectos concretos, como sería, por ejemplo, la liberación de dividendos, la prudencia y la espera son las actitudes más recomendables que se pueden adoptar.