Virtual ruptura de relaciones entre Cuba y Venezuela

En un gesto que se interpreta como una virtual ruptura de relaciones con Venezuela, el Gobierno cubano ha retirado a todo su personal diplomático acreditado en Caracas. La decisión ha sido motivada por el fallo de un tribunal militar venezolano, que absolvió a los cuatro acusados de dinamitar, el 6 de octubre de 1976, un avión cubano en el que viajaban 73 personas, que desaparecieron en aguas del Caribe.

La sentencia del tribunal militar no es firme todavía. Debe ser confirmada o revocada por una corte superior a mediados del presente mes. El cierre provisional de la Embajada de Cuba en Caracas podría ser el anticipo de una ruptura formal en el caso de que los cuatro inculpados sean puestos en libertad de forma definitiva.Entre el presidente Fidel Castro y el Gobierno que preside Herrera Campins se han cruzado estos días durísimas acusaciones, nada usuales en el diálogo internacional. El ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y otros dirigentes de su partido, Acción Democrática, actualmente en la oposición, han sido igualmente severos con el fallo del consejo militar. A las críticas se han sumado también eminentes juristas venezolanos.

Para complicar aún más la situación del presidente Herrera Campins, una periodista de Venezuela, Alicia Herrera, ha revelado en México que los cuatro inculpados han recibido ayuda de policías y políticos desde la llegada al poder del actual Gobierno democristiano. La ex directora de la revista Kena ha manifestado que durante largas entrevistas mantenidas en la cárcel con los acusados pudo ganarse su confianza y conocer algunas de sus actividades.

El cubano Orlando Bosch, conocido militante anticastrista, es considerado como el «cerebro» de la operación. Pocos días después del atentado fue detenido en Caracas, junto con Luis Posada, también de origen cubano. La policía llegó hasta ellos por las declaraciones de dos súbditos venezolanos: Freddy Lugo y Hernán Ricardo, que, según las acusaciones iniciales habían sido los autores materiales de la colocación de la bomba.

Los dos últimos viajaron con documentación falsa en el avión siniestrado hasta la isla de Barbados, donde descendieron. Poco después de confirmarse la desaparición del reactor, propiedad de la compañía Cubana de Aviación, los dos saboteadores eran detenidos en la misma isla, cuando trataban de volar de regreso a Caracas. Las autoridades de Barbados concedieron la extradición solicitada por el Gobierno venezolano, presidido entonces por Carlos Andrés Pérez.

Tras la instrucción inicial de un procedimiento civil contra los cuatro, el asunto pasó luego a la jurisdicción militar. Semanas antes de hacerse público el fallo circularon rumores en el sentido de que los cuatro presuntos terroristas iban a ser liberados por falta de pruebas.

Scotland Yard

La sentencia absolutoria se habría basado, al parecer, en un supuesto informe de Scotland Yard, en el que se asegura que la bomba fue colocada en la bodega de equipajes, a la que no tuvieron acceso los acusados. En medios jurídicos venezolanos ha causado sorpresa este informe, ya que el avión se hundió en aguas muy profundas y no ha sido posible llegar hasta él ni rescatar los cadáveres. El catedrático de la Universidad Central de Caracas, Lío Gómez, ha manifestado, respecto al juicio, que es un caso único en el mundo que un fiscal pase de solicitar la pena máxima -treinta años de cárcel- a pedir la libre absolución.La sentencia del tribunal militar ha recibido una durísima réplica de Fidel Castro, que aprovechó para ello el vigésimo aniversario de la creación de los comités de defensa de la revolución. En un discurso pronunciado ante cerca de un millón de cubanos, Castro culpó directamente a Herrera Campins, como máximo responsable de las fuerzas armadas venezolanas. «Es evidente, es incuestionable y es conocido», dijo, «que el fiscal del tribunal militar recibió instrucciones superiores para solicitar la absolución de los asesinos».

Tras citar que ese mismo fiscal pidió inicialmente treinta años de prisión para los acusados», dijo que, si finalmente las autoridades militares deciden absolver a los terroristas, el Gobierno cubano considerará como responsables del sabotaje al Fiscal, a los jueces militares y al propio Gobierno. Añadió en tono amenazante que, si Venezuela no respeta las leyes internacionales y libera a los cuatro acusados, no puede quedarse si Cuba irrumpe violentamente en su embajada de La Habana y saca por la fuerza a los veintiún cubanos asilados en ella.

El ministro venezolano de Exteriores, José Alberto Zambrano, ha acusado, por su parte, al Gobierno cubano de ser incapaz de entender un principio democrático como el de la separación de poderes. Tras manifestar que el Gobierno de Venezuela ha reiterado siempre su condena al terrorismo, añadió que, a diferencia de Cuba, su país actúa en el marco de un Estado de derecho, cuya base fundamental la constituye el respeto a las decisiones judiciales. Dirigentes de la oposición venezolana consideran, sin embargo, que la sentencia puede estimular los sabotajes aéreos.

En el epicentro de esta historia se ha situado de pronto la periodista Alicia Herrera. Ella ha explicado que, merced a su anterior amistad con el fotógrafo Freddy Lugo, pudo visitar repetidas veces a los acusados, quienes le confiaron que el Gobierno de Herrera Campins estaba «arreglando el expediente» y haciendo todo lo posible «para absolverles por falta de pruebas». También dijo que los recluidos reciben ayuda económica de la policía política venezolana (Disip), a través del comisario Tomás Colmenares, brazo derecho del director, Remberto Uzcategui.