Aprobada la financiación pública de la enseñanza privada

(Viene de primera página)El discurso del vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Luis Gómez Llorente, aguardado con expectación en el hemiciclo y en la tribuna de público, significó una denuncia tajante de los autores de la pretendida regulación de la libertad de enseñanza y su financiación. Junto a Coalición Democrática, verdadera artífice de los textos últimos, el señor Gómez Llorente aludió a las minorías nacionalistas vasca y catalana, «representativas de las burguesías regionales», y a la Iglesia católica, prestando su respaldo. Especial efecto causó en los escaños centristas el recuerdo que hizo el diputado socialista a la reforma fiscal de Francisco Fernández Ordóñez, que en muchas ocasiones los socialistas tuvieron que defender frente a su propio grupo parlamentario, en línea con la actitud que ofrece ahora en el debate del Estatuto de Centros Escolares.

El artículo quinto del proyecto de ley establece que «los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la enseñanza conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor se acomode a esas convicciones». En un segundo párrafo, el mismo artículo establece que «el Estado, mediante la correspondiente ley de financiación de la enseñanza obligatoria, garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos».

Frente a estos textos, los socialistas, y en línea similar los comunistas, proponen que se establezca la siguiente redacción: « Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el centro que deseen para sus hijos o pupilos.» Y en un segundo artículo: «Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o pupilos y a que éstos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en los términos que las disposiciones legales establezcan.»

El análisis de la comparación de uno y otro texto consumió la primera parte del discurso del señor Gómez Llorente, quien denunció el «omnímodo poder a los propietarios de los centros privados» que otorga otro artículo, inseparable al quinto, el 34. El diputado socialista defendió el derecho a elegir centro y a recibir formación religiosa y moral «sin establecer conexiones interesadas de cara a fundamentar una particular interpretación unilateral y partidista del modelo educativo».

Afirmó la conveniencia de la pluralidad de centros, siempre que «el modo de que todos los padres puedan ejercitar real y solidariamente ese derecho sea la democracia escolar dentro del centro y por encima del centro».

Respecto a la financiación acusó al texto de puntar hacia «la subvención general e indiscriminada de los centros de enseñanza privados en los niveles obligatorios», desconociendo las necesidades de plena escolarización, de escolarización adecuada y de una enseñanza compensatoria, así como la reconversión de los más ele mentales servicios pedagógicos «Mientras esos objetivos no se cumplan», dijo, «es inmoral subvencionar los colegios de los estamentos sociales acomodados.»

Criticó la teoría del cheque escolar como subterfugio electoralista, y rechazó categóricamente la idea de que, «como todos pagan impuestos, el Estado debe pagar a todos la escuela por igual». Razonó así su rechazo: «Los socialistas mantenemos que el mecanismo fiscal ha de ser utilizado, entre otros fines, para redistribuir la riqueza, y que el Estado tiene que conceder atención prioritaria a los menos pudientes, compensando a las clases deprimidas de la sociedad de la explotación o expropiación a que les somete el sistema.»

Añadió que el problema de los gastos educativos exige un orden de prioridades, con arreglo a una ética social válida. «Negamos que pueda anteponerse financiar la enseñanza de los sectores acomodados de la sociedad al cumplimiento de las necesidades perentorias descritas.»

Recordó que en los Presupuestos Generales del Estado para 1980, el porcentaje dedicado a Educación y Universidades representa el 15,96%, inferior al de años pasados. Citó varias veces al anterior ministro de Educación, hoy de Justicia, Iñigo Cavero, y a su referencia sobre la deficiente situación de escolarización y de educación especial. Denunció que la aprobación del texto a debate significará aumentar las subvenciones a la enseñanza privada de los actuales 43.000 millones de pesetas a 100.000 millones de pesetas. «Seamos serios», pidió a la Cámara, «y reconozcamos que excedernos en el incremento a más del doble de las actuales subvenciones a la enseñanza privada implica, cuando menos, una demora sine die de otras exigencias.»

El diputado socialista confesó ante la Cámara el intento de su grupo por negociar no sólo con determinadas fuerzas políticas, sino con instituciones que en esta materia las respaldan, sobre la base de que un entendimiento con la Iglesia católica sería más importante incluso que un acuerdo parlamentario con UCD.

«Hemos mantenido largas conversaciones de tanteo con clérigos de alta significación», dijo, «en un intento de buscar acuerdos entre distintas fuerzas sociales a graves problemas sociales.»

Declaró que la misma postura adoptada por UCD ha sido adoptada por la Iglesia, que, al parecer, entiende que debe vincularse a un Gobierno de coyuntura como el centrista. «Los demás, para tan respetables señores, somos, al parecer, hombres que como no estamos en el Gobierno podemos ser dominados con una mayoría parlamentaria de coyuntura.» Negó que los socialistas hubieran adoptado una postura de oposición a la Iglesia, por lo que consideró injusto su rechazo.

En cuanto a la posición centrista, el señor Gómez Llorente denunció la escandalosa contradicción de basar una campaña en los derechos de los padres y recabar todo el poder escolar para los directores, no elegidos por los padres, así como «hurtar a los padres las decisiones primordiales de las que depende la vida de los centros en que se forman sus hijos».

Defensa centrista

En nombre del grupo centrista, el ex alcalde de Madrid y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José Luis Alvarez, intervino en respuesta a las dos enmiendas de la izquierda. Aseguró que el artículo quinto tiene una «coherencia lógica perfecta porque parte del principio básico -derecho a elegir el tipo de educación- y lo desarrolla a través del derecho a que reciban la educación y la enseñanza conforme a sus convicciones, y saca el corolario natural de que para ello se elija el centro docente más de acuerdo con estas convicciones».

José Luis Alvarez aseguró asimismo que la financiación es la consecuencia legal de la Constitución, de acuerdo con lo que ocurre en los países democráticos de Occidente.

En cuanto al párrafo segundo, dijo el señor Alvarez que es simplemente una norma que trata de garantizar los derechos y libertades que se reconocen en el párrafo anterior, porque de nada servirían esas declaraciones si no pudieran hacerse realidad. La financiación -añadió- es la consecuencia legal de nuestras normas constitucionales, que establecen que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Es decir, que los ciudadanos tienen derecho a elegir e¡ tipo de educación y a que esa enseñanza que eligen en los niveles obligatorios se les proporcione gratuitamente.

Más adelante replicó a los argumentos de socialistas y comunsitas, basados en la falta de puestos escolares y en la necesidad de establecer unas prioridades. También contestó a lo que aquéllos habían

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manifestado respecto del pluralismo y la participación. Entre otras cosas, dijo que son puestos escolares tanto los privados como los públicos, y que el objetivo fundamental de una buena escolarización no contradice el derecho a una educación elegida por uno mismo.

En cuanto a la escuela internamente pluralista como única posibilidad, estimó que se trata de un concepto que rayaría en la inconstitucionalidad. Agregó que UCD defiende un pluralismo escolar, dentro del cual caben todos los tipos de escuela.

En turno de rectificación habló el comunista Solé Tura, para afirmar que la postura de UCD deja sin resolver el problema de la enseñanza en España y que consagra las actuales estructuras. Tras replicar el centrista Alvarez, intervino de nuevo Gómez Llorente, quien insistió en que su grupo no trata de eliminar las subvenciones, sino de establecer un orden de prioridades. Puso énfasis en señalar que la ley consagra una situación de privilegio nacida de los «cuarenta años de dictadura», e hizo incluso una referencia a la supresión de centros en 1939 y al fusilamiento de maestros y profesores, que fue acogida con desagrado en las filas de UCD.

De nuevo José Luis Alvarez, con tono y gestos visiblemente nerviosos, después de que el presidente, Landelino Lavilla, respondiese enérgicamente a una sugerencia del diputado gubernamental , argumentó su tesis recurriendo a textos constitucionales y tratados internacionales. Tras las votaciones, la diputada de Minoría Catalana María Rubies explicó su voto favorable y replicó con dureza a insinuaciones de comunistas y socialistas sobre supuesto sucursalismo. El debate sobre el Estatuto se reanudará el próximo martes.

Enseñanza preescolar

El Pleno había comenzado con el debate del artículo 2 y 3 del proyecto. Respecto del primero se rechazaron las enmiendas de socialistas y comunistas, que defendían conjuntamente la ampliación de los objetivos de la enseñanza que fija la ley.

Respecto del artículo 3, Nona Inés Vilariño se opuso a la comunista Eulalia Vintró y a la socialista María Izquierdo, que trataban de defender la gratuidad de la enseñanza preescolar. «UCD es partidaria de ese intento», dijo la señora Vilariño, «pero cuando los presupuestos lo permitan. De nada vale legalizar algo que no podrá cumplirse.»