Los olivareros aceptan la campaña 1980-1981 si se lucha contra el fraude

Si bien no han sido atendidas por el Gobierno todas las demandas del sector olivarero en materia de precios y subvenciones, los productores estarían dispuestos a transigir con el decreto regulador de la campaña oleícola 1980-1981, si se ponen en marcha de una vez las normas anunciadas de lucha contra el fraude y la comercialización, y de promoción del consumo interior a través de una intensa campaña de publicidad nacional.

Este, al menos, fue el criterio unánime expresado en Jaén por unos seiscientos olivareros, reunidos en la asamblea anual de Unión del Olivar Español (Udoe), organización sectorial que agrupa en estos momentos a unos 8.000 agricultores de todo el país.

Las conclusiones finales de la reunión, no obstante, consideran que la ordenación olivarera es «ilegal y discriminatoria», así como injusta, «porque la ayuda y precio fijados al aceite de oliva no sigue los criterios de la CEE». Del mismo modo, se denuncia que el incremento de precios fijado para el aceite de oliva es inferior al aplicado a otros productos agrarios que necesitan menos mano de obra. «Al ser insuficiente el precio (126 pesetas/kilo) más subvención», señala Udoe, «disminuirá la rentabilidad del olivar, teniendo los productores que abandonar la realización de determinadas faenas.

Por otro lado, los olivareros insistieron en la necesidad de que se aplique la normativa vigente sobre lucha contra el fraude, en beneficio tanto del sector productivo como de los consumidores. En este sentido, se dieron a conocer algunos datos del balance oleícola, en donde se detecta la comercialización de más de 80.000 toneladas de aceite de oliva «inexistentes», es decir, no producidos, pero que el consumidor lo adquiere como tal aceite de oliva. Ello vendría a demostrar que este producto es adulterado con otras grasas, tanto de procedencia animal (esterificada), como de semilla (soja y girasol).