Las autoridades marroquíes aún no han precisado los cargos contra los pesqueros escapados a su vigilancia

El Ministerio de Agricultura y Pesca inició ayer la apertura de un expediente administrativo a los armadores de los dieciocho barcos pesqueros que escaparon a la vigilancia de las patrulleras y regresaron a Barbate, tras ser apresados el pasado viernes por Marruecos, según informó el Ministerio a Europa Press, que a primeras horas de la madrugada anuló la noticia a todos los efectos. Las sanciones por tal acción, según la información anulada, pueden llegar hasta la inmovilización de los barcos durante tres meses. Las autoridades marroquíes no han precisado los cargos contra los pesqueros. El presidente de la Asociación de Armadores de Barbate aseguró ayer que los barcos no irán a Casablanca.

Las autoridades marroquíes no habían precisado aún el lunes por la noche las acusaciones que en principio deben formular contra los veintiséis pesqueros españoles detenidos desde el viernes pasado, dieciocho de los cuales regresaron al puerto de Barbate, mientras que el resto permanece en el puerto de Casablanca.Esta tardanza de los capitanes de las patrulleras de Marruecos en establecer las actas de apresamiento es, sin embargo, normal, de acuerdo con la experiencia de otros casos anteriores. Lo que no es normal, y resulta cuando menos curioso y paradójico, es que sólo las autoridades españolas, y en particular el ministro de Agricultura, Lamo de Espinosa, han presentado cargos hasta ahora contra los pesqueros españoles.

Más aún, y antes de que los marroquíes certifiquen que hubo delito de fuga en el caso de los dieciocho pesqueros que regresaron al puerto de Barbate, dejando a sus patrones, el ministro español desde el mismo viernes ya parecía entender que existía delito de fuga y en consecuencia instó a los barcos en cuestión a dirigirse al puerto de Casablanca.

Es precisamente ese supuesto delito de fuga el que negaron ayer en declaraciones a EL PAIS, el alcalde de Barbate, Serafín Núñez Sánchez, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Antonio Ruiz Junquera, que se han desplazado a Rabat y Casablanca para efectuar algunas gestiones acerca de las autoridades marroquíes y conversar con los patronos de Barbate.

De acuerdo con la versión de los hechos relatada por Serafín Núñez y Antonio Ruiz a EL PAIS, los dieciocho barcos de Barbate fueron interceptados fondeados al sur de Larache, en zona prohibida, según ellos mismos reconocen. Sin embargo, afirman que las patrulleras marroquíes, cuando se llevaron a los patrones de las embarcaciones y el rol de navegación, les dijeron que se trataba de una inspección de rutina y no les instaron a dirigirse a ningún puerto marroquí.

Según ellos, los pesqueros esperaron dos horas y media el regreso de sus patrones, y al no producirse éste decidieron volver a su base. El alcalde y el patrón mayor de la cofradía de Barbate quieren convencer a los marroquíes de la buena fe de los pescadores y evitar la acusación de fuga, que le daría una dimensión grave a estos apresamientos, y naturalmente asumir las responsabilidades de un caso normal de infracción.

Ambos han solicitado ser recibidos por el ministro de Agricultura español, lo cual puede producirse hoy, martes, a quien deberán también convencer de que no hubo intención de fuga, ya que por el momento éste es el único que ha formulado esta acusación.

Por lo demás, son las autoridades españolas las únicas que hasta ahora han dejado caer todo el rigor de una acción, por ahora verbal, contra los pescadores españoles. La actuación de los marroquíes, por el contrario, ha sido esta vez no sólo extraordinariamente correcta, sino que permiten incluso, bajo «parole» por parte del Consulado español, que los patrones de los dieciocho barcos que regresaron a Barbate pernocten en un hotel de Casablanca, cuando la legislación local les permitiría incluso haberles encarcelado en un caso de fuga, como se ha pretendido.

La Prensa, habitualmente más expresiva, se muestra esta vez muy comedida y se limita a reproducir el testimonio de las acusaciones del ministro español de Agricultura contra los pesqueros.

«Puedo asegurar formalmente que los barcos de Barbate no vendrán a Casablanca», aseguró ayer en esta ciudad el presidente de la Asociación de Armadores de Barbate, Emilio Galvín.

«Si los barcos vienen a Casablanca», añadió Emilio Galvín a Efe, «les serán incautadas las artes de pesca. Esas artes cuestan en torno a los seis millones de pesetas por barco, y no podremos reponerlos. Sería el paro absoluto para 540 pescadores y sus familias, y ante tal situación los patrones han optado por permanecer aquí, pase lo que pase ».

Expediente administrativo

El Ministerio de Agricultura y Pesca en una nota difundida por Europa Press, que luego anuló a todos los efectos, inició ayer la apertura de expedientes administrativos a los armadores de los dieciocho barcos, pesqueros de Barbate que fueron apresados a finales de la semana pasada cuando faenaban en aguas prohibidas al sur de Larache y se dieron a la fuga.

Los mismos medios señalan que «caerá todo el rigor de la ley sobre estos armadores, no sólo por haber contravenido las normas estipuladas en el acuerdo bilateral con Marruecos, que les prohibe expresamente faenar al sur de Larache, sino porque, una vez apresados los barcos, dejaron en el puerto de Casablanca a sus patrones y los tripulantes regresaron ilegalmente a Barbate, sin rol y sin patrón».

«En este orden de ideas», señala el departamento, «hay que recordar que la Administración española lleva ya más de tres años negociando la posibilidad de que la flota de cerco de Barbate pueda faenar al sur de Larache, zona totalmente prohibida en la actualidad para dicha flota. La actitud, por tanto, de los dieciocho barcos en cuestión puede dificultar la buena marcha de estas negociaciones, impidiendo que fructifiquen positivamente».

«Las sanciones que puedan recaer sobre los infractores, dada la gravedad de las faltas cometidas, pueden llegar hasta la inmovilización en puerto de los barcos durante tres meses, sin perjuicio de las sanciones que hayan de afrontar por parte de las autoridades marroquíes».

La orden de Madrid

Un miembro de la Dirección General de Pesca de Marruecos fue quien dio la orden de captura, la semana pasada, de los barcos españoles, según han informado fuentes del programa Onda pesquera, de Radio San Sebastián, que citan como informador a un oficial de la patrullera marroquí que participó en el apresamiento. Aquel funcionario -según las mismas fuentes- participó en las recientes conversaciones que se celebraron entre las Administraciones de España y Marruecos en torno a la pesca en Madrid. El oficial -añade Onda pesquera- ha declarado que la orden partió concretamente desde Madrid, de uno de los miembros que participaron en las conversaciones.

El oficial marroquí, informa Europa Press, ha reconocido que no se le dio orden a todos los barcos españoles para que se dirigieran a Casablanca, por creer que ya conocían los trámites a seguir, y ha precisado que sus órdenes eran obligar a todos los barcos a dirigirse a Casablanca para someterse a una inspección rutinaria, sin que existiera ningún cargo en contra de ningún barco.