Hacienda convoca a las comunidades a un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la quita de su deuda

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este jueves a las comunidades autónomas la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero, según fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La cita no tiene todavía orden del día, que se definirá y remitirá a los responsables autonómicos en los próximos días. Sin embargo, sobre la mesa hay la cuestión de las entregas a cuenta para 2025 —congeladas tras el rechazo por parte del PP, Vox y Junts del primer decreto ómnibus del Gobierno—, la reforma del sistema de financiación y sobre todo la quita de la deuda autonómica. El Ejecutivo de Pedro Sánchez también busca reactivar con esas carpetas las negociaciones con sus socios, en especial Junts y ERC, que le reclaman avances concretos en sus compromisos sobre financiación.

Sánchez ya había adelantado esta convocatoria a los gobiernos autonómicos en la Conferencia de Presidentes de diciembre para abordar la asunción de parte de la deuda contraída a través el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en el supuesto de que se trate de las autonomías más endeudadas, u otros mecanismos en el caso de las que no requirieron de ese instrumento. Entonces se anunció esa reunión para enero. No obstante, Montero ha convocado a las comunidades solo unos días después de su elección como secretaria general del PSOE de Andalucía en el congreso regional, que se celebrará en Granada los días 22 y 23 de febrero. El PP andaluz ha encontrado en los acuerdos de financiación entre los socialistas y ERC una baza para arremeter contra la vicepresidenta. Pero Montero ha garantizado que los pactos que permitieron la investidura de Salvador Illa no serán un agravio para Andalucía y ha venido recordando que la Junta podrá beneficiarse de un recorte de deuda en las mismas condiciones que la Generalitat.

A pesar de no haber remitido todavía la orden del día del consejo, las comunidades esperan que este aborde la quita de la deuda autonómica. Según el Banco de España, el conjunto de las autonomías suma una deuda de más de 330.000 millones de euros, más del 60% de ella en manos del Estado, que se hinchó sobre todo durante los años de la crisis financiera. Entonces, varias autonomías ―entre ellas, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía― tuvieron que acudir a los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez, cuyo compartimento principal es el Fondo de Liquidez Autonómica o FLA, después de que los mercados se cerraran a cal y canto a financiarlas. Básicamente, era el Estado quien se endeudaba para conseguir mejores condiciones, y luego concedía créditos baratos a las autonomías. Cataluña es la comunidad que más ha acudido a estas herramientas y que más sigue beneficiándose de ellas: tiene un pasivo total de 88.917 millones de euros, según los datos del tercer trimestre de 2024 del Banco de España. De esa cifra, hasta 77.053 millones los atesora el Estado.

Esquerra Republicana pactó en noviembre de 2023 a cambio de investir a Sánchez una quita de la deuda contraída por la comunidad con el FLA de 15.000 millones de euros, lo cual supone rebajar todo su pasivo de más del 15%. Posteriormente, el Gobierno dijo que esa medida sería extensible a todas las autonomías, también las que no están acogidas al mecanismo de liquidez del Estado o que ya no le deben nada. Es el caso de Madrid, muy beligerante con el acuerdo sobre la condonación, Canarias, Galicia, Asturias y los territorios forales de País Vasco y Navarra, según las últimas estadísticas de Hacienda. A estos territorios se les ofrecería una solución distinta para reducir sus pasivos, contraídos con el mercado, pero se desconocen tanto la fórmula como los importes que se les perdonarían.

La quita del FLA, además, supone reabrir la brecha dentro del Partido Popular entre los barones más pragmáticos, que ven cómo una rebaja de su deuda aportaría oxígeno a sus arcas públicas y los que se oponen a ese recorte. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la deuda rozaba ya antes de la dana los 60.000 millones de euros, lo cual supone el 40% de su Producto Interior Bruto (PIB). Pero también Murcia (20,3%) o Andalucía (19%) desean aligerar esa losa. En cambio, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid ―con una deuda muy inferior, del 12% del PIB―, se ha erigido como la principal detractora de esa medida e incluso ha advertido de que esa oferta del Gobierno equivalía a “repartir miseria”.

Presupuestos

La discusión de esa medida, y posiblemente de la financiación autonómica, permitirán reavivar también las negociaciones del Gobierno con sus socios de Junts y ERC e intentar acordar unos Presupuestos de 2025 a pesar de que Podemos descarta sentarse a hablar por el fin del impuesto a las energéticas. El diálogo con Junts quedó en suspenso cuando su líder, Carles Puigdemont, decidió congelar todas conversaciones para alcanzar pactos sectoriales e incluso votar en contra del decreto ómnibus en primera instancia. Después de conseguir que el Congreso debata una iniciativa que insta a Sánchez a valorar si presenta una cuestión de confianza, Junts quiere seguir negociando cuestiones económicas, como la redistribución de los objetivos de déficit o el modelo de la financiación. Y, de hecho, las entregas a cuenta del modelo de financiación han quedado en el aire hasta que se perfilen avances en ese terreno. Pero también ERC, quien arrancó a Sánchez el compromiso de condonar deuda, quiere ver progresos que también le faciliten apoyar las cuentas de Salvador Illa para la Generalitat catalana.

Las entregas a cuenta son el dinero que las comunidades reciben con antelación del sistema de financiación y suponen el grueso de sus recursos. El modelo prevé que se les reparta una cifra estimada de lo que les tocaría en el ejercicio por la recaudación de impuestos, una cifra que se basa en las previsiones económicas y que para 2025 supera los 147.000 millones de euros, 9,5% más que el ejercicio anterior. A los dos años, se echan cuentas para ver si han recibido más o menos de lo que les correspondía. Mientras tanto, los gobiernos autonómicos se aseguran la liquidez necesaria para los servicios básicos que tienen que prestar —se encargan de la sanidad, la educación y los servicios sociales—. Ya en el pasado se había retrasado la actualización de esos adelantos, vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. La última vez fue el año pasado: el Ejecutivo no logró aprobar las cuentas del ejercicio y finalmente desbloqueó las entregas por decreto.

Las comunidades también están pendientes de conocer la senda fiscal, es decir el margen que tienen para gastar más o menos de lo que ingresan. Estos objetivos suponen el pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado, pero el año pasado el Gobierno no consiguió que fueran aprobados por las Cortes. Junts se alió con el PP y Vox y se opuso a la senda, reclamando más espacio fiscal y metas distintas en función del territorio —actualmente, se establecen los mismos objetivos de déficit y deuda para todas las autonomías—, una pretensión que ha vuelto a poner ahora sobre la mesa junto a la negociación de una financiación singular para Cataluña.

De hecho, la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace una década, está como telón de fondo de todo el debate. El Gobierno ha mostrado en más de una ocasión de su intención de renovarlo, pero es un terreno más que resbaladizo. Por un lado, todas las reformas del sistema han sido endiabladas y el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. Por el otro, los socios independentistas meten presión y mapa autonómico en general también juega en contra: 11 de las 17 comunidades están gobernadas por el PP. Un panorama que complica aún más el encaje los bolillos.