Se crearán almacenamientos de vino para evitar especulación en los precios

«La firma del convenio-puente de Daimiel del pasado jueves día 4 y la próxima constitución de la Sociedad Anónima Regulación y Servicios Vinícolas (Resevisa) supondrán un cambio radical en la regulación del mercado vitivinícola e introducirán un sistema de corresponsabilidades entre el Estado y el sector privado que permitan reducir considerablemente las pérdidas de ayuda al sector, que le supusieron al Estado durante la campaña pasada 10.489 millones de pesetas», dijo ayer el presidente del FORPPA, Luis García, en una rueda de Prensa convocada para explicar los problemas estructurales del sector.«Se trata en definitiva», dijo, «de crear unos almacenamientos de vino que impidan estas pérdidas; sería absurda la transformación de vino en alcohol en un año de excedentes (con costes de casi nueve pesetas por litro) si al año siguiente, en una mala cosecha, se tuviera que recurrir a las importaciones, primándolas incluso. Es necesario evitar estas oscilaciones en el mercado, que dan lugar a la especulación».

En este sentido, la constitución de Resevisa presenta la novedad de que en ella están representados todos los sectores. La sociedad, que cuenta ya con un borrador de estatutos, quedará constituida, en poco más de un mes, con un capital social de cien millones de pesetas. La participación será de un 10% para el Estado, 45% para las cooperativas (unas 850 en toda España, que suponen casi el 60% de la producción) y el 45% restante para los grupos exportador y envasador. En tanto queda definitivamente constituida Resevisa, el FORPPA y la Unaco (Unión Nacional de Cooperativas del Campo) firmaron en Daimiel un acuerdo-puente de colaboración que permitirá ir acometiendo algunos de los principales problemas estructurales de cara a esta campana.

«La nueva sociedad», dijo Luis García, «comprará cualquier vino que le ofrezca el vitivinicultor, pertenezca o no a la entidad, esté integrado o no en cooperativas, siempre que este vino cumpla las condiciones del decreto de regulación de campaña. Se pagará al precio de garantía». El responsable único de la conservación de este vino es la entidad colaboradora, que estará obligada a sacar vinos al mercado si sus precios llegaran a alcanzar los de protección al consumo. La misión exclusiva del FORPPA es la de financiar la compra.

La existencia de almacenamientos permitirá actuaciones en la exportación, como sucede en la CEE, donde ya existen sociedades análogas. Aseguró el señor García que este convenio de colaboración entre el Estado y el sector privado se incorpora a las medidas actuales: «Los decretos reguladores actuales no son malos, pero sí insuficientes».

Y en su opinión, este sistema puede servir como experiencia-piloto que pudiera extenderse a todos aquellos productos que se encuentran sometidos a regulación de campaña,y destacó como los más viables (por sus altos costes financieros para el Estado) los hortofrutícolas, aceite de oliva (del que hay almacenadas más de 200.000 toneladas) y cereales.

Finalmente, García hizo un rápido balance de cifras del sector. La demanda del mercado para la campaña 1979-1980 asciende a 34 millones de hectolitros (veintiuno de consumo interior, 6,5 a vino para destilación, otros seis a exportación, 0,2 a vinagre y otros 0,2 millones que se pierden). De este modo, si las previsiones de producción de 35 millones de hectolitros llegaran a cumplirse, quedarían atendidas todas las necesidades de la demanda. Preguntado por las existencias actuales de vino, precisó que no se dispone de la cifra, porque no se conoce el volumen de existencia en poder de almacenistas y detallistas, que son, en definitiva, los verdaderos reguladores de los precios de rnercado.