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Funcionarios de la Diputación oponen resistencia a la rescisión del contrato de Las Ventas

Presuntos incumplimientos fiscales económicos y administrativos de Taurina Hispalense

El presidente de la Diputación de Madrid ha designado a la diputada provincial María Gómez de Mendoza juez instructor del expediente sobre cumplimiento del contrato de arrendamiento de Las Ventas, y secretario, a José Nicolás Carmona, vicepresidente de la Corporación. Con ello se inicia la fase final de este complicado tema, en el que los partidos políticos representados en el Consejo Taurino de la Diputación han adoptado la decisión firme y unánime de rescindir, mientras existen indicios de que alguna parte del alto funcionariado de la Corporación ofrece resistencia pasiva, a fin de que no prospere esta medida y Taurina Hispalense continúe como empresa de la plaza.

Seguramente por añoranza de la Diputación franquista, con la que tan cómodamente les iba, y defender el nefasto pliego que aquélla engendró. Pero, para su pasmo, se encuentran sirviendo a una Diputación democrática que, por primera vez, elude su cómodo e irresponsable papel de rentista, para preocuparse del correcto destino que se debe dar a la plaza, poniendo sobre cualquier otro interés los legítimos de los aficionados y de la fiesta. De ahí la propuesta de rescisión que han decidido unánimemente PSOE, UCD y PCE, en base a claros indicios de incumplimiento de contrato por parte de T. H. La historia de los mismos se enmarca en el siguiente proceso:1. Diodoro Canorea gana la subasta de Las Ventas con su oferta de 161.257.000 pesetas.

2. Se constituye Taurina Hispalense en enero de 1979, con el exclusivo objeto de explotar Las Ventas. Los socios y Canorea -que también lo es- suscriben un documento privado, en el que destacan los siguientes términos: Canorea manifiesta que su actuación como empresario no es en beneficio propio, sino en el de TH, para la defensa de los intereses de la sociedad y los fines que inspiraron su constitución; Canorea no podrá actuar con independencia en la gestión de la plaza, sino que se atendrá a los acuerdos de la sociedad; otorgará los poderes que le sean solicitados para el control y funcionamiento de la plaza; todos los socios firmaron avales a favor de Canorea ante el Banco Internacional de Comercio, para que éste accediera a prestar, a su vez, aval ante la Diputación, por la totalidad del canon y por el importe de la fianza (más de 33 millones). Se trata, en definitiva, de un subarriendo inconsentido, expresamente prohibido por el contrato de arrendamiento.

3. La temporada 1979 se resuelve con fuertes pérdidas. Canorea solicita y la Diputación acepta el cambio de titularidad a Taurina Hispalense (la Corporación no tenía prueba del subarriendo, que ha obtenido recientemente).

4. José Luis Martín Berrocal consigue los necesarios avales del canon para la temporada 1980 y se convierte en consejero delegado de Taurina Hispalense. Hace numerosas declaraciones a los medios de comunicación, descalifica a la mayor parte de los empresarios y promete una maravillosa temporada.

5. La Diputación nombra un Consejo de Administración de la plaza de Las Ventas y Asuntos Taurinos, al objeto de vigilar el cumplimiento del arriendo, y elabora un reglamento de régimen interior, que suscribe TH.

6. La sociedad comunica a la Diputación los carteles de la feria de San Isidro, pero no los precios. Responde la Corporación con un escrito en el que pide precisiones sobre los carteles, exige se incluya una novillada más como está previsto en el contrato, y reclama la relación de precios, a lo que no obtiene contestación. Conoce los mismos cuando aparecen los carteles en la calle y las localidades estaban a la venta, y aprecia que diecinueve tipos de entradas han rebasado la subida límite del 35%, lo cual denuncia por escrito a la empresa.

7. La feria se desarrolla con múltiples irregularidades: hay sustituciones indebidas, cambios de ganaderías no anunciados, ausencia de toreros contratados (pero que se anuncian en los carteles hasta el último momento), infracciones reglamentarias y ostensibles protestas en los graderíos.

8. El Ministerio del Interior apercibe de inhabilitación a Martín Berrocal y TH, y les impone dos multas de dos millones de pesetas cada una por irregularidades en la lidia y anuncio de sendos toros sobreros. También otra multa de 200.000 pesetas por presionar desde el ruedo contra una decisión presidencial que pudo provocar la alteración del orden.

9. Con independencia de la subida de precios no autorizada, éstos están, habitualmente, durante el resto de la temporada, por encima de la categoría de los espectáculos. Por ejemplo, en las corridas mixtas, donde actúan un rejoneador desconocido, un matador de tercera categoría y un novillero principiante, los precios son de corrida de toros.

10. En las corridas de otoño no figuraron diestros de categoría especial, como exigía el contrato.

11. El ganadero Salustiano Galache denuncia el impago de una novillada de su propiedad, lidiada en el mes de agosto en Las Ventas. Existen reclamaciones de honorarios por parte de los diestros Manili y Joaquín Bernadó. La Federación de Organizaciones Profesionales Taurinas denuncia el impago a de terminados toreros por parte de TH. En el mismo sentido se pronuncia la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles.

12. El presidente de la Diputación se dirige al delegado de Hacienda en Madrid en solicitud de aclaración de la situación fiscal de TH, pues existen fundados indicios de que esta sociedad no ha abonado las retenciones referidas al impuesto de la renta de las personas físicas correspondientes a los toreros que actuaron durante las temporadas de 1979 y 1980. Existe una notificación de apremio y requerimiento por impago de la Contribución Urbana. La Inspección de la Seguridad Social levanta actas de infracción y obstrucción por impago de cuotas correspondientes a dos empleados de la empresa, que importan 1.289.966 pesetas. TH no ha liquidado la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial correspondiente a las ocho primeras corridas de 1980 (supone 1.320.000 pesetas).

El padre de José Luis Martín Berrocal, que al parecer está dispuesto a conseguir para su hijo -y por tanto para TH- los avales del canon para la temporada de 1981, ha enviado a su abogado, el señor Manduit, a negociar en la Diputación la continuidad de la empresa. Simultáneamente, el Consejo Taurino prepara un nuevo concurso de Las Ventas, por si la recisión llegara a consumarse. A su aire, determinados funcionarios, añorantes de la Diputación anterior, preparan la estrategia favorable a la no rescisión, que si tiene resultados sumiría en el mayor de los ridículos a los diputados demócratas. Y a todo esto, los aficionados aguardan el desenlace que sepan darle los diputados, a quienes votaron en su día, con la esperanza -acaso remota- de que la fiesta de toros en Madrid se desarrolle, al fin, con la plenitud y la categoría debidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de diciembre de 1980