La renovación universitaria y el sistema de oposiciones

La instalación y afianzamiento de la democracia pasa necesariamente por la reforma universitaria. Es cierto que hay quizá problemas más urgentes o perentorios, como puede ser la crisis económica, el paro laboral o la cuestión del terrorismo, pero ni siquiera la solución de todos estos problemas servirá para nada, si no se inicia paralelamente el cambio y la transformación de la enseñanza superior. Es la Universidad como forjadora de hombres y de ciudadanos quien tiene que dotar al profesional español de una nueva «conciencia» que contribuya a la construcción y el establecimiento de la democracia, pues en definitiva es de la Universidad de donde debe salir la futura clase dirigente. Sin embargo, una simple observación de la realidad nos demuestra que en este campo apenas se ha hecho nada o casi nada. Los estatutos de la mayoría de nuestras universidades fueron redactados en época de Franco, y -aunque caducados casi todos ellos- siguen estando provisionalmente vigentes; las elecciones a rector se aplazan de modo indefinido y la Ley de Autonomía Universitaria se congela por tiempo imprevisible...Hubo un momento de esperanza, cuando el 3 de agosto de 1979 el Ministerio de Universidades e Investigación sacó un decreto por el que se proponía «llevar a la Universidad española todas aquellas personalidades de acreditado prestigio en cualquiera de los campos de la ciencia y del saber que vienen desarrollando una constante y permanente labor, bien en España o bien en el extranjero». Aunque el planteamiento era muy restrictivo, pues el decreto se dirigía con exclusividad incorporar personalidades excepcionales a la Universidad española, dejando intacta la estructura de ésta, en medios liberales y democráticos se pensó que era una puerta abierta a futuras transformaciones y que demostraba una inequívoca voluntad de cambio por parte de las nuevas autoridades ministeriales. Esta esperanza se vino pronto abajo y quedó desmentida por la realidad. El espíritu corporativista de los catedráticos tradicionales y las actitudes reaccionarias de la mayor parte de las autoridades académicas dio al traste con todas las expectativas. Los pocos nombres que se pudieron filtrar en las juntas de facultad y a través de los intereses corporativistas de las juntas de gobierno de cada Universidad, se encontraron con el muro infranqueable del consejo de rectores.

El lastre histórico de las oposiciones

Ahora bien, una tarea de análisis como la propuesta exige comprender la estrecha vinculación existente entre ese rechazo para el nombramiento directo de catedráticos numerarios -por el que se repudia a prestigiosos profesores e investigadores- y el vigente y denostado sistema de )posiciones. No se trata de señalar, una vez más, los múltiples aspectos negativos que pueda tener tal sistema, lo que ha sido realizado en numerosas ocasiones y por plumas más competentes que la mía. No se rechazan aquí las oposiciones por sí mismas, que pueden tener, junto a los aspectos negativos aludidos, otros de índole francamente positiva. En realidad, las oposiciones pueden ser buenas o malas, como cualquier otro método de selección del profesorado universitario, y si nosotros las rechazamos aquí no es en base a sus méritos o deméritos abstractos y considerados fuera de las circunstancias concretas del momento que vivimos, sino por la función negativa que tal sistema ha ejercido en el inmediato pasado. Es necesario preguntarse, por tanto, cuál ha sido esa función, y en este sentido la contestación es clara: las oposiciones han sido el instrumento de control ideológico ejercitado por el franquismo para la selección del profesorado universitario.

El proceso es ampliamente conocido. Tras la guerra civil y la subsiguiente diáspora intelectual, las cátedras universitarias quedaron vacantes en su inmensa mayoría. Los puestos vacíos se fueron ocupando con criterios que, en puridad, nada tienen que ver con el valor intelectual, la competencia profesional u otros factores académicos y específicamente universitarios. Esto no quiere decir que no hubiera excepciones y que no se filtraran, bajo ese rígido control, gentes extremadamente competentes en su campo, pero no dejaban de ser excepciones, y como tales confirmadoras de la regla general. Y esa regla es que se atendía principalmente a la filiación política del candidato, a su lealtad comprobada al régimen vigente o incluso a los méritos de guerra debidamente acreditados. Luego, las oposiciones, con tribunales formados por miembros cuya adhesión a la causa estaba fuera de toda duda, hicieron lo demás.

Rellenar cátedras vacantes

Pues bien, éstos son los criterios utilizados en la actualidad por las distintas instancias universitarias para la aceptación o el rechazo de catedráticos numerarios de Universidad. Es curioso que cuando se produjo en la primavera pasada la reunión del Consejo de Rectores que rechazó a cinco de los diez candidatos propuestos por distintas universidades, las razones no fueron académicas o universitarias. Se nos dieron entonces explicaciones sobre la militancia política o la trayectoria ideológica y biográfica tanto de los aceptados como de los rechazados, pero se nos privó de toda información -o ésta fue más bien escasa- sobre la valoración científica o las aportaciones profesionales en el campo de su respectiva competencia. Esto significa, en la práctica, que los criterios utilizados para dirimir estos casos han sido predominantemente de carácter político, y que las juntas de facultad, las juntas de gobierno y el consejo de rectores están ejerciendo la función de filtro ideológico-político que hasta ahora venían realizando las oposiciones. Es enormemente sintomática la conducta que con relación a este tema está siguiendo la Universidad Complutense, cuyo rector, por cierto, lleva más de un año fuera de su mandato oficial. La heredera de la antigua Universidad Central, que en el siglo XIX fue modelo de imitación para el resto de las universidades españolas, debía ser ahora también pionera de la reforma universitaria, y en lugar de eso se ha convertido en refugio de las actitudes más reaccionarias. No hay duda de que constituye una señal muy alarmante el hecho de que dicha Universidad no haya presentado hasta el momento ni un solo caso para el nombramiento directo de catedrático numerario, y que los poquísimos que han llegado a su junta de gobierno han sido sistemáticamente boicoteados por ésta.

És" evidente que con este planteamiento se ha desvirtuado totalmente el sentido que el Ministerio de Universidades e Investigación ha querido dar al decreto de nombramiento extraordinario de catedráticos, reparando injusticias que se han producido por discriminaciones políticas intolerables -o situaciones similares- durante el régimen de Franco. Al adherirse a esta actitud los órganos rectores de la Universidad han manifestado claramente su filiación franquista, aunque de ellos haya que salvar a numerosas y honradas excepciones. La batalla, pues, hay que darla, una vez más, en ese terreno que se ha llamado el franquismo sociológico y del cual la Universidad parece ser una muestra evidente. Las decisiones tomadas por las instancias universitarias respecto del tema que nos ocupa lo ha puesto de manifiesto con una actitud que no puede ser más transparente, tratando de perpetuar los criterios utilizados en el sistema de oposiciones con otros modos.