Aprobados sin modificaciones los Presupuestos Generales del Estado para 1980

El Pleno del Senado aprobó ayer, en una larga sesión, los Presupuestos Generales del Estado para 1980. En el proyecto no se hizo ninguna modificación respecto a lo aprobado por el Congreso, ya que, de otra manera, los Presupuestos tendrían que haber vuelto a esta Cámara y no podrían haber entrado en vigor a comienzo de año, como es el empeño del Gobierno.

Los senadores de la oposición, especialmente los socialistas, intentaron en vano modificar el proyecto, manteniendo decenas de votos particulares, uno de ellos a la totalidad, ninguno de los cuales prosperó. En la generalidad de los casos los votos particulares socialistas repetían las objecciones que el PSOE puso a los Presupuestos en el Congreso.Francisco Bustelo, que defendió el veto socialista, comenzó quejándose del poco tiempo que ha tenido el Senado, que él contabilizó en menos de una semana efectiva, para estudiar los Presupuestos, y afirmó que, si se hubiese repartido mejor el tiempo con el Congreso, su aprobación en el Senado no sería un trámite en el que no se puede modificar «ni una coma». La misma argumentación utilizó el senador independiente Ramiro Cercós, que también pedía la devolución del proyecto, y que añadió como razón de su rechazo que el Senado no ha tenido siquiera conocimiento directo del plan económico del Gobierno.

En cuanto al fondo de la cuestión, Francisco Bustelo dijo que éste no es un Presupuesto de crisis, porque no toma las medidas necesarias para atajarla, especialmente por lo que respecta a la inflación, que no se consigue limitar, y, sobre todo, al paro. Agregó que las inversiones caen constantemente, pues mientras en el Congreso se aprobó que la inversión pública crecería un 1% anual, lo cierto es que se va a reducir en uno o dos puntos, para dejar el campo a la iniciativa privada. Josep Subirats, del Grupo Socialista Catalán, añadió que además existe una regresión impositiva, porque los impuestos directos sólo crecen en un 19% mientras que los indirectos lo hacen en un 29%, con lo que se quiebra una tendencia favorable a los primeros que se mantenía desde 1973.

En nombre de UCD, Julio Nieves Borrego respondió que la tramitación urgente de los Presupuestos la decidió el propio Senado y afirmó que las enmiendas socialistas eran puramente testimoniales, porque repetían las que el mismo partido vio rechazadas en el Congreso. Francisco Villodres, también del grupo del Gobierno, replicó que la inversión pública no es menor, sino que ha crecido, en términos homogéneos, en un 17%.

También para replicar intervino el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, quien dijo que la inflación prevista sería menor si no hubiera sido por las recientes alzas del precio del petróleo. En cuanto al desempleo, afirmó que la inversión privada es la que crea más puestos de trabajo estables, con un 75% del total, y, por tanto, no puede ser sustituida con la inversión pública, aunque ésta sí puede hacer de motor.

En cuanto a la política impositiva, informó que la relación entre impuestos directos e indirectos pasó de un 87,7% en 1977 al 108,1% en 1979, mientras lo previsto para 1980 es un 107,8%, diferencia tan leve que, a juicio del ministro, no puede justificar que se hable de regresión, aparte de que los porcentajes señalados son efectos del sistema impositivo existente, que no ha sido modificado.

La Cámara baja

Los senadores socialistas plantearon una cuestión incidental para pedir que se admitiesen a trámite siete enmiendas que habían sido rechazadas, por entender el presidente de la Cámara que el reglamento impide su admisión, ya que suponen incremento de gastos o disminución de ingresos.

El portavoz socialista, Juan José Laborda, argumentó que en el Congreso se admitían las enmiendag de este tipo, a lo que respondió el ucedista Julio Nieves que el Congreso no sienta jurisprudencia en el Senado, y añadió que la Cámara de los Diputados manifiesta tan poco entusiasmo por las propuestas de los senadores «que ya sospecho si la denominación de Cámara baja que se le da no es una casualidad, sino un calificativo».

Consumida la sesión de la mañana en estas cuestiones, la de la tarde comenzó a puerta cerrada, para decidir sobre el suplicatorio contra el senador de Herri Batasuna, Miguel Castell. Inmediatamente después se pasó al debate de las enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, todas las cuales fueron rechazadas con el voto sistemáticamente en contra de UCD.

El grupo del Gobierno mantenía un solo voto particular sobre la distribución del fondo de 20.000 millones para acciones urgentes, pero lo retiró tras unas palabras tranquilizadoras del ministro de Hacienda, en el sentido de que este fondo sería distribuido de forma sensiblemente igual a como se hizo el año pasado. El proyecto de Presupuestos recoge como criterio principal de distribución el bajo nivel de desarrollo, al que se añade como indicador adicional la cifra de desempleo no cubierta por el seguro.

Los senadores de UCD pretendían que además se tuviese en cuenta la falta de equipamientos colectivos y el índice de despoblación en las diversas zonas, pero estaban dispuestos a retirar su propuesta si el ministro prometía una distribución semejante a la pretendida por los senadores del grupo del Gobierno. Asimismo, el grupo vasco pretendió que el único criterio de distribución fuera la cifra de desempleo, ya que el nivel de desarrollo, en opinión de su portavoz, Ramón Bajo. Fanlo, es un indicador ambiguo.