La empresa pública centra el debate sobre la autonomía

Aun cuando las distintas fuerza políticas con implantación regio nal son conscientes de que el estatuto de autonomía, que habrá de posibilitar el gobierno autonómico del Principado de Asturias, no es la panacea para devolver a la región su grado de desarrollo anterior, es este proyecto de constitución regional quien centra los debates y expectativas de salida inmediata de la crisis económica que afecta a la región.En este sentido, el consenso de las fuerzas de izquierda -PSOE y PCA- ha logrado un proyecto de estatuto de autonomía cuyo punt más conflictivo, por lo que se refiere al aspecto socioeconómico de la región, se centra en torno a su artículo 16, cuyo texto establece que: «El Principado de Asturias propondrá al Gobierno las personas que hayan de formar parte de los órganos de gestión o administración de las empresas pública del sector industrial implantadas en Asturias. Dicha propuesta cubrirá un tercio de la representación que en dichos órganos corresponda al Estado, organismos autónomos u otras entidades de derecho público que participen en las mismas, y se hará mediante terna motivada».

Sin pasar más adelante en el texto de dicho artículo, el grupo parlamentario de UCD ha presentado una enmienda a la totalidad cuyo texto, como explica el presidente del partido centrista en Asturias, Emilio García Pumarino, defiende el principio de participación, pero no entra en la definición de la fórmula para posibilitar la presencia de la región en los órganos de decisión empresarial del sector público implantado en el Principado.

La enmienda ucedista se limita a afirmar que: «El Principado de Asturias participará en el sector público económico estatal radicado en su territorio, en, los casos y actividades que procedan, de acuerdo con la legislación general del Estado». El resto del texto de la enmienda recoge el tercer párrafo del artículo en su redacción defendida por socialistas y comunistas, en el sentido de que el Principado podrá elaborar y remitir al Gobierno informes, estudios y propuestas relativos a la gestión de las empresas de dicho sector o a su incidencia en la socioeconomía de la región.

La concreción del PSOE, cuyo portavoz en la Comisión de Industria del Congreso, Pedro de Silva, viene manteniendo un duro enfrentamiento dialéctico con Industria a propósito de la propiedad de la empresa pública, va más lejos aún y, en el segundo párrafo del artículo 16 del proyecto de estatuto, afirma que: «El Principado de Asturias emitirá dictamen preceptivo con carácter previo a la adopción por el Estado, organismo o entidades que tengan participación en dichas empresas, de acuerdos que impliquen modificaciones sustanciales en su estructura empresarial, financiera, industrial o de empleo, traslado de los centros de trabajo de las áreas geográficas de implantación o afecten significativamente a la socioeconomía de la región».

La oposición gubernamental a este planteamiento se sustenta sobre la base, defendida por el titular de Industria, de que la propiedad de la empresa pública, corno sociedad anónima, es su accionariado, y mientras el Principado de Asturias no participe del mismo no podrá estar presente en su consejo de administración.

En este sentido, abunda el criterio del presidente de Hunosa, José Manuel Fernández Felgueroso, quien asegura que, dentro de la Constitución, Hunosa está dispuesta a posibilitar hasta el límite la participación en su gestión. «Pero, mientras las empresas sigan rigiéndose por la ley de Sociedades Anónimas, la participación viene definida por su propiedad».

En cuanto a las alternativas a la situación económica, al margen de las esperanzas depositadas en el estatuto de autonomía, los planteamientos de principio pueden parecer coincidentes entre los dos partidos mayoritarios de la región, en cuanto a la necesidad de impulsar la reindustrialización que active la economía asturiana y te devuelva el grado de desarrollo perdido.

No obstante, mientras los planteamientos ucedistas irían más por la constitución de una sociedad de desarrollo industrial para la región -«no queremos que se socialice Asturias», dice García Pumarino, «sino ir a una economía mixta, con presencia de la iniciativa privada, impulsada por la actuación en punta de la inversión privada»-, Pedro Silva. explica que la salida socialista a la crisis pasa irrenunciablemente por la creación de un sector público regionalizado.

La fórmula socialista se desarrollaría en torno a un posible instituto de fomento regional, constituido al amparo del estatuto de autonomía.