Sólo razones políticas pueden retrasar la adhesión de España a la CEE más allá de 1981

Desde el punto de vista técnico no existen razones, para que las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) no estén terminadas en lo fundamental a finales de 1980. Sólo razones políticas podrían aconsejar otro calendario más dilatado. El ministro español para las Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, sostuvo esta opinión en la sesión negociadora España-CEE celebrada ayer en Bruselas, la tercera, a nivel ministerial, desde que se iniciaron las conversaciones hispano-comunitarias.

El señor Calvo Sotelo, consciente de la importancia de los argumentos políticos en el seno de la CEE, afirmó también que, si las negociaciones técnicas quedan terminadas en 1980, «un último esfuerzo permitiría firmar los tratados de adhesión en 1981 », sin especificar en qué mes concreto. Existiría, pues, un período de doce meses para negociar a nivel político, tras las elecciones generales en la República Federal de Alemania y las elecciones presidenciales en Francia.«Comprendemos que el Consejo de Ministros de los nueve no puede comprometerse ahora con fechas exactas», señaló el ministro español en una rueda de prensa. «Nosotros tampoco queremos comprometer a nuestro Gobierno. Nadie es adivino para saber qué pasará dentro de dos años, y muchas cosas pueden cambiar.»

La CEE, sin calendario

El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del Mercado Común, que celebró también ayer una reunión, no se ha pronunciado todavía sobre el ritmo que tanto España como la Comisión quieren dar a las negociaciones en 1980. El presidente de la Comisión, el británico Roy Jenkins -que querría ver solucionada la adhesión de España antes del término de su mandato, en 1981 -, informó al Consejo sobre la visita a Bruselas del presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, y del calendario inicialmente previsto; pero los ministros de los nueve se limitaron a tomar acta y remitir al hipotético calendario a sus embajadores permanentes (el COREPER), a fin de que lo estudien.

Por mucho que la Comisión facilite la rapidez de las negociaciones con España, entregando en los cuatro primeros meses de 1980 todos los documentos de análisis, la decisión final permanece en el Consejo, que puede paralizar el proceso, reteniendo simplemente dichos documentos. La misión española necesita encontrar un equilibrio entre lo que desea la Comisión y la postura del Consejo, más atento a los problemas políticos internos que a cada país supone la adhesión de España.

Queja española por la falta de conclusiones

La queja fundamental planteada por la delegación española en la sesión negociadora, de ayer se centra en la falta de conclusiones por parte de la Comunidad. Hasta el momento se han estudiado diversos documentos sobre unión aduanera, transportes, CECA, movimiento de capitales, etcétera; pero, según el ministro Calvo Sotelo, «no se ha realizado ningún esfuerzo de síntesis o de aproximación que permita extraer de los documentos una serie de conclusiones, no por ser provisionales menos útiles para los objetivos de esta fase negociadora».

Las conversaciones parecen haberse desarrollado hasta el momento en planos unilaterales, sin llegar a aproximaciones sobre soluciones a medio camino. La delegación española pretende que en el primer semestre de 1980 se realice «un registro» de las coincidencias y de las discrepancias para poder ir valorando globalmente los efectos de la adhesión para la economía española. No parece, sin embargo, que la CEE esté muy interesada en este catálogo «temprano», como tampoco en la exigencia de la delegación española de que se pronuncie ya sobre los períodos transitorios que, a su juicio deben afectar a cada sector económico. La Comunidad sólo se ha pronunciado hasta ahora en el sentido de proponer un «período» corto en lo que afecta a la industria, pero no respecto a la agricultura, servicios o asuntos sociales.

La delegación española solicitó ayer que no se retrase el documento comunitario sobre el sector agrícola" previsto inicialmente para noviembre pasado y relegado de momento a la segunda quincena del mes de enero. «Una demora excesiva en el análisis de este sector», explicó Leopoldo Calvo Sotelo, «puede retrasar innecesariamente la negociación. Resulta con frecuencia difícil pronunciarse claramente sobre otros capítulos sin haber realizado antes el de la agricultura.»

En el capítulo referido a asuntos sociales existirá también, sin duda, disparidad de criterios. La CEE exigirá un período transitorio largo, dado el número de parados que existen en España (la RFA se mostró muy dura en este sector en las negociaciones de adhesión de Grecia), mientras que España, lógicamente, no debería aceptar, sobre el papel, restricciones a la salida de mano de obra hacia los nueve. La postura comunitaria se sabrá, según las previsiones del momento, en febrero, al igual que el documento sobre la aportación española al presupuesto de la CEE (según los estudios realizados por técnicos de nuestro país, el balance final será positivo para España; es decir, recibiremos del Mercado Común algo más de lo que pagaremos, unos 350 millones de unidades de cuenta, siempre que el Gobierno Suárez sea capaz de poner en marcha programas de política regional, que la Comunidad sufragaría en un importante porcentaje).

En la reunión celebrada ayer, la delegación española presentó un documento en respuesta al elaborado por la CEE respecto al comercio exterior de España, y en el que se exigían grandes modificaciones de la estructura actual. En su respuesta, la delegación española considera que la adhesión al Mercado Común no sólo no debe entorpecer sus relaciones comerciales con América Latina y con Portugal, sino que, por el contrario, debe fortalecerlas. España se encuentra en una situación muy distinta a la que planteó Gran Bretaña respecto a países terceros, puesto que el Reino Unido mantenía relaciones institucionales con esos países a través de la Commonwealth, mientras que España no puede basarse más que en acuerdos comerciales bilaterales.

En cuanto al documento sobre movimiento de capitales entregado por la Comunidad a España, la delegación española afirmó que solicitará ciertas limitaciones a la exportación de capital español (a fin de evitar, al igual que hizo Grecia, la evasión pura y simple), así como para la reserva de ciertos sectores de la economía española al capital comunitario.