La Junta Militar boliviana quiere romper su aislamiento
Viene de primera página
ENVIADO ESPECIAL, Sometido a un progresivo cerco internacional, el Gobierno golpista boliviano declaró ayer estar dispuesto a abandonar eI Pacto Andino. El general García Meza, que consolida su control sobre el país, confía, para mantenerse en el poder, en el apoyo político de sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, y en una reorientación de la economía boliviana hacia utópicas fórmulas de autosuficiencia.
Denuncias sobre los procedimientos del régimen militar y presiones de Gobiernos y organismos internacionales se han multiplicado en las últimas horas. García Meza, sin embargo, se comporta ya como un presidente que tiene las riendas de Bolivia: ha abandonado el bunker del cuartel general de Miraflores y se ha trasladado al palacio del Gobierno, en el centro de La Paz; ha hecho regresar a su familia de Lima, adonde la había enviado tres días antes del golpe, y ayer viajó a la ciudad norteña de Trinidad, donde se inició la sublevación que le llevó al poder.
Las emisoras radiofónicas bolivianas emiten ya sus propios programas, censurados pero sin conexión obligatoria con la cadena militar. El portavoz de la Junta Militar anunció «conversaciones» con los mineros para poner nuevamente en marcha la producción de estaño, paralizada por la desesperada resistencia y la huelga total de las cuencas mas importantes.
Parte de la «normalización» pasa por unas declaraciones del coronel Luis Arze, ministro del Interior, en las que asegura que «las mujeres y los hijos de los delincuentes subversivos sufrirán y pasarán malos momentos por las medidas que adoptarán las autoridades para garantizar la tranquilidad».
Washington habló ayer de «salvajes violaciones de los derechos humanos». La Comisión Internacional de Juristas denuncia ejecuciones de religiosos. Las dependencias de la fuerza aérea en Tarapacá, en los suburbios de La Paz, están siendo utilizadas, además del estadio Bolívar, como lugar de concentración de detenidos.
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Resolución del Senado español
El general García Meza confía en el apoyo de Brasil y Argentina para mantenerse en el poder
El Pleno del Senado español aprobó por asentimiento, a primeras horas de la tarde de ayer, una resolución en la que «lamenta profundamente y condena en forma explícita y categórica la interrupción del proceso democrático en Bolivia, causada por la intervención del Ejército boliviano». En la resolución, la Cámara «expresa su plena solidaridad con los dirigentes políticos y sindicales bolivianos, a quienes se debe la estabilización de la democracia en aquel país, y aboga porque se adopten medidas para evitar la persecución política y las represalias contra los mencionados dirigentes.El Senado, que hace el Gobierno español los «requerimientos más apremiantes para evitar las violaciones de derechos humanos» en el país andino, anuncia su adhesión «a las iniciativas internacionales de apoyo al pueblo boliviano ».
Mientras tanto, el PSOE -tal y como se anunció ayer en la conferencia de prensa del Comité de Defensa de la Democracia en el Exterior, acto con el que concluyó el encierro de doce bolivianos en la Embajada de su país en Madrid, presentó una pregunta al Congreso sobre el golpe de Estado en Bolivia. Lo que pretenden los socialistas es que se produzca un debate en la Comisión de Exteriores del Congreso sobre el tema de Bolivia.
En la pregunta, presentada por Miguel Angel Martínez (vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores) y Guillermo Galeote, se hace un análisis de la actual situación en Bolivia y de las causas que la han generado. Para los socialistas, la intervención militar de García Meza «no es tanto un estricto golpe de Estado, cuanto una etapa más del enfrentamiento secular entre el pueblo y las fuerzas reaccionarlas». «En Bolivia se enfrentan el pueblo, los presupuestos políticos del Pacto Andino y las teorías de los derechos humanos del presidente Carter, con las pretensiones de los países del Cono Sur, los deseos de las empresas multinacionales y del Pentágono y el gorilismo», dijo Miguel Angel Martínez.
Como consecuencia de todo ello, el PSOE pregunta al Gobierno cuál ha sido la actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada española de cara a evitar la consolidación del golpe. También quieren saber los socialistas «qué iniciativas de tipo directo se van a llevar a cabo para evitar el genocidio en Bolivia»,, y si el Gobierno español va a tomar alguna medida a medio plazo -retirada del embajador, supresión de todo tipo de colaboración o, incluso, ruptura de relaciones-, para forzar el retorno de la democracia a Bolivia.
Del mismo modo, el PCE piensa plantear una moción para que se retire inmediatamente al embajador en La Paz, con el fin de hacer más clara y neta la postura de repulsa del Congreso ante el golpe militar boliviano.
«Estúpida política del presidente Carter... malhadado embajador Weismman... Bolivia firme ante la incomprensión externa ... », son algunas de las reacciones expresadas por los periódicos de La Paz al servicio de la Junta Militar, tras el anuncio de Washington de que reducirá a lo indispensable su personal en Bolivia. Ningún país había reconocido el miércoles al Gobierno del general García Meza, según fuentes diplomáticas. El Ministerio de Exteriores boliviano difundió ayer una declaración en la que negaba que haya dimitido alguno de sus embajadores.
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