El libro y Correos

LAS PROMETEDORAS perspectivas abiertas por los viajes del Rey a Latinoamérica han sido insuficientemente aprovechadas por el Gobierno, siempre presto a las euforias repentinas y casi nunca capaz de un trabajo constante y eficaz en este terreno. Nuestras autoridades han modificado algunas metáforas en los discursos solemnes sobre los lazos que nos unen con las repúblicas del nuevo continente, pero no han alterado sustancialmente su manera de considerar la proyección de la cultura española en aquellas tierras y de dar a conocer, en las nuestras, las obras que enriquecen ese patrimonio común. La probable concesión del Premio Miguel de Cervantes a Juan Carlos Onetti o a Octavio Paz, después de que Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges lo recibieran en años anteriores, mostraría que el combate contra el provincianismo peninsular sigue ganando batallas, pese a ese monumento a la trivialidad y a la paletería que es el programa 300 millones. Pero esos justos homenajes a grandes escritores coexisten con una generalizada insensibilidad oficial acerca de la unidad del área idiomática y cultural que nos liga con los países latinoamericanos y de la necesidad de impulsar en las dos direcciones la comunicación y el entendimiento.Sirva de botón de muestra un ejemplo de las barreras que obstaculizan los intercambios culturales con Latinoamérica. La industria editorial española, que durante muchos años hizo más por la presencia de nuestras letras en aquel continente que toda la retórica oficial de la Hispanidad, encuentra cada vez mayores dificultades para situar su producción al otro lado del Atlántico. Aunque las grandes firmas pueden utilizar la carga aérea -pese a la escasez de bodegas disponibles para los envíos- o arriesgarse a las inseguridades e irregularidades de la carga marítima, la inmensa mayoría de los pequeños y medianos ediaores se ven obligados a recurrir a la vía postal. Pero resulta ahora que Correos amenaza con un nuevo incremento de sus tarifas para principios de 1981 que haría incosteable el envío de libros por este procedimiento a los mareados latinoamericanos, además de castigar severamento la depauperada vida cultural española encareciendo la distribución de libros en las zonas rurales más apartadas del país. Las anteriores elevaciones de tarifas postales significaron ya una disminución casi del 80% en los envíos de libros por correo a países como México, Venezuela y Argentina. ¿Se pretende, tal vez, anular la presencia de la industria editorial española de pequeña y mediana dimensión en provecho de nuestros competidores japoneses o estadounidenses?

Correos sólo puede justificar su condición de monopolio por su carácter de servicio público. En ese sentido, la utilización de criterios de estricta rentabilidad económica desvirtuaría su actual naturaleza. Pero lo más grave es que este monopolio estatal, que en sólo cuatro años ha elevado su déficit de 6.000 a 16.000 millones, pretenda enjugarlo aumentando las tarifas y no reduciendo costes y mejorando su eficacia y productividad. Sin contar, por lo demás, con la conveniencia de que los servicios públicos presenten no sólo un balance económico de su actividad, sino también un balance social que permita evaluar su grado de eficacia para cumplir la función pública que se le ha encomendado en régimen de monopolio.

A principios de este año fue creada una comisión mixta, con participación del Ministerio de Transportes, el Ministerio de Cultura y el sector profesional, para buscar soluciones a los problemas de la difusión del libro en todos sus aspectos. Como en tantas otras ocasiones, el dicho atribuido a Napoleón de que para dejar pudrir un asunto lo mejor es crear una comisión se ha confirmado plenamente. En efecto, la comisión mixta no ha llegado a reunirse ni una sola vez, y no precisamente por culpa del sector profesional. Ahora que la difusión del libro español en Latinoamérica está en juego y que la distribución postal dentro de nuestro territorio puede encarecerse hasta convertir la lectura en lujo suntuario, parece llegada la hora de que la Administración, a la que cabe exigir responsabilidades no sólo políticas, sino también culturales, tome cartas en el asunto y ponga de su parte los mayores esfuerzos para evitar tales atentados.