Las peticiones vascas sobre ámbito territorial de convenios se posponen al Pleno del Senado

. El Pleno del Congreso consumió prácticamente entera la sesión de la tarde en un debate sobre el ámbito territorial de los convenios colectivos. Las posiciones vascas se mantuvieron irreductibles y mientras la Minoría Catalana se daba por satisfecha con la interpretación del tema, aquéllos insistieron en la necesidad de establecer competencias concretas en el ámbito autonómico vasco para la negociación colectiva. Tras suspender el Pleno durante quince minutos, después de un extensísimo debate, se anunció que el acuerdo había resultado imposible y que permanecía abierta la vía negociadora de cara al Pleno del Senado.

La jornada vespertina comenzó con una pretensión del Grupo Comunista, defendida por Marcelino Camacho, para introducir dos nuevos artículos -tras el marcado como número 74 en el texto- que regulasen las secciones sindicales. Bandrés apoyó también esta pretensión, pero UCD se opuso por entender que los derechos sindicales, por afectar a la libertad de las personas, deben regularse por ley orgánica, de acuerdo con la Constitución, y que, al igual que con el derecho de huelga, el Gobierno prepara los correspondientes proyectos de ley para enviarlos a la Cámara.En el artículo 75, el PCE trató de que las asambleas de trabajadores pudieran ser convocadas por un 25 % de la plantilla y no por el 33 %, como establece el proyecto. La pretensión fracasó por 241 votos favorables al texto, cuatro negativos y 34 abstenciones.

Los artículos 76, 77, 78 y 79, que regulan el lugar de reunión, la convocatoria, las votaciones y los locales y tablón de anuncio, dentro del derecho de reunión de los trabajadores, pasaron también sin modificaciones sobre el texto, después de que se rechazasen enmiendas comunistas y de Bandrés.

Se entró entonces en el título tercero, que regula la negociación y los convenios colectivos. El artículo 80 tuvo una enmienda comunista que defendió Sánchez Montero, por la que trataba de eliminar la referencia a la productividad como contenido que puedan regular los convenios colectivos. La propuesta comunista corrió igual suerte que las anteriores y fue derrotada con 270 votos favorables al texto, veinticinco en contra, una abstención y dos nulos.

Ambito territorial

Se llegó así al artículo 81, que concitaba un conjunto de enmiendas por parte de los grupos nacionalistas, fundamentalmente. La pretensión, en síntesis, era que se garantizase la posibilidad de negociar convenios colectivos, en el ámbito de las comunidades autónomas y con total independencia de los que pudieran acordarse a niveles territoriales superiores. Esta exigencia, especialmente por parte de los vascos, se planteaba de modo que el artículo 81 la reflejase de forma expresa y terminante.

Antoni Monforte, en nombre del PNV, mantuvo un voto particular y dos enmiendas a este artículo. Según él se trataba de la columna vertebral de la negociación colectiva y el artículo «arremete contra la soberanía de las partes». Aseguró que algunos empresarios han podido creer que con el artículo 81 se eliminaba la negociación colectiva, y puso como ejemplo las declaraciones de Ferrer Salat. Según el diputado vasco, un sector de la gran empresa ha querido ver grandes ventajas en el planteamiento del Estatuto, pero, en su opinión, esta postura es muy poco realista.

«Se ha dicho que se quiere homogeneizar las comisiones de trabajo, pero se ignora la realidad social», afirmó el mismo diputado. «Pretender acabar con la libertad de la negociación colectiva es un despotismo, no precisamente ilustrado.» A renglón seguido, Monforte se extendió en las consideraciones estrictamente autonómicas del tema: «La institucionalización autonómica es incompleta», dijo, «sin institucionalizar los aspectos sociolaborales.»

Hizo referencia a la huelga general del pasado día 7, «sin precedentes en los últimos cuarenta años», como muestra del rechazo colectivo que el pueblo ha mostrado respecto a este texto, y aseguró que las competencias autonómicas serán totalmente cercenadas si no incluyen la posibilidad de diferenciar el campo de la negociación laboral.

Los sindicatos de cuadros

Miguel Roca, por la Minoría Catalana, defendió que el Estatuto recogiese la posibilidad de que los sindicatos de cuadros, en el mundo laboral, puedan firmar acuerdos reducidos a su ámbito, y lo mismo respecto a negociaciones sectorializadas. Puso ejemplos de derecho comparado, aseguró que la OIT estudia el problema a nivel europeo y argumentó que si se dice que el artículo ya recoge esta posibilidad «no vemos por qué no se quiere decir con mayor claridad ».

Solé Tura, por el PCE, intervino en un intento de conciliar lo que ellos entienden como necesidad de unidad para la clase trabajadora: «Sabemos que dentro de la clase obrera hay diversidad, e incluso conflictos, pero debemos tender a eliminarlos e ir hacia la unidad. Nos preocupa que florezcan las respuestas corporativas; hay que superar las respuestas fragmentadas.» En definitiva, se oponían a la posibilidad de negociación diferenciada para sectores o cuadros.

Respecto al ámbito territorial de las negociaciones, reconoció que el problema era más complicado y que para ellos debe ser «la voluntad de las partes la que delimite el ámbito territorial». A renglón seguido explicó que con ello no se resolvía el problema, porque pueden surgir conflictos territoriales, y propuso como solución que los convenios generales fijen mínimos, «pero sólo mínimos, para que los convenios particulares puedan mejorar las condiciones pactadas». En síntesis se pronunció por la «unidad de la clase trabajadora, pero a partir de la diversidad territorial».

Juan María Bandrés calificó el texto del artículo 81 de «atentado contra el sindicalismo y contra las autonomías». La autonomía, dijo, es algo global, y este texto constituye un ataque al sindicato de nacionalidades. «Si los convenios de Euskadi se tienen que negociar en Madrid, ¿dónde queda la autonomía?», se preguntó. Aseguró Bandrés que para Euskadi el tema es vital, «porque se han puesto de acuerdo empresarios y trabajadores, partidos de derecha y de izquierda», y recordó que con la huelga general del día 7 «nos dieron un aviso». Añadió que «tendremos que decir a nuestros electores: volvemos con las manos vacias» e invitió a la Cámara a que valorase las consecuencias de esta actitud.

Llamada a la solidaridad

Felipe González subió a la tribuna y, en una larga intervención, que consiguió la mayor atención de entre todas las que se produjeron en el debate, explicó que los socialistas se oponen a la sectorialización, pero que la fórmula del dictamen abre la posibilidad a las partes de que se celebren tales acuerdos sectoriales. «Nosotros estamos en contra», dijo, «pero aquí ni se prohíbe ni se consolida», y explicó que dependerá de la capacidad y de la fuerza de las partes negociadoras el hecho de que este tipo de convenios pueda llevarse a cabo.

Felipe González, que defendía el texto de la Comisión frente a los enmendantes, argumentó que, en su opinión, «lo más respetuoso es que las partes decidan el ámbito de los convenios y que los trabajadores elijan el ámbito en que quieren plantear sus reivindicaciones ante la patronal». Explicó que el texto primitivo del Gobierno al que querían volver las enmiendas nacionalistas era una copia casi literal de la ley de Convenios Colectivos de 1973 y advirtió sobre la paradoja de que se intentase respetar un texto que evidentemente no tuvo para nada en cuenta a las nacionalidades cuando se redactó.

Explicó luego cómo en Alemania los trabajadores eligen el Estado federal que creen más favorable para iniciar la negociación y luego la extienden al resto. A partir de ahí, el líder socialista se introdujo en el terreno de la solidaridad para explicar que las pretensiones de los nacionalistas pueden crear agravios comparativos con otras regiones españolas. «Trabajadores del pueblo vasco, queremos que ayudéis», dijo, «a los trabajadores andaluces y manchegos a conseguir mejores condiciones de trabajo.»

Insistió en que los socialistas quieren garantizar la solidaridad, y a partir de la misma, conseguida a base de mínimos, el proyecto permite las mejoras que cada cual sea capaz de lograr de acuerdo con sus posiciones reales en cada ámbito sectorial o territorial.

El ministro de Trabajo, Rafael Calvo, tomó la palabra para explicar que el Gobierno ofreció la posibilidad de que todos los sectores, obreros y empresariales, aportasen su opinión sobre el proyecto y se comprometió públicamente a aceptar los acuerdos que pudiesen formular ambas partes. Sólo se presentó, dijo, el acuerdo entre UGT y la CEOE», y el Gobierno debe respetar ese acuerdo para mantener su credibilidad. Lo vamos a respaldar sin admitir la transacción, por dignidad». Y abundó en la idea de que en el texto no hay nada que se oponga a convenios sectoriales o de cuadros.

En este punto, Solé Tura pidió una interrupción de quince minutos para tratar de llegar a una solución. El ministro de Trabajo insistió en que el compromiso había sido adoptado fuera del Gobierno, pero que estaba dispuesto a mantenerlo. Monforte replicó que la posición del ministro quería decir «que aunque hubiésemos llegado a. un acuerdo, esta Cámara no es soberana, y va a resultar que aquí el que vota permanentemente es el señor Ferrer Salat». Se defendió con vehemencia de posibles acusaciones de insolidaridad y mantuvo la enmienda de su grupo. No así Roca, quien argumentó que retiraba. su propuesta inicial si constaba en acta la interpretación expresa del ministro en el sentido de que nada se opone a los convenios sectoriales.

Bandrés ironizó también sobre la existencia de dos nuevos cuerpos colegisladores: «determinada central sindical y determinada organización empresarial».

Todas las enmiendas fueron derrotadas, y el artículo 81 se aprobó por 287 votos favorables y ocho en contra -los de los nacionalistas vascos-, en su apartado primero, y con 253 votos favorables, 38 negativos y tres abstenciones, en sus apartados dos y tres.