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Decisión política

La escalada de dificultades que ha de afrontar Comisiones Obreras en su empeño de hacer inviable el acuerdo-marco suscrito por UGT y CEOE se incrementó ayer con la homologación, por la correspondiente atitoridad laboral, del convenio colectivo de la construcción de Madrid, firmado en solitario por UGT y ajustado al referido acuerdo-marco.De esta manera, la Administración abandona el papel pasivo que había adoptado al iniciarse los primeros contactos entre patronal y organizaciones obreras para establecer un pacto de cara a la negociación colectiva, y de manera abierta favorece los planteamientos ugetistas, al prestar su apoyo legal a un acuerdo de carácter contractual como el suscrito entre socialistas y patronal.

El Gobierno, aunque dudó, se pronunció finalmente por la homologación del convenio de la construcción, suscrito tan sólo por UGT. La central comunista, que en su estrategia de no firmar pactos que puedan aparecer sujetos al acuerdo-marco podía paralizar la negociación colectiva con sus desenganches de la discusión de convenios, se ha visto de esta manera desbordada por la resolución de Trabajo.

Dicha resolución, pues, va directamente dirigida a favorecer los planteamientos sindicales de UGT frente a los intereses comunistas. Para ello, las dudas que en la mañana de ayer pudieran existir en el Ministerio de Trabajo fueron, al parecer, disipadas por la intervención del propio vicepresidente segundo del Gobierno, Abril Martorell.

La homologación, ne obstante, no se ajusta a derecho. según denuncian mediosiurídicos, toda vez que si su ámbito es general no puede reconocerse este carácter a una fuerza obrera que tan sólo ostenta el 16% de la representatividad del sector (frente a un 66% de CCOO), tal como indican los propios datos que obran en poder del Ministerio de Trabajo.

La otra alternativa posible, cual es que el ámbito funcional del convenio homologado fuera tan sólolimitado a las partes que lo han suscrito, imposibilitaría dicha homologación, por cuanto no existe convenio colectivo (de colectividad), sino un simple pacto o contrato entre dos partes que libremente así lo establecen.

Incluso tampoco es lógico una tercera posibilidad, apuntada por medios jurídicos ugetistas, en el sentido de que la Administración pudiera dictar laudo para el resto del sector no afecto a la representatividad de la Unión General de Trabajadores, toda vez que el laudo sólo tiene justificación cuando las partes en negociación, una vez fracasada ésta, recurren al conflicto colectivo, circunstancia que aquí no se ha dado.

En este contexto, la homologación del convenio provincial de la construcción de Madrid aparece como una clara opción gubernamental por el modelo sindical de UGT y, por supuesto, va más allá del simple trámite burocrático de la maquinaria administrativa del Estado y comporta una decisión política que es previsible tendrá su continuidad en la posición gubernamental de cara a la polémica sindical entre comunistas y socjalistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 31 de enero de 1980.

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