Autorizado el procesamiento de Miguel Castell

El Pleno del Senado aprobó ayer, con sólo 77 votos a favor, conceder al Tribunal Supremo autorización para que procese al senador de Herri Batasuna (HB), Miguel Castell, por un presunto delito de resistencia a la autoridad, que habría cometido al negarse a abandonar un encierro en la Diputación Foral de Álava, al ser requerido para ello por los guardias forales.Sólo participaron en la votación los senadores de UCD y el miembrodel Grupo Mixto Vicente Bosque Hita. Este y veinte miembros del grupo del Gobierno votaron en contra de la concesión del suplicatorio. Los senadores socialistas y del Grupo Vasco se negaron a votar, por considerar que el suplicatorio estaba denegado al haber transcurrido el plazo de sesenta días naturales que la Cámara tenía para decidir, ya que, según el reglamento del Senado, si transcurre este plazo sin decisión expresa se entiende que hay respuesta negativa a la petición de la autoridad judicial.

En la sesión, desarrollada a puerta cerrada, intervinieron para expresar este punto de vista los senadores Joseba Elósegui, del Grupo Vasco, y Gregorio Mir Mayol, del PSOE, quienes argumentaron además que el presunto delito tenía en todo caso muy escasa entidad, y que procesar a un senador por esta causa supone una actitud persecutoria contra un parlamentario. No hubo intervenciones a favor de la coqcesión.

Bolas blancas y negras para votar

Al ser llamados a votar -depositando una bola blanca para oponerse al suplicatorio, y negra para votar a favor-, la oposición en bloque se negó a hacerlo. Incluso un senador socialista dijo en voz alta: «No juego.» El resultado de la votación produjo un serio disgusto entre los senadores socialistas, que se apercibieron de que, de haber votado en contra, habrían derrotado a UCD, teniendo en cuenta la indisciplina de voto producida en este grupo.

UCD sostenía que la Cámara aún tenía de plazo hasta el 3 de febrero para decidir sobre el suplicatorio. Este criterio se basa en un dictamen de los letrados del Senado, según el cual el plazo reglamentario de sesenta días aún no ha transcurrido, aunque el suplicatorio entró en la Cámara el pasado 10 de junio, debido a que el plazo debería contarse dentro de los períodos de sesiones ordinarias, y éstos han sido interrumpidos sucesivamente por las vacaciones de verano, por los dos plazos de audiencia concedidos al senador y por las nuevas vacaciones parlamentarias que comprenden el próximo mes de enero.

Esto afirma en sus conclusiones el dictamen citado al que tuvieron acceso los informadores acreditados en el Senado. El presidente de la Cámara, aunque por la mañana prometió publicarlo, se excusó más tarde debido a que los mismos letrados habían opinado que el documento no está destinado a la publicidad, por ser de carácter interno.