El Consejo de Ministros estudiará hoy los problemas de la cinematografía española

Hoy se someterá a aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de decreto de regulación de la cuota de pantalla en las salas de exhibición de películas. Anteayer, los distribuidores de películas extranjeras amenazaban con no vender a los cines rurales y de suburbio sus películas a tanto alzado, y ayer los exhibidores en estas zonas ponían en conocimiento de la Administración que se veían obligados a cerrar posiblemente 3.000 salas de cine (casi los dos tercios de las existentes en el país). En medio del agitado panorama se encuentra la cuestión del ser o no ser del cine español.

La semana próxima, según fuentes del sector, los distribuidores de películas extranjeras mantendrán una conferencia de prensa explicativa, en detalle, de sus razones para negarse a vender películas extranjeras (principalmente norteamericanas) a las salas de exhibición de núcleos rurales y suburbiales.Esta presunta acción, con la que se solidarizan los exhibidores, acarrearía el posible cierre de unas 3.000 salas de cine. La noticia, en círculos profesionales de la realización cinematográfica, ha despertado una nueva inquietud respecto al frecuente temor de que se pretende acabar con el cine español. Para la Administración, según las fuentes consultadas por EL PAIS, la finta de lo que podría considerarse como el mayor lock-out de la empresa española no pasa de ser un motivo de preocupación, más simbólica que real, ya que la Administración está dispuesta a hacer concesiones y los empresarios de distribución y exhibición de películas lo saben.

José del Villar, presidente de la Federación de Exhibición y Distribución, habló el miércoles con la secretaria del ministro de Cultura y le pidió una entrevista con el señor De la Cierva. «La secretaria me dijo que el ministro no podría recibirme hasta dentro de quince días». El señor Del Valle, entonces, le contestó que, seguramente, «dentro de quince días el ministro ya se habría encontrado con 3.000 salas de cine cerradas». El señor Del Valle amplió a EL PAIS que, «exactamente el 8 de mayo pasado, la junta de la federación nos reunimos con el ministro de Cultura y nos aseguró que comprendía la situación y que ésta iba a solucionarse. Lo que pasa es que en ese ministerio, tradicionalmente, hay una particular desidia que da el gafe a cualquier titular del departamento que llegue a él».

La cuestión, según Del Valle, es la siguiente: «Unos días después de reunirse con nosotros, el ministro lo hizo con los distribuidores y les dijo lo mismo; pero añadió que el problema está en la lentitud de la legislación. Es decir», precisa el empresario, «la Administración cobra un impuesto a los distribuidores de películas extranjeras según la recaudación de taquilla en compensación a su derecho a doblar al idioma castellano las películas extranjeras; este impuesto, que se. estableció en 1963 para proteger la industria cinematográfica española, en defensa, principalmente, de las grandes producciones norteamericanas, ha quedado desfasado, porque en la actualidad tal impuesto supera crecidamente el importe que el distribuidor cobra en tanto alzado por ceder la cinta al exhibidor de pueblos y suburbios, que suele ser una cantidad oscilante entre las 2.000 y las 3.000 pesetas».

«Desde el año 1963 hasta la fecha, en que el precio de las butacas ha ascendido considerablemente, la recaudación de taquilla hace que se superen los ingresos tope previstos para la aplicación de dicho impuesto». En este punto, el señor Del Valle, como portavoz autorizado, expone sus motivos de solidaridad con los distribuidores: «Si ellos están en un aprieto, que consideramos injusto, nosotros les apoyamos, pero, además, si no nos sirven películas extranjeras, tenemos que cerrar. Ha pasado mes y medio desde que se nos manifestó comprensión por el problema y, sin embargo, nada se ha hecho».

Los distribuidores de películas extranjeras han comunicado al director general de Cinematografía Carlos Gotari Drets, su planteamiento y su solicitud de que se revise la situación.

Contradicciones informativas

En el Ministerio de Cultura, el subdirector de Empresas Cinematográficas, señor Romero, manifestó a EL PAIS que el miércoles se remitió a la agencia Efe un comunicado del ministerio en relación con la problemática del posible cierre de 3.000 salas de cine. Anoche, jueves, a última hora, Efe informó a este periódico que no tenía ningún comunicado en este sentido del Ministerio de Cultura. El señor Romero adelantó a EL PAIS algunos puntos del mismo. «En Consejo de Ministros del día 5 de octubre de 1979, se llevó a las Cortes el proyecto de ley sobre salas de exhibición en el que se contempla la supresión de la tasa por doblaje con fecha de diciembre de 1981» informa el subdirector de Empresas Cinematográficas. «Hay una etapa de transición», añade, «en la que hay prevista una reducción de .esta tasa», y, en contestación a una pregunta, afirma que «tal medida no va en detrimento de la protección al cine español, no significa esto que tenga que ser el Estado quien asuma, a través de los presupuestos ya establecidos, la protección, y no la empresa privada, por que la empresa privada ya está gravada con varios impuestos, especialmente el impuesto sobre el tráfico de empresas». Y aún explica: «No cabe duda de que los empresarios conocen esta disposición de la Administración y que lo que pretenden es presionar para que la ley reguladora se debata pronto».

Sin embargo, y como contrapunto en el seno del propio ministerio, la opinión jurídica al respecto, proveniente del secretario general técnico, Joaquín Tena, difiere un tanto de lo expuesto. Dice el señor Tena: «Efectivamente hay un cierto -tipo de inquietud en los distribuidores, pero supongo que no será para tanto. Otras veces han amenazado. Pero hoy tenemos una ley de protección al cine español que se está aplicando. Puede que sea difícil de cumplir a veces para los distribuidores, pero va en beneficio del cine español. No es cierto que la Administración esté dispuesta a cambiarla. Hoy tenemos una ley que trata de beneficiar al cine español. Según esta ley, se señala la fecha de 1981 para revisar el tema de la tasa por doblaje de películas extranjeras. Es una solución transitoria y habrá que tener en cuenta también, en el cambio, la situación europea, tras la entrada de España en el Mercado Común. No se puede perder de vista la obligación de la Administración por proteger no sólo los valores industriales del cine español, sino los culturales, que precisamente por eso esta temática cae dentro del Ministerio de Cultura, y que hay que hacerlo con todas nuestras fuerzas. Evidentemente », considera el señor Tena, «tampoco se puede machacar a los distribuidores o exhibidores, sino que se debe mantener un equilibrio ».

Por su parte, los directores de cine, así como otros trabajadores del sector, estiman que las presiones empresariales en este sentido tienden a beneficiar el mercado de fácil beneficio, obtenido por las películas extranjeras en detrimento del cine español.