Todos los grupos parlamentarios, contra el proyecto de autonomía universitaria

El proyecto de ley de autonomía universitaria podría ser devuelto al Gobierno. si todos los grupos parlamentarios que, con excepción de Unión de Centro Democrático (UCD), han presentado enmiendas a la totalidad mantuviesen su voto con este propósito. En círculos parlamentarios se espera que la ausencia de algún diputado o la abstención de algún grupo, tras acuerdos sobre determinadas modificaciones al proyecto, eviten la derrota gubernamental.UCD cuenta con diecisiete miembros de la comisión, mientras que el resto de los grupos suman diecinueve diputados. Preside la centrista Carmela García Moreno y el debate se inicia tras una dura contestación al proyecto por parte de los grupos de la oposición, que en los últimos meses mostraron su postura contraria. Durante el mes de diciembre último se registraron también movilizaciones universitarias para oponerse al texto que hoy comienza a debatirse.

El proyecto ha batido el récord de enmiendas de las dos legislaturas democráticas, con un total de 1.025, de las que 188 pertenecen al propio grupo centrista. Se han presentado quince enmiendas a la totalidad: Socialistas del Congreso, Socialistas de Cataluña, Socialistas Vascos y Minoría Catalana formularon dos cada uno de ellos; comunistas, andalucistas, Minoría Vasca y Coalición Democrática, una cada uno. También han enmendado a la totalidad los diputados del Grupo Mixto Fernando Sagaseta (Unión del Pueblo Canario), Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra) y Heribert Barrera (Esquerra Republicana de Cataluña).

El proyecto de autonomía universitaria comenzó a redactarse en otoño de 1977 por el equipo que entonces encabezaba Iñigo Cavero, pero no logró la aprobación del Gabinete, y el texto que ahora se debate ha sido elaborado por el Ministerio de Universidades e Investigación, cuyo titular es Luis González Seara.

Entre los puntos más conflictivos se encuentran la implantación de la selectividad, el tiempo límite de permanencia en las aulas y la regulación que hace de las tasas académicas, con las que se tenderá «a cubrir los costos reales de la enseñanza».

La selección y adscripción del profesorado, la investigación, y la composición de los órganos de gobierno han sido los temas más contestados desde el estamento profesoral, aunque el conjunto del texto ha merecido los más duros reproches por parte de cualificados miembros del escalafón docente, entre ellos varios rectores de universidad.

En el ámbito autonómico, y concretamente, en Cataluña y en el País Vasco, el proyecto ha despertado serias sospechas por considerar que atenta contra los estatutos de aquellas regiones.