Solicitan la desaparición de la censura previa en el libro infantil

«El Gobierno está absolutamente a favor de la libertad de expresión. Que nadie intente ponernos en otro bando, porque estamos en éste. Defendemos la libertad de expresión, pero no hay más norma para interpretarla que la Constitución. Y es la propia Constitución quien marca los limites de esa libertad», señaló el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, en el discurso de clausura del VII Congreso Nacional de Libreros, que se ha celebrado en Valladolid. El señor De la Cierva rebatió algunas acusaciones «que se me han hecho de manera tendenciosa», y en este sentido citó, sin nombrar, el filme El crimen de Cuenca, «esa célebre película», dijo, «en cuya situación no tuve absolutamente nada que ver, ni con secuestros ni con nada de nada».

El ministro de Cultura afirmó que la intención democrática del Gobierno queda clara en «el decreto que, a mi juicio, eleva la libertad en el cine», y comunicó que «estamos pensando en llevar adelante una actuación similar en el caso de la ley de Prensa, es decir, siempre elevando los techos».En otro momento se refirió al Instituto Nacional del Libro Español (INLE) -«que no desaparecerá mientras yo sea ministro»-, y dijo que necesita de una reforma interna. «Es un organismo autónomo atípico desde el punto de vista jurídico. Debe compartirse en un organismo autónomo, normal y pleno. Debe reforrnarse para que deje de ser de representación corporativa. Hay que desgremiar al INLE, que debe quedar como instrumento de penetración del Estado y, subsidiariamente, como ayuda a la pequeña editorial».

Propuso el ministro de Cultura que la Confederación Española de Gremios de Libreros (Cegal), constituya con el ministerio un grupo mixto de trabajo que analice de manera permanente la marcha de las conclusiones.

Antes de la intervención del ministro fueron leídas las conclusiones adoptadas en el VII Congreso. Entre ellas cabe destacar «la necesidad de que la vigente ordenación del comercio del libro requiere una profunda revisión para adaptarse a la realidad presente y, en lo posible, sea revestida de la condición de norma legal obligatoria y no una simple recopilación de usos y costumbres».

Los congresistas entienden que el precio fijo es consustancial con la vida de las librerías, y solicitan la creación del registro de librerías y del crédito cultural.

Respecto al tema de los libros para niños, el congreso considera necesaria la existencia de librerías infantiles y de bibliotecas de aulas, reitera su petición de formar una escuela de librerías para la formación profesional del librero y solicita la desaparición de la censura previa en el libro infantil.

En la conclusión de la ponencia relativa al presente y futuro de la Confederación Española de Gremios de Libreros (Cegal) se indica que el congreso considera que «el ejercicio de las libertades humanas y la convivencia entre los españoles están indisolublemente unidos a la promoción cultural de nuestro pueblo, y a ello ha de contribuir la profesión librera. Tanto la actuación de la Cegal como la de la comunidad internacional de asociaciones libreras son inseparables de la más firme convicción de que es derecho irrenunciable de la persona humana el de la libertad de expresión, incompatible con cualquier tipo de represión, coacción o censura previa».

En la última ponencia, desarrollada el sábado en Salamanca, «se pudo comprobar», señalan las conclusiones, «la necesidad de que por la Administración se adopte y desarrolle una política del libro coherente y efectiva, para que a través de la cultura nuestro pueblo alcance de verdad el ejercicio de la libertad, la tolerancia y la democracia».