El régimen militar boliviano reimplantará la pena de muerte

La Junta militar de Bolivia estudia la reimplantación de la pena de muerte contra los «traidores a la patria, asesinos, terroristas, narcotraficantes y los autores de otros delitos menores».

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, coronel Luis Arce, quien adelantó que en los próximos días podría aprobarse el proyecto.

Entre las penas menores que incluye el proyecto figuran sanciones de «pena de muerte» para el «peculado (hurto de caudales públicos), latrocinio y apropiación indebida de fondos públicos, y contra los agitadores, conspiradores, extremistas y agiotistas (especuladores)».

Arce dijo que la Junta militar «no, podía seguir contemplando el desastre en que vive el pueblo boliviano», y agregó que el Gobierno «adoptará drásticas medidas».

Recordó que anteriores regímenes «han usado la Hacienda pública, desfalcando los fondos del Estado, en perjuicio del pueblo boliviano y su economía», y dijo que «no permitiremos que se sigan aprovechando de los beneficios que otorga el poder».

Calificó como «un reflejo del pensamiento de las fuerzas armadas» los proyectos que serán aprobados para sancionar a los que consideró como «propulsores del caos y la anarquía».

De acuerdo con la Constitución política del Estado, la pena máxima se aplica solamente en casos de «traición a la patria en tiempos de guerra, asesinato y parricidio».

En los últimos veinte años sólo,

hubo una pena capital, en un caso de estupro.

Garcia Meza critica a Carter

«Carter está muy enojado porque no se le ha hecho caso en seguir con la democracia para satisfacer su proselitismo y demagogia», manifestó el presidente de la Junta militar de Bolivia, general Luis García Meza, en una visita que realizó a destacamentos militares.Acusó al presidente de Estados Unidos «de estar preparando el contragolpe», que se puede advertir, dijo, en su «intervención en los asuntos internos de Bolivia» y «pretendiendo comprar conciencias».

Garcia Meza agregó que «bolivia le resultó una hija respondona» a Estados Unidos, y subrayó que «no se les dio el gusto de imponer cierta política en el país».

Aclaró que la Junta militar cumple la Carta de las Naciones Unidas, «defendiendo la no intervención y la coexistencia pacífica entre los pueblos».

Para contrarrestar la «campaña norteamericana» manifestó: «El pueblo debe unirse con sus fuerzas armadas».

El Gobierno de Estados Unidos expresó su desacuerdo con el cambio de Gobierno operado en Bolivia el pasado 17 de julio, y lo calificó como un intento de «truncar el proceso de democracia del pueblo boliviano».

El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Marvin Weisman, reveló, pocas semanas antes del movimiento militar, «estar enterado de los planes golpistas de algunos militares bolivianos».

Portavoces del Gobierno norteamericano resaltaron que «Estados Unidos verla con disgusto un cambio de Gobierno en Bolivia».

Posteriormente al movimiento militar de julio que encaramó en el poder al general Luis Garcia Meza y la Junta militar, la Administración Carter suspendió la ayuda económica que mantenía al país andino.

Nueva condena andina

Por su parte, el Parlamento andino, en una de sus posiciones más enérgicas, pidió el lunes a la Junta militar que preside el general Luis García Meza «el restablecimiento de la plena democracia».