Firmado en el País Vasco el primer convenio colectivo regional de Administración local

Los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, Makua y Ainzairna, respectivamente, y el teniente diputado general de Alava, Belausteguigoitia, firmaron ayer, en su calidad de representantes de la Administración local del País Vasco, el primer convenio colectivo laboral de la Administración local de Euskadi, que es el primero que se firma en España en el ámbito de la Administración pública.

Por parte laboral, los interlocutores que han negociado pertenecen a las centrales ELA-STV y Comisiones Obreras, los cuales afirman que son representativos en ayuntamientos y diputaciones y que, ante la imposibilidad de acreditar ahora otra delegación, han decidido representar al sector.Aparte del señalamiento de unas condiciones laborales y salariales comunes, y con carácter mínimo para las 14.000 personas empleadas por la Administración local, entre funcionarios y contratados del País Vasco, el convenio firmado ayer destaca por el reconocimiento de hecho, por parte de los responsables de la vida pública del País Vasco, de que los empleados que de ellos dependen deben contar con unos derechos sindicales equiparables a los de cualquier otro sector laboral.

También es resaltable la decisión de las partes de establecer una mutualidad compensatoria para los trabajadores de Vizcaya y Guipúzcoa, similar a la llamada Mutua Foral de Alava. Asimismo, se reconoce el derecho a realizar elecciones sindicales inmediatamente después de entrar en vigor el convenio y de acuerdo con una normativa que éste señala.

El pacto vincula a todos los ayuntamientos y diputaciones de las tres provincias vascongadas, aunque su aplicación no es automática, sino que se deja a la decisión de las partes de cada entidad. La vigencia es desde enero, con efecto retroactivo. El incremento salarial es de un 16% sobre los salarios vigentes hasta el 31 de diciembre pasado. Figuran varias concesiones de carácter social, como las concedidas al personal que trabaja en festivos y domingos, ya que el convenio afecta a colectivos tales como bomberos, Policía Municipal, y en Álava, Ia misma policía foral (millones).

Respecto a las dotaciones presupuestarias que las entidades, tengan que hacer para cumplir el convenio se establece que, en principio, puede atribuirse a estos fines hasta el 70% del presupuesto ordinario para 1980. Dada la escasa dotación presupuestaria de algunos municipios de Vizcaya y Guipúzcoa, los costes de personal ya alcanzan ahora tales porcentajes. Si se originase un exceso se negociará entre las partes una forma de afrontar el excedente, con cargo a futuros rendimientos de los conciertos económicos.

A la pregunta hecha a miembros de la negociadora social sobre si este convenio se ajusta a la legalidad laboral vigente, teniendo en cuenta que esta materia es, en el Estatuto de Autonomía vasco, de ejecución de la legislación del Estado, se contestó que «desde el comienzo, ambas partes nos comprometimos a no sometemos a injerencias externas». Reconocieron que lo negociado «no atenta a la legalidad básica, aunque sí la supera».

Respecto a la elaboración de una ley o estatuto referente a la función pública en el País Vasco, manifestaron que este convenio indica que la Administración pública vasca debe negociar esta materia. Emilio Guevara, diputado general de Alava, declaró que el convenio viene a asentar en el terreno de los hechos algo que tendrá que recoger la ley.