"Batalla" entre Agricultura y Comercio por la exportación de vino a Rusia

Una silenciosa y descomunal batalla de competencias están librando estos días los ministerios de Agricultura y Comercio en torno a la exportación de uno a dos millones de hectolitros de vino español a la Unión Soviética.Defendiendo cada uno a su clientela particular -el FORPPA a los productores y Comercio a los exportadores-, están en juego más de setecientos millones de pesetas, que podría ahorrarse el Estado, un cierto desastre para los viticultores y unos beneficios extraordinarios para los exportadores, dos de los cuales -Mendoza y Garrigues- esperan con impaciencia la última decisión del Gobierno.

El tema de las restituciones a la exportación de vino fue discutido y aprobado en el comité ejecutivo del FORPPA el pasado jueves, con la única excepción del representante del Ministerio de Comercio, que se opuso a la subvención propuesta de 3,5 a 4,20 pesetas por litro comprado al precio de garantía de 120 pesetas hectogrado.

Los viticultores han puesto el grito en el cielo por lo que califican de «tender una trampa al Gobierno por parte de los exportadores». La moción propuesta por el Ministerio de Comercio incluye dar una subvención de 3,75 a cuatro pesetas por litro comprado a cualquier precio, sin respetar el de garantía, por debajo del cual el Estado debe absorberlo todo.

Las cooperativas producen entre el 55% y el 60% del vino español, y en 1979 exportaron 150.000 hectolitros a la Unión Soviética, mientras que sólo dos exportadores -Proda, de Ramón Mendoza, y Ciex, de Juan Garrigues- exportaron el año pasado más de 600.000 hectolitros.

El precio está por decidir

En estos momentos hay un contrato de compra que supera el millón de hectotitros para su exportación a Rusia. «Lo que está en juego», según José Bribián, «es el precio que han de percibir los viticultores por el vino de la mayor cosecha del siglo». Efectivamente, la cosecha habitualmente considerada como buena en España suele rondar de treinta a 35 millones de hectolitros, y la de este año ha superado los cincuenta millones de hectolitros. El problema creado por tanto exceso de vino es grave, pues el Estado debe comprar a 120 pesetas para evitar que caiga el precio y almacenar el vino para sacarlo después al mercado cuando suba el precio debido a una menor cosecha.«El Estado no tiene suficientes almacenes para tanto vino y las bodegas», advierte Bribián, «deben quedar vacías antes del 15 de septiembre, para dejar sitio al vino de la próxima campaña. Quemando el vino -como alcohol de quemar-, el Estado pierde siete pesetas por litro y además tampoco tiene alcoholeras suficientes para ello. No hay más remedio que incentivar la exportación del vino sobrante. Pero si no se respeta el precio de garantía», añade José Bribián, «Mendoza y Garrigues pueden comprar mucho más barato, en torno incluso a las cien o 110 pesetas hectogrado, recibiendo del Estado una subvención en principio destinada a los viticultores».