Una candidatura digna de apoyo

PESE A la difundida opinión de que el horno no está para demasiados bollos, la cena de homenaje, el martes pasado en Madrid, a los ex oficiales de la Unión Militar Democrática y a los jueces, magistrados y fiscales de Justicia Democrática merece un comentario y da motivo para algunas reflexiones.Cualquier observador de la situación española que no conozca con detalle las peculiaridades del proceso de transición puede sentir algún asombro ante la desenvoltura con que hombres y grupos que ejercieron el poder bajo el anterior régimen y continúan ocupándolo en el presente manejan la fraseología constitucional y se acogen a los principios de legitimación democrática. Pero todavía más notable es contemplar cómo estos veteranos represores de las libertades continúan hostigando y persiguiendo en el nuevo marco político por ellos aceptado, pese a sus opiniones anteriores, a gentes que en el pasado combatieron la dictadura en nombre del pluralismo y en favor del establecimienlo del régimen parlamentario que ha terminado por. imponerse en nuestro país.

La situación de los ex oficiales de la UMD, expulsados del Ejército como consecuencia de las elevadas penas a que fueron condenados por sus actividades bajo el anterior sistema, es algo del todo incomprensible. Expresamente marginados de la amnistía general votada por el Congreso en octubre de 1977, y rechazada hace pocas semanas en la Cámara baja una enmienda a la reforma del Código de Justicia Militar que les abría las puertas de reingreso en el Ejército, la iniciativa de una, abrumadora mayoría de diputados, incluido el grupo parlamentario centrista, para posibilitar su reincorporación a las Fuerzas Armadas ha desatado una marejada de reticencias, críticas y veladas amenazas.

¿Cómo justificar, sin embargo, la pérdida de los derechos adquiridos y de la carrera profesional de unos hombres cuyo principal delito fue anticiparse a los principios y a las ideas que animan la Constitución vigente y constituyen el soporte de la Monarquía parlamentaria? Si la proposición para la rebelión y la conspiración para dar un golpe de mano dirigido a secuestrar al presidente del Gobierno constitucional, elegido por sufragio universal y nombrado por el Rey, es castigada con una pena mínima que no lleva aparejada la separación del Ejército, qué razones jurídicas, políticas, castrenses o patrióticas pueden esgrimirse para impedir que unos hombres honorables, que no conspiraron para derribar ningún Gobierno y que sólo trataron de difundir conceptos y, valores hoy inscritos en esa misma Constitución de la que las Fuerzas Armadás son garantes, vuelvan al servicio activo?

El reingreso de los ex oficiales pertenecientes a la disuelta Unión Militar Democrática, cuya existencia dejó de tener sentido en el momento mismo en que el pueblo español recuperó sus libertades y fue instaurada la Monarquía parlamentaria, constituye no sólo una inexcusable devolución de sus derechos adquiridos a los interesados, sino también un simbólico gesto de reconocimiento y de justicia hacia quienes arriesgaron sus carreras y su libertad por ser consecuentes con sus principios. Principios, por lo demás, que coinciden milimétricamente, pese a quien pese, con los que informan el edificio entero del orden constitucional hoy vigente, aprobado en su día mayoritariamente por el pueblo español en referéndum y sancionado por el Rey, a quien corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Algo parecído podría decirse respecto a Justicia Democrática, un grupo ya disuelto, como la propia UMD, que reunió, y de alguna manera sigue reuniendo, a un número de jueces y fiscales de este país convencidos de la inviabilidad de una democracia auténtica si la Administración de justicia no respondía a los intereses de la libertad y los derechos h umanos antes que a las manías -incluso si eran manías sangrientas- de la dictadura. La actividad de los componentes de Justicia Democrática resulta hoy un ejemplo digno de atención, cuando la esclerosis de algunos sectores de la Administración de justicia se muestra cómplice de situaciones que atentan contra derechos reconocidos en la propia Constitución.

Por eso, la iniciativa de la Asociación Española Pro Derechos Humanos de presentar la candidatura de ambas agrupaciones -ya en realidad inexistentes-, UMD y JD, al Premio de los Derechos Humanos que ha de conceder el Consejo de Europa merece todo el apoyo de los demócratas de este país -sea cual fuere su credo o posición política-, que entienden que, por encima de banderías y partidos, la democracia responde a una concepción humanista y vital de la convivencia por la que los militares de la UMD y los jueces y fiscales de JD lucharon y siguen luchando valientemente.