Las dos caras de UCD

ANTEAYER SE produjeron en el Congreso, de forma casi simultánea, dos acontecimientos, contradictorios entre sí, en torno al desbordamiento de las competencias de la jurisdicción militar fuera del «ámbito estrictamente castrense», fijado por el artículo 117 de la Constitución, que ha dado origen al procesamiento de Miguel Angel Aguilar, director de Diario 16; al de Germán Alvarez Blanco, director de Sábado Gráfico; al secuestro de la película El crimen de Cuenca y al procesamiento de Pilar Miró, directora del filme.De un lado, la Comisión de Justicia dictaminó la reforma del artículo 317 del Código de Justicia Militar de forma tal que las injurias a las Fuerzas Armadas de las que sea presunto responsable un civil serán competencia en el futuro de lajurisdicción ordinaria, salvo que «el hecho se produzca ante un mando en presencia de sus tropas o en acuartelamiento, recinto o lugar militar». Así pues, una vez que el nuevo texto legal sea aprobado por las Cortes, los autos de procesamiento dictados por la jurisdicción militar contra Pilar Miró y Miguel Angel Aguilar quedarán sin efecto y tendrá que ser el juez natural quien determine los indiciás racionales de culpabilidad en ambos casos. Quedará cerrado así el largo y negativo episodio abierto en 1906 con la ley de Jurisdicciones.

Ese alentador y elogiable paso hacia la adecuación de la legislación ordinaria y la Constitución confiere un aire todavía más irreal y fantasmagórico a los planteamientos defendidos en el Pleno por el Gobierno al contestar a una pregunta formulada por los socialistas acerca del secuetro de El crimen de Cuenca. El ministro de Cultura había sentado ya un desconsolador precedente hace unas semanas cuando, ante la pregunta de un periodista a propósito del mismo tenia, confesó que su única reacción imaginable al escuchar la expresión «jurisdicción militar» era adoptar la posición castrense de saludo. Anteayer se entregó a una confusa disgresión acerca de la división de poderes y de la imposibilidad de que el Gobierno instruya al ministerio fiscal para que pida la inhibición de la jurisdicción militar en favor de la ordinaria. La intervención dejó en mal lugar tanto al mandante que encomendó al señor De la Cierva defender tan inconsistente alegato como al propio mandatario. Pero su actuación fue pura mente anecdótica si se la compara con las palabras pronunciadas por el vicepresidente del Gobierno. Mientras, por un lado, propuso algo tan razonable como tramitar urgentísimamente la reforma del Código de Justicia Militar, incurrió, por otro, en la incomprensible y velada confesión de que no están los tiempos como para buscar conflictos con las Fuerzas Armadas. No se trata de buscar conflictos con nadie, y esperemos, no obstante, que en el próximo debate parlamentario el presidente del Gobier no nos explique qué significa eso de que no están los tiempos para bollos. Entre las responsabilidades del

Ejecutivo, en cualquier caso, figuran las de defender y aplicar la letra y el espíritu de la Constitución en cualesquiera circunstancias y frente a cualquier institución o instancia.

Queda sin despejar la duda acerca de cuál de las dos caras mostradas anteayer por UCD en el Congreso, una en la Comisión de Justicia y otra en el Pleno, es la auténtica.