El programa económico

EL OBJETIVO central de la política económica anunciada por el Gobierno es la disminución del paro; esto es, el aumento de los puestos de trabajo gracias a un relanzamiento de la actividad productiva. Durante el período 1975-1978, la caída de la tasa de empleo en nuestro país fue nada menos que diez veces superior a la registrada en la Comunidad Económica Europea, en tanto que la tasa media anual de crecimiento de la producción de bienes y servicios durante ese mismo período alcanzó, respectivamente, el 2,2% y el 2,5%. El crecimiento del paro ha sido todavía más rápido en nuestra economía, porque a la caída de la actividad productiva hay que añadir el regreso de los emigrantes, expulsados de otros países europeos por la crisis, y la llegada masiva al mercado laboral de jóvenes nacidos en la época de las buenas expectativas.Aparte de los factores más generales de la recesión, comunes con otras economías europeas, pueden apuntarse algunas causas específicas de la caída galopante de la ocupación española. De un lado, la baja productividad de la población ocupada durante un período en que los salarios reales españoles crecieron más deprisa que los de nuestros competidores. De otro, la poquedad para sobreponerse a la adversidad de unos empresarios excesivamente acostumbrados a ganancias altas y seguras y sin capacidad para navegar en aguas turbulentas. Finalmente, un marco de relaciones laborales creado por el franquismo para intercambiar seguridad en el empleo contra la falta de libertades sindicales y políticas, excesivamente rígido para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Mientras los jóvenes no encuentran oportunidad para entrar por vez primera en el mercado laboral, aunque sea a través de empleos a tiempo parcial, prácticamente prohibidos todavía por la legislación vigente, las empresas -sobre todo las medianas y pequeñas- siguen practicando el malthusianismo laboral ante el temor de aumentar sus nóminas y de adquirir compromisos laborales de cancelación difícil y cara. Sólo los doctrinarios de un solo libro pueden recetar la medicina de un desempleo sin paliativos para que el mercado recupere la línea. Pero no son los empresarios individuales, sino la colectividad entera, la encargada de evitar, a través de mecanismos solidarios y de las salvaguardias de la seguridad social, la indigencia de los parados. La estrategia gironista de forzar a las empresas a recargar sus plantillas sólo puede conseguir que al final las compañías, torpedeadas en la línea de flotación de su productividad, se hundan con todo el pasaje dentro.

El segundo objetivo de los planes del Gobierno es seguir conteniendo la inflación, condición indispensable para lograr que también caiga el desempleo. Todo el mundo está en contra de la subida de la cesta de la compra. Pero no se puede aspirar a la vez a la contención de los precios y el aumento de los salarios, ya que éstos se hallan también en el origen del crecimiento de los precios. La moderación salarial es el reverso de la reducción de la inflación y del aumento del empleo.

Para la reactivación de la actividad, la defensa de la estabilidad de los precios y el incremento de los puestos de trabajo, el Gobierno parece dispuesto a modificar la naturaleza del déficit presupuestario. Se trataría, en suma de reducir la participación de los gastos corrientes destinados a sueldos, funcionamiento, transferencias y pensiones, y aumentar las inversiones públicas. Pero esto hay que cifrarlo con claridad y realizarlo sin demoras ni vacilaciones. La reforma de la Administración pública y de las empresas estatales no admite ya dilaciones. Por lo demás, el incremento de los salarios y de los sueldos en el sector público no afecta sólo a los costes de trabajo en este ámbito, sino que posee una decisiva importancia para enmarcar las expectativas salariales en el sector privado. Si el Gobierno pretende realmente una moderación salarial no podrá ya nunca más lanzarse a los rumbosos e irresponsables aumentos de retribuciones dentro de su propia casa de años anteriores.

La misma energía y eficacia que el Gobierno debe aplicar al recorte de los gastos corrientes tendría que extenderse a la secuencia de inversiones públicas en el sector de la energía y en obras de infraestructura a fin de crear puestos de trabajo y de inducir una reanimación de la inversión privada. Si el déficit presupuestario se correspondiera efectivamente con un crecimiento de las inversiones públicas, y su cuantía fuera mantenida dentro de límites razonables, no habría motivo para que la financiación del crédito al sector privado resultara obstaculizada. Si el Estado pone en orden su propia casa y predica con el ejemplo esas virtudes de productividad, moderación salarial, laboriosidad y buena asignación de recursos que propone a la sociedad se habrá dado el primer e indispensable paso para que la reactivación económica sea una realidad y para que la creación de nuevos puestos de trabajo comience a desvanecer el fantasma de un paro galopante e incontenible.